El gobierno de Peña Nieto lleva 1,124 casos de daño ambiental: Greenpeace

Ciudad de México, 13 de septiembre.–México es un paraíso para contaminar debido a la normatividad insuficiente para prevenir daños ambientales.
    En los dos primeros años de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se han registrado mil 124 casos, denunció Greenpeace.
    El grupo ambientalista informó que en el país, la contaminación y el cambio climático han disminuido la disponibilidad del líquido per cápita de 11 mil 500 metros cúbicos en 1955 a 4 mil 263 m3 en 2011.
    Además, informó que de acuerdo con cifras de 2011 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 70 por ciento de los ríos presentan algún grado de contaminación.
    “Por años, Greenpeace ha señalado la mala gestión del agua en México y ha exigido su protección.     
    En vez de eso tenemos más agua tóxica cortesía de la industria y de la laxitud de las leyes [...] Lamentablemente no existe normatividad suficiente para prevenir la contaminación de los ríos, la legislación no ha sido actualizada desde 1996, no hay implementación ni supervisión adecuada y se gasta más en reparación de daños ambientales que en prevención, lo que convierte a México en un paraíso para contaminar”, refirió el organismo internacional.
    Esta semana, un nuevo derrame de químicos en un río puso en alerta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
    El incidente se registró en el río San Pedro en el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes.
    La Profepa atendió el derrame de químicos en el río San Pedro que se suscitó tras la volcadura de un tráiler que transportaba 44 contenedores con polímero, sustancia empleada en el tratamiento de aguas.
    Tras el incidente, ocurrido en el kilómetro 24.5 de la carretera federal número 45, personal de la dependencia realizó una visita de inspección en materia de suelo contaminado y levantó el acta correspondiente.
    La Profepa ordenó a la empresa transportista la remediación del suelo contaminado por derrame de diesel y aceite del tracto camión, la cual contrató a una compañía para que de manera inmediata se diera a la tarea de limpiar el sitio afectado.
    De igual manera la Comisión Nacional del Agua (Congua) realizó visita de inspección en el ámbito de su competencia.
    Al lugar de los hechos acudió personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como personal de Protección Civil y Cuerpo de Bomberos Municipales, Protección Civil Estatal, Policía Federal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a fin de atender el evento y evaluar los posibles daños a la población y al ambiente.
    De entre estos daños, Greenpeace también dio cuenta del incidente sucedido en Sonora, catalogado como el peor desastre ecológico minero en la historia de México, el pasado 7 de agosto cuando la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, lo que afectó aproximadamente a 22 mil personas, provenientes de los municipios: Arizpe, Banamichi, Baviacora, Aconchi, Cananea, Ures y Hermosillo.
    Como respuesta, el gobierno federal anunció la creación de un fideicomiso de dos mil millones de pesos para pagar el daño ambiental y las afectaciones ocasionadas a la población.
    Sin embargo, el monto podría incrementarse en función a lo que se requiera para resarcir el desastre y a las necesidades de los municipios perjudicados.
    Estas decisiones las determinará más adelante un comité técnico que encabezará el gobierno y expertos en el tema.
    La comisión será instalada el próximo miércoles 17 de septiembre y estará compuesta por los siete alcaldes de los municipios mencionados, un representante del gobierno federal y del gobierno estatal, así como de la Grupo México y un experto de Universidad de Sonora.
    La medida del fideicomiso es independiente a las multas que las autoridades impongan tras el análisis de la afectación ambiental.
    Sin embargo, Greenpeace consideró que las disposiciones que tomó el gobierno federal contra la empresa minera propiedad de Germán Larrea son insuficientes: “La pobre respuesta de las autoridades y las insignificantes sanciones previstas para Grupo México son una muestra evidente del desprecio que tienen no sólo al medio ambiente sino también a la población, a los productores y a la flora y fauna de la región”.
    Recientemente, también se han registrado otros problemas ambientales en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Durango, Veracruz y Nuevo León.
    El 13 de agosto, la mina Proyecto Magistral vertió 2 mil metros cúbicos de solución cianurada en el arroyo La Cruz, en Durango, lo que afectó 400 metros cuadrados de suelo.
    El 16 de agosto, una fuga de petróleo derivada de una toma clandestina y equivalente a cuatro mil barriles de crudo, contaminó las aguas del río San Juan, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.
    En este contexto, Greenpeace demandó transparencia y el cambio de enfoque en la gestión del agua, que esté encaminado hacia la prevención.
    “Defendemos la precaución como el único modo de evitar desastres tan lamentables como los derrames mencionados.
    Es imperativo tener leyes con un enfoque precautorio, como la iniciativa ciudadana Agua Para Todos Agua Para La Vida,  elaborada por académicos y organizaciones de la sociedad civil cuyos objetivos son: Tener agua para todos, para ecosistemas y para la soberanía alimentaria; Fin a la contaminación, sobreexplotación y destrucción de cuencas y acuíferos; y Fin a la vulnerabilidad a inundaciones y sequías”.