• La Verdad del Sureste |
  • Jueves 28 de Marzo de 2024

COJO. MANCO. INÚTIL V


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El Gregueriano: “La sidra quisiera ser champán, pero no puede porque no ha viajado por el extranjero.”     Concluyo mi acercamiento al tema de combate a la corrupción.
    Según el último informe de Transparencia Internacional, en entre 1998 y 2014, México cayó 48 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción, al pasar del sitio 55 al 103 entre 175 países evaluados, con una calificación de 35 sobre 100.
     De acuerdo con el Semáforo de Corrupción de Transparencia Internacional, en la encuesta levantada sobre la percepción de la corrupción en México resultó que son los más corruptos, según la opinión de los mexicanos: los partidos políticos –especialmente el Pri-, con el 91%; los policías, con el 90%; los políticos y funcionarios con el 87%; y los jueces, con el 80%.
    De forma similar, en uno de los reportes presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se informó que en México se cometen más de 12 millones de delitos al año, de los cuales no se denuncia el 85% y sólo terminan en sentencia 120 mil, lo que significa que únicamente se castiga el 1% del total de los delitos cometidos.
    En la Universidad de Nueva York se presentó el Índice Global de la Organización The World Justice Project, en el que México se ubicó en el lugar 77 entre 99 países, debido a sus niveles de impunidad, narcoviolencia e inseguridad, que lo convierten en una de las naciones más débiles en la implantación de un Estado de Derecho.
    Puesto en marcha el Sistema Anticorrupción salta a la superficie la pregunta: ¿Va a poder –ya no erradicar- sino, al menos, detener la corrupción? Muy en duda.
    La creación del Sistema Estatal Anticorrupción se conforma con: a) el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; b) el Consejo Estatal para la Ética Pública; c) el Comité Estatal de Participación Ciudadana; d) la Secretaría de Contraloría en áreas de control interno de las dependencia del Poder Ejecutivo; e) el Órgano Superior de Fiscalización del Estado; f) la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción para la tramitación de sanciones penales; g) el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en materia de control externo y sanciones administrativas calificadas como graves.
    El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción estará integrado por los responsables de las instancias competentes y tendrá como objetivo coordinar todos los esfuerzos con el fin de implementar políticas transversales en materia de prevención, control, y disuasión de la corrupción, así como la promoción de la integridad, tanto en los ámbitos estatal y municipal, como en los tres poderes del Estado y en los órganos constitucionalmente autónomos, incluyendo sistemas de coordinación de información y de indicadores de desempeño. Elaborará un informe anual de avances y resultados. Tendrá un Secretario Ejecutivo.
    Ya enlisté algunas de las debilidades del Sistema Anticorrupción. Observo otras más, sólo en su manufactura y calcado diseño. Concluyo hoy el somero análisis con la certeza de que, aunque se demuestre su inoperancia, no habrá marcha atrás a su implementación así. No hay voluntad de realmente combatir la corrupción y castigar a los corruptos.
    En el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, autónomo, tendrá facultades para: imponer sanciones administrativas a los servidores públicos y de los órganos constitucionales autónomos, así como a los servidores públicos municipales por irregularidades cometidas en el manejo y aplicación de recursos del Estado; y a los particulares que incurran en actos de corrupción; imponer a los responsables sanciones económicas resarcitorias (pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias) por los daños y perjuicios al patrimonio público (Hacienda Pública y patrimonio de entes públicos), además de dirimir controversias entre la administración pública y los particulares.
    Esperamos que algo positivo resulte de esta reforma, ya que, si el actual Tribunal padece una endémica inequidad en sus fallos y permanente interpretación y aplicación aberrante de las normas, el nuevo, estará potenciado, porque de aquel que desaparece se dice que es la “caja chica” de un sombrío funcionario segundón que funciona como subcoordinador –que se desempeña en un área en donde, para ejercer la profesión, se requiere licencia (la que él no tiene)- que se encarga de hacer que la miel suba; hay periodistas que le llaman el “Amílcar Sala” de esta administración.
    El TJA podrá imponer sanciones para suspender, destituir e inhabilitar a servidores públicos responsables de actos de corrupción (conocerá de las faltas graves), así, ¡las dependencias de los 3 poderes y los municipios no podrán suspender ni despedir a sus servidores públicos sino sólo amonestar y apercibir!