José Ag ustín Ortiz Pinchetti
Hará una semana, un amigo me invitó a dar una conferencia sobre el Estado de derecho en México. Seguro pensó que como abogado podía decir algo sobre el tema. En realidad debió invitar a un cuentista fantasioso porque en México no tenemos un verdadero Estado de derecho. Para el ciudadano común, la ley es un formulismo o una amenaza, y los trámites y las obligaciones que prescribe, una monserga. Quien haya vivido en un país verdaderamente democrático sabe que el Estado de derecho es condición para la vida civilizada. En México vivimos en un estado de chueco, como dijera con amarga ironía un político. La falta de una estructura respetable que nos indique claramente qué y qué no debemos hacer, a qué tenemos derechos y cuáles son nuestras obligaciones, significaría una condición para prosperar, hacer negocios y vivir con mayor estabilidad. Del Estado de derecho emana la certeza que hace fluir la vida común. Así que el Estado de derecho no es un activo en México, y su ausencia, o más bien su falsificación, es una carga abrumadora. ¿Por qué no nos damos el lujo de tener leyes firmes creíbles y bien respetadas? Encuentro una clave en la definición de Diego Valadez: “Hay Estado de derecho cuando la actividad del Estado se sujeta a la Constitución y a las normas derivadas de ella”.
El elemento inevitable es el sometimiento del poder público a la ley. Si los gobernantes imponen su voluntad y la burlan, no podremos hablar de Estado de derecho y no es sorprendente que la población pierda el respeto no sólo a la ley, sino a los abogados, jueces y agentes del ministerio público… a todos los que trabajamos con ella. Se dice que en México no hay cultura de respeto a la ley. Esto es esencialmente cierto, por desgracia, pero por lo general los escritores conservadores atribuyen esta actitud al pueblo en general. Mueven la cabeza exasperados porque “la gente” (como si ellos no fueran de la misma especie) es incivil, atrabiliaria, etcétera. Es cierto que el pueblo no está acostumbrado a respetar la ley, por el simple hecho de que quienes la imponen son los primeros en falsificarla, torcerla o violarla. Son las élites dominantes quienes encarnan al gobierno, la partidocracia, los grupos de interés quienes quebrantan el orden jurídico en su provecho, distorsionando las leyes, influyendo en los jueces, corrompiendo la procuración de justicia, ejerciendo todo género de influencias, lo que hace imposible que surja un marco de referencia que ordene las conductas, empezando por las de ellos y siguiendo con la masa de súbditos que saben muy bien que sólo las gentes verdaderamente poderosas pueden hacer valer sus derechos, o más bien, sus privilegios. Joseaorpin@gmail.com Twitter: @ortizpinchetti
