FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS Y LA PRIVATIZACIÓN DE LA POLÍTICA.

La democracia es cara, y en México más. Para el 2018 el Instituto Nacional Electoral recibirá un presupuesto de 25mil millones de pesos, 9 mil millones (36%) más que lo solicitado en la elección del 2012, cuando tuvo un presupuesto de poco menos de 16 mil millones.
    Es cierto que el país, tiene una pobreza que ronda el 50%, es decir, aproximadamente la mitad de los mexicanos somos pobres (y otro gran porcentaje estamos sujetos al riesgo de volvernos pobres) y que existen muchas necesidades que atender en materia de seguridad, de educación, de infraestructura, etc., o ni que decir de la brutal y visible desigualdad; pero para que sea democracia, no puede ser barata. Me explico:
    Existen muchos defensores de la tesis de que el Estado no debería dar dinero a los partidos políticos y con eso se ahorría muchísimo dinero público que serviría para financiar sus necesidades, sin embargo, la asignación de recursos que la autoridad electoral de nuestro país hace a cada uno de los partidos es precisamente para evitar que las campañas se inunden de dinero privado (actualmente la ley electoral permite un monto limitado de aportaciones privadas, monto que por ningún motivo podrá ser mayor que el del financiamiento público asignado a cada partido), con el objetivo aún inalcanzado (hay que subrayarlo) de evitar gobiernos corruptos y económicamente ineficientes;  el agiotismo electoral opera así: empresarios e inversionistas inyectan millonarias sumas de dinero a la(s) campaña(s) política(s) de algún(os) candidato(s); luego este(os) al obtener la victoria y asumir el poder tendrá(n) que regresar la suma invertida. Por ejemplo si le inyectaron 100 millones de pesos, tendrá que devolver 200, 500 o 1000 millones, dependiendo del acuerdo con el agiotista. El problema es que la devolución de ese recurso se realiza mediante la asignación de obras y servicios públicos a sobreprecios que vuelven altamente ineficiente el dinero público, diezmando su valor y su capacidad real para producir empleos, construir infraestructura, etc. A diferencia del dinero privado, el dinero público no pide un porcentaje de utilidad.
    Otro problema preocupante es que si bien en algunos casos el financiamiento privado puede provenir de empresarios honestos, también es cierto que existen poderes fácticos como televisoras o el narcotráfico, que tienen intereses diametralmente opuestos al bienestar ciudadano y la entera posibilidad de secuestrar a los partidos y a las instituciones públicas.
    Aunque muchas de estas situaciones ocurren hoy en día por fallas en las instituciones encargadas de impartir justicia o por situaciones que a veces las rebasan, lo cierto es que la corriente de ilegalidad sería peor si no existiera ese entramado jurídico e institucional defectuoso, pero con la misión de contenerla.
    Es inviable dejar sin dinero a los partidos políticos; la privatización de la política, como la privatización de la banca, de la telefonía, la industria energética, y demás privatizaciones de los bienes de nuestro país, nos puede salir cara.  La política es un bien público nacional. No a la privatización de la política, si a su dignificación.
@MartinezBriceno