Exigen en foro esclarecer caso de Miroslava Breach

Ciudad Juárez, Chih., 24 junio 2017.- La Red Libre Periodismo, en el foro de la iniciativa de Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, exigió que el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea no quede impune, que se esclarezca y se castigue a quienes resulten responsables.
    Asimismo, pidieron también justicia por el crimen ocurrido en diciembre del año pasado contra el reportero de radio Adrián Rodríguez Samaniego, porque ambos casos se mantienen en la impunidad, junto a otros 22 casos ocurridos en este estado desde el año 2000, y 32 de 1983 a la fecha.
    Recordaron que “ya van tres meses de que asesinaron a nuestra compañera Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora de Norte de Juárez, a quien arrebataron la vida por ejercer el periodismo y hasta hoy, las autoridades estatales y federales no han sido capaces de dar con el paradero de los asesinos materiales ni intelectuales”.
    Dijeron que estos casos se suman a otros más ocurridos en México; uno de ellos, el de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Culiacán, Sinaloa, asesinado el 15 de mayo pasado. No debemos olvidar tampoco a compañeras y compañeros que por su periodismo crítico y de investigación han tenido que abandonar el país en busca de protección, dijeron.
    Subrayaron que la presión social y la organización ante la emergencia orilló a que los gobiernos federal y estatales buscaran una salida a la crisis que sufre el periodismo y la libertad de expresión, siendo las y los periodistas críticos que investigan narco política quienes se encuentran en mayor riesgo y vulnerabilidad. Como siempre, una de esas posibilidades fue la de crear más leyes.
    La Red Libre Periodismo rechaza esa postura gubernamental, pues si las autoridades de los tres niveles aplicaran la Constitución Mexicana y la legislación relativa a la libertad de expresión y derecho a la información, no habría necesidad de crear normas para la protección de periodistas o personas defensoras de derechos humanos, porque el mayor problema de agresiones y asesinatos contra el gremio es la impunidad, y las herramientas legales y operativas necesarias para garantizarla ya existen.
    Sin embargo, y “entendiendo el análisis ya comenzado y el camino recorrido, planteamos que de darse una nueva ley, no se tome en cuenta la iniciativa ya redactada, sino trabajar desde cero y que en ella se especifique una coordinación clara de la autoridad estatal con el mecanismo federal y los organismos internacionales, así como la participación plena, del gremio periodístico”.
    Uno de los temas principales para un nuevo marco legal es que debe existir una sola e incluyente norma para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, con la definición establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
    Consideraron que la Fiscalía Especializada en Violaciones a Derechos Humanos recién creada debe -de entrada- considerar a todos los periodistas en riesgo por el hecho de vivir en el estado de Chihuahua, que es la segunda entidad (después de Veracruz) en tener una alerta temprana de protección a periodistas; además de ser la primera entidad con compromisos para implementar un plan de contingencia firmado por autoridad estatal y federal, que debemos exigir que se cumplan.
    La Red solicitó “que a nivel local definitivamente se evite, a toda costa, generar fideicomisos, fondos o replicar un mecanismo como el federal, y que el Estado se coordine plenamente con el Mecanismo Federal ya existente. Además, que cada entidad, en este caso Chihuahua, aporte presupuesto para el funcionamiento, prevención y reacción del Mecanismo Federal para atender situaciones de emergencia; que se definan criterios específicos para dar facultades y obligaciones al gobierno estatal para operar en dicho Mecanismo”.
    Solicitaron “revisar y en su caso, modificar y/o derogar el protocolo y el Sistema Integral para la Protección de los Periodistas puesto en práctica desde el año 2010, que presenta múltiples puntos que atentan contra la libertad de expresión y el libre periodismo; ejemplo de esto es la recomendación que se incluye para que los periodistas eviten hacer preguntas incisivas para no ponerse en riesgo”.
    Asimismo, “es urgente obligar a las autoridades correspondientes a que apliquen las leyes en materia laboral, dado que periodistas de la mayoría de medios carecen de prestaciones de ley tan básicas como seguridad social, cuotas para derecho a la vivienda, además de ser subcontratados por empresas externas con sistemas de honorarios toda la vida, entre otras”.
    Los presentes mencionaron que de “manera prioritaria, se debe crear una ley de regulación de la publicidad oficial que incluya criterios enfocados en derechos humanos, como lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esa materia, para evitar el gasto discrecional del recurso público en medios de comunicación”. Esa ley “debe estipular lineamientos claros para que las empresas y entes de comunicación cumplan con las normas laborales y de seguridad social básicas, si desean obtener publicidad por parte de gobierno”.
    “La ley debe tener como finalidad no sólo la protección, sino el reconocimiento a la labor que incluya aspectos como reconocimientos, atribuciones y deberes de funcionarios, así como la erradicación de obstáculos para el ejercicio de su profesión y/o labor, incluir un concepto amplio acorde a otras profesiones, que no limite ni categorice, sino que incluya a cualquier persona que promueva o defienda algún derecho humano”, es decir, crear desde cero, una nueva iniciativa de Ley que se base en la Ley modelo del International Service for Human Rights.