• La Verdad del Sureste |
  • Martes 12 de Diciembre de 2017

Al Gobernador del Estado de Puebla


Brasil Acosta Peña



Doctor en economía por el Colegio de México (COOLMEX) con estancia en investigación en la Universidad de Princeton, fue catedrático en el Centro de Investigación y Docencia económica y articulista en la revista económica Trimestre Económico.

¡Justicia! Nada más. Eso es lo que solicitamos los antorchistas al Gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad. Hace un mes, el 10 de octubre del presente año para ser precisos, un comando armado con instrucciones precisas y a sangre fría, asesinó al Presidente Municipal de Huitzilan de Serdán, Puebla, al licenciado Manuel Hernández Pasión.
    A diferencia de otros crímenes arteros, hay indicios precisos que tiene en su poder la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, elementos que no dejan lugar a dudas de quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de este asesinato político.
    Las pruebas las tiene ya la Procuraduría, son contundentes y no queda duda de quiénes fueron los que perpetraron el crimen, ¿por qué no detienen a los responsables? ¿Por qué no hay avances en la investigación? Las respuestas nos deben de servir para descubrir la verdad.
    Primero, la más ingenua de las respuestas podría ser que, en efecto, la autoridad poblana desconozca por entero quiénes perpetraron el crimen de nuestro camarada y que estén obrando a ciegas y no tengan una idea clara de quién ordenó el asesinato y quiénes son los autores materiales del mismo.
    Si ése fuera el caso, dada la delicadeza de la situación y a sabiendas de que los modernos sistemas de inteligencia permiten descubrir con relativa facilidad a quienes cometen un delito, especialmente cuando los delincuentes dejan tantos cabos sueltos como en este caso, queda claro que la institución está rebasada por los criminales y que el sistema judicial se puede convertir en un elefante blanco, algo muy peligroso para la impartición de justicia en el país.
    Segundo, también es posible que las autoridades sepan quiénes fueron y estén buscando el momento adecuado para atraparlos y que solo estemos a la espera de la próxima captura de los responsables materiales y de los responsables intelectuales.
    Pero ha transcurrido un largo mes desde el asesinato de Manuel Hernández Pasión y eso despierta muchas dudas en torno a la capacidad de actuación de las instancias judiciales. Una de dos, o las autoridades son incapaces o se esconden otro tipo de razones detrás de esa aparente “incapacidad” de acción.
    Tercero, puede ser que las autoridades hayan estado de acuerdo con el asesinato aunque no lo ordenaran directamente (o puede ser que sí); lo cierto es que la omisión y la falta de resultados generan grandes sospechas, ¿cuáles?, que el crimen se planeara para frenar el crecimiento de Antorcha en el estado de Puebla, manifiesto, por ejemplo, en la reciente asistencia de 100 mil poblanos al Estadio Cuauhtémoc y que es una prueba del avance del antrchismo en el terreno político, avance que le ha permitido arrebatar tres diputaciones en Puebla que antes se hallaban en manos de los viejos y decadentes cacicazgos; puede ser que la presencia de Antorcha, su capacidad para competir por una senaduría, diputaciones federales y locales, así como presidencias municipales ahí donde la gente ha confiado en ella despertara la furia de aquellos que viven del poder político y que sienten que el avance del Movimiento Antorchista pone en riesgo su futuro, un futuro que consiste en servirse del poder político y no en servir a la sociedad desde el poder político. Todo ello refuerza nuestro dicho: el asesinato de Manuel tiene como propósito mandar el mensaje a aquellos que quieran participar en las siguientes elecciones a presidentes municipales, a que la piensen; el mensaje parece decir: “cuidadito con que quieran ser presidentes antorchistas porque los matamos”. Esto significaría, de ser cierto, que las autoridades, por obra u omisión, estuvieron de acuerdo con el asesinato para frenar el avance político del Movimiento Antorchista en Puebla.
    En resumen, sea por omisión o por incompetencia, por querer mandar mensajes macabros a los antorchistas, las autoridades poblanas quedan muy mal; por ello el antorchismo nacional exige que se haga justicia y se detenga a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Hernández Pasión; solo así, los encargados de impartir justicia evitarían toda clase de sospechas que la rigurosa lógica plantea.
    El ingeniero Aquiles Córdova Morán, en su excelente discurso, pronunciado en el Estadio Cuauhtémoc ante 100 mil antorchistas, señaló que la violencia verbal es la antesala de la violencia física.
    Hace unos días, cobijados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); el cacique Alonso Aco Cortés, quien ahora se presenta como el dirigente de este partido en Huitzilan de Serdán y el párroco Martín Hernández (quien desde el púlpito, contra toda  visión cristiana, sensata y moderna, vociferó una y otra vez contra Manuel Hernández Pasión, llamándolo “bestia apocalíptica”, e incitando claramente a los feligreses a ejercer la violencia, tal como sucediera décadas antes en San Miguel Canoa con trabajadores de la BUAP), fueron recibidos como si nada en la Cámara de Diputados por legisladores morenistas; con esas facilidades, se dedicaron a lanzar contra Antorcha toda clase de acusaciones indemostrables, negando los resultados positivos de la gestión de los diputados Antorchistas en favor del pueblo de Huitzilan; la desverguenza de los diputados morenistas es extrema, ellos no han gestionado un solo peso para contribuir al desarrollo de este sufrido municipio poblano ni de ningún otro; pero ahora que vienen elecciones se dedican a calumniar a Antorcha para llamar la atención y tomar ventaja en las próximas elecciones.
    Peor aún, uno de los acompañantes de Aco dijo que debían ¡sacar a Antorcha de Huitzilan! y que ellos se habían quejado en Derechos Humanos pidiendo eso; dijo también que los antorchistas “mienten”; que él no tiene terreno y que los autores del crimen habrían sido los propios antorchistas.
    Como puede verse, la argumentación se cae por su propio peso: se nota de inmediato la actitud fascista de los seguidores de Morena (ya  los conocemos, los texcocanos no han olvidado el caso Coatlinchán).
    Los caciques cobijados por Morena proponen expulsar a Antorcha, atropellando los derechos constitucionales de la mayoría de los huitziltecos, que militan en las filas de Antorcha; segundo; no tener terreno en Huitzilan no es un hecho que deba atribuírsele a un presidente municipal ni menos una causa para provocar su muerte; pero quien acusa a alguien de mentir está obligado a demostrar su dicho, y ni el cura ni el cacique lo hacen porque no pueden.
    Porque en última instancia, Antorcha no ganaría absolutamente nada con matar a su propio presidente. En cambio, ¿qué ganan los enemigos de Antorcha con la muerte del presidente? Ganan generar el terror y el miedo entre los antorchistas y los futuros presidentes municipales huitziltecos; y lo hacen porque creen que Huitzilan se puede desestabilizar y que en las siguientes elecciones podrían recuperar el poder con el que se han obsesionado.
    Urge que los encargados de hacer justicia cumplan con su obligación constitucional; el verdadero propósito del asesinato de Manuel es desestabilizar a Huitzilan, frenar su progreso, alzarse con el poder y evitar que avance la lucha del pueblo organizado.
    Desde aquí hacemos un llamado a Morena para que revise con ojo clínico los dichos de sus agremiados; si no se deslinda de consignas como ésa de “fuera antorcha de Huitzilan”, la historia la pondrá en el mismo sitio que a los fascistas.
    Cuando las instituciones encargadas de impartir justicia no cumplen con su función, es el pueblo quien se encarga de hacerlo, pero eso es lo que menos le conviene a nuestro país, de por sí revuelto y sumergido en una espiral interminable de violencia.