Nieto encerrado

@UTufigno

México es un país de leyes… y de reglamentos, acuerdos, decretos, circulares, tratados y códigos. Si el total de normas de observancia general hicieran a los gobiernos más eficientes, sin duda viviríamos en un lugar de ensueño.
    ¿Hay violencia contra las mujeres?, se crea una ley de violencia contra las mujeres. ¿El sismo de septiembre dañó numerosos inmuebles en la capital del país?, no hay problema, el gobierno de la Ciudad de México impulsa una ley de reconstrucción (por favor, no vayan a pensar que es para favorecer a los desarrolladores inmobiliarios o que van a venir los japoneses a invertir en la capital). Y así. Hay leyes y códigos para todo.
    Tan sólo del ámbito federal la página de internet “orden jurídico” (de la Secretaría de Gobernación) enumera 299 leyes y 584 reglamentos. A los anteriores hay que sumar los tratados internacionales y leyes de los ámbitos estatal y municipal. Toda una maraña normativa que es tan inútil como inalcanzable de estudiar.
    Adicionalmente hay otras disposiciones menos conocidas por ser -si me permiten usar la expresión- “menos generales”. Hablo, por ejemplo, del “Cód1g0 (sic) de Conducta” de la Procuraduría General de la República, en cuya edición aún se leen los nombres de Raúl Cervantes Andrade (Procurador General de la República), Alberto Elías Beltrán (Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales) y de Santiago Nieto Castillo (Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales).    
    En la presentación de dicho código se afirma que “fue diseñado atendiendo a los principios del Nuevo Sistema de Justicia Penal”. El código, expedido mediante un acuerdo emitido por la entonces procuradora Arely Gómez, consta únicamente de dos artículos a través de los cuales se desarrollan una serie de principios que deben seguir los servidores públicos de la Procuraduría.
    El viernes pasado una noticia sacudió inmediatamente los sistemas informativos: el titular de la FEPADE, Santiago Nieto, fue removido de su cargo “toda vez que el referido servidor público transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República”.
    La decisión fue tomada por Alberto Elías, encargado del despacho de la PGR, luego de la extraña renuncia que cuatro días antes había presentado Raúl Cervantes. ¿Qué debemos pensar al respecto?
    En las horas previas a su destitución, Santiago Nieto había hecho públicas las presiones que recibió de parte de Emilio Lozoya para que lo desvinculara públicamente de los presuntos desvíos que se habrían hecho a la campaña presidencial del PRI en 2012, dentro de la espiral de corrupción que significa el caso de la empresa brasileña Odebrecht.
    En agosto de este año la Fiscalía a cargo de Santiago Nieto abrió una carpeta de investigación para indagar si los 10 millones de dólares que habría recibido Lozoya de dicha empresa salpicaron la campaña 2012.
    A un medio informativo nacional, Nieto Castillo dijo lo siguiente: “Me envió una carta diciéndome que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia. Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar’. Esto es lo que me parecía particularmente grave”.
    Después de leer y releer los únicos dos artículos del Código de Conducta de la PGR, no encuentro cuál es la parte supuestamente transgredida por Santiago Nieto, quien llegó a su cargo en febrero de 2015 por designación del Senado, según lo dispuesto por el artículo décimo octavo transitorio de la reforma constitucional de febrero de 2014, en materia político-electoral.
    El anuncio de la salida de Raúl Cervantes de la PGR, quien adujo hacerse a un lado para no servir de pretexto político, se dio en el marco de un encuentro con la Junta de Coordinación Política del Senado, a quienes anunció que la PGR había concluido las indagatorias del caso Odebrecht, “uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto”, afirmó.
    Esta última afirmación de Cervantes pasó desapercibida para la mayoría de los medios; cuatro días después vino la remoción de Santiago Castillo, quien integró la indagatoria que involucraría a Emilio Lozoya. Si algo tiene orejas, bigotes, cola, camina en cuatro patas y maulla, debe ser un gato. El mensaje desde el poder está muy claro: total impunidad.