Gastar en el combate a la delincuencia o en el combate a la pobreza

Vocero de Antorcha en Tabasco

El Congreso del estado de Tabasco aprobó al Gobierno del Lic. Arturo Núñez, contratar un crédito por 700 millones de pesos, los cuales se habrán de aplicar, así lo informó detalladamente el Gobernador, para la consolidación del Sistema de Seguridad Pública: equipamiento, adquisición de transporte terrestre y acuático, armamento, cámaras de video vigilancia, entre otras. Muy bien que el Gobernador haya explicado amplia y detalladamente la necesidad y el destino del empréstito, las ventajas crediticias con las que se contrata, etc. Todo eso está muy bien, pero ese no es el meollo del asunto, sino el cómo se pretende lograr que la delincuencia disminuya.
    El incremento de la delincuencia, y la inconformidad que ésta ha despertado en la población, es innegable; todos hemos sentido de algún modo y en algún momento la angustia de ver afectada nuestra sacrosanta tranquilidad por la súbita irrupción de la delincuencia. Y esto en Tabasco es particularmente cierto. Así lo revela, por ejemplo, el último reporte del Observatorio Ciudadano de Tabasco, en el que la entidad obtuvo el primer lugar a nivel nacional en los delitos de robo con violencia, robo a negocios, robo a transeúnte, abigeato y lesiones dolosas. En la tasa de robo con violencia, Tabasco triplica la media nacional; en robo a casa se cuadruplica; y en robo a transeúntes la entidad se encuentre más de cinco veces arriba de la media Nacional. Terrible, algo se debe hacer, sin duda. El asunto ya espanta y a pesar de la inversión y del Sistema de Seguridad Pública, sin querer parecer pesimista o fatalista, creo que podemos esperar que el fenómeno en vez de aminorar se incremente.
    Y es que en el combate a la delincuencia se actúa como quien quiere evitar que el barco se hunda sacando el agua de cubierta con un balde, en vez de tapar el boquete en el casco. Equipar a las instituciones de seguridad con mejor infraestructura y equipo no es un error, pero tampoco es la solución al problema, sirven para combatir a los delincuentes pero no a la delincuencia, porque no está ahí su causa.
    La causa de su incremento se encuentra en el incremento de la pobreza y la vulnerabilidad del pueblo, en el agrandamiento de la brecha que separa a los ricos de los pobres. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Tabasco, en 2010, el 88.5% de la población era pobre y/o vulnerable, en 2016 lo es el 89.4%; la población vulnerable por carencias sociales pasó de 615 mil 900 personas (27.2%) a 883 mil 800 personas (37.5%). El Coneval refiere además que del total de personas en condiciones de pobreza, el 16.9% enfrenta carencias por acceso a los servicios de salud, el 72.7% carece de acceso a la seguridad social, el 13.4% adolece de carencia por calidad y espacios en la vivienda, el 17% sufre rezago educativo, el 43.9% carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda y el 45% carencia por acceso a la alimentación. Como muestra de los resultados en este terreno, bastará referir que de 2010 a 2015, solo un municipio (Jalapa) sufrió modificación en el “Grado de Rezago Social”, pero para empeorar, pues paso de “Muy Bajo” a “Bajo”.
    ¿Y la causa de la pobreza? Nadie es pobre porque quiere, el que “piense” aún que el pobre lo es por borracho, holgazán, pusilánime, corrupto o alguna de esas linduras, está equivocado de medio a medio. La causa de que el 90% de los tabasqueños tengamos alguna carencia está en la inequitativa distribución de la riqueza, en el desempleo, en los salarios miserables, en la falta de oportunidades, en el mal funcionamiento de un sistema económico y social que produce fatalmente unos cuantos privilegiados, pero a costa de quitarle a las grandes mayorías hasta el pan de la boca.
    “¡Idealistas!”, querrán objetar algunos, pero no. Antorcha afirma que es perfectamente posible combatir en serio a la pobreza y construir una sociedad más justa en la distribución de la riqueza. Nuestra Constitución nos lo permite (y hasta nos lo exige), a pesar de todas las “reformas” y mutilaciones que se le han hecho, quitándole precisamente esas partes en las que defiende a las garantías sociales, en las que define a México como una Nación, como un colectivo social por encima de los intereses individuales y los extranjeros. Se puede y se debe combatir a la pobreza, y de ese modo se lograría disminuir por sus causas a la delincuencia. ¿Quiénes?, ¿cómo?, ¿qué hacer? Permítaseme repetir la modesta opinión de Antorcha: los gobiernos tienen en sus manos las herramientas, a través de la redistribución de la renta nacional que ellos administran: empleo para todos; salarios justos, que alcancen para vivir dignamente; una política fiscal progresiva, en donde paguen más impuestos los que más ganan (¡que ya se deje de “perdonar” la evasión fiscal de los ricos empresarios nacionales y extranjeros!, esa es la delincuencia que se debería perseguir y castigar), y un gasto social orientado a las clases trabajadoras, las que generan toda la riqueza.
En lo inmediato, se podría empezar incrementando los programas sociales con los que se apoya a los menesterosos: que los programas de vivienda sean más populares (¡la gente no puede regularizar sus terrenos porque las instituciones encargadas les quieren “cobrar” de nuevo un terreno que ya pagaron hace muchos años!); que no se le quiera dar “más barato” a la gente lo que se les puede dar a secas, con el acedo argumento de que “darles todo los maleduca”, a “papá gobierno” el pueblo no le pide nada, ya le pagó por adelantado todos los servicios y programas que se le puedan solicitar; gastar más en la introducción de servicios como agua potable, drenaje, electrificación, servicios de salud, apoyo para el campo, escuelas, etc. Pero no, poco se quiere hacer en eso.
    Para muestra, un botón, los pliegos petitorios de la gente más pobre de Tabasco organizada en el Movimiento Antorchista y que fueron entregados al Gobierno del Estado y a los municipales, duermen (en diferente grado, por supuesto) el sueño de los justos; no se quiere atender las demandas de la gente con el argumento de que “no hay dinero”. Montos iguales al préstamo solicitado por el Gobernador servirían, por ejemplo, para hacer funcionar durante 100 años a 20 escuelas como la que desde hace 13 años está solicitando clave pública en la Sierra Chol de Macuspana, y que no se ha querido resolver; servirían para dar casa a más de 7 mil familias; más de 350 canchas techadas; el tendido eléctrico para 25 mil familias, pavimentar más de 200 kilómetros de caminos; apoyar la producción de granos en 280 mil hectáreas; o para 1 millón y medio de viajes de relleno para solares en tierras bajas; promover la educación, el arte y el deporte; etc. Está comprobadísimo y le aseguro, amable lector, que estas acciones servirían más eficazmente para combatir desde sus orígenes al abominable monstruo de la delincuencia.