• La Verdad del Sureste |
  • Domingo 19 de Noviembre de 2017

PASITO A PASITO, A UN PIE DE LAS REJAS


EMMANUEL RUIZ SUBIAUR



El Gregueriano: ¿Quién elabora el Presupuesto de Egresos del Estado? ¿Quien lo presenta al Congreso para su aprobación? ¿Quién diseño en Tabasco, el SEA y no previó partidas presupuestales para que operara?
    El 7 de agosto, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción presentaron 2 demandas de amparo para obligar a los Estados a cumplir con los faltantes para implementar sus sistemas locales anticorrupción (incluido Tabasco): se amparan contra el pésimo diseño y las fallas garrafales en la configuración y legislación del cojo Sistema Estatal Anticorrupción.
    Una de esas demandas busca corregir fallas como que los Estados no cuenten con partidas presupuestarias para operar los Sistemas Locales Anticorrupción; ese amparo contra los Sistemas Locales Anticorrupción, se turnó al Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
    Esa falla, consistente en no haber dotado de suficiencia presupuestaria al Sistema Estatal Anticorrupción para que arrancara bien a partir del 19 de julio de 2017, denota, no sólo que aquellos a quienes se les encomendó el diseño del Sistema Estatal son –y han sido ya por cinco años- pésimos e ineficientes, sino también, que aquellos superiores responsables de implementarlo, no tienen voluntad de que tal “Sistema” funcione.
    La Arquidiócesis Primada de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, el pasado 23 de julio, publicó: “¿La clase política no quiere acabar la corrupción porque es lo que la mueve? ¿Por qué la clase política se resiste a terminar con la corrupción? ¿Será porque ésta se ha convertido en su motor?”. El Episcopado mexicano aseguró que la falta de voluntad de la clase política para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción es muestra de que el sistema nace sin la voluntad de la clase política. Y en el “rechazo encubierto al Sistema Anticorrupción destacan los casos de la Ciudad de México, con una reforma más bien regular, y de Campeche, Chihuahua y Tabasco, en focos rojos porque sus Congresos ni siquiera han intentado una discusión al respecto”.
    Grupos de ciudadanos, representantes de organizaciones, declararon ese día,  que: el sistema político se opone al Sistema Nacional Anticorrupción, “porque tiene cola que le pisen”. En el sistema político mexicano no se observa “voluntad” para que funcione el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. “Hay grupos de políticos y funcionarios que se oponen al cambio, y otros que son incapaces de construir de la mano de la ciudadanía a la que dicen servir o representar”.
    El plazo para configurar y crear las dependencias del Sistema Estatal empezó a correr el 18 de julio de 2016 (al publicarse la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción) y se determinó que el Sistema Anticorrupción en toda la República y en los Estados iba a entrar a operar el 19 de julio de 2017: se debieron presupuestar partidas para su implementación y operación a partir del 19 de julio de 2017. Tabasco no lo hizo.
    Si desde el 18 de julio de 2016 tenías la obligación de prever y presupuestar los gastos de las dependencias del Sistema Estatal Anticorrupción (que entraría en vigor el 19 de julio de 2017) y no lo hiciste ¿Estás o no a un pie de la cárcel? Al ritmo de la canción de Luis Fonsi: pasito a pasito, despacito, se van acercando.
    Si el Congreso General –los onagros le llaman “Congreso de la Unión”-, estableció el 18 de julio de 2016 en la ley general –ley que obligatoriamente han de obedecer y cumplir todos- que a partir del 19 de julio de 2017 iba a estar operando y entrar en vigor el Sistema Nacional y los Sistemas Estatales, por lógica estaba obligando a los Estados a programar presupuestalmente las partidas financieras para que las dependencias del SEA funcionaran solvente y ágilmente a partir del 19 de julio de 2017.
    Renta de edificios, mobiliario y equipo para entrar en funciones, para atender al público, para iniciar los trabajos de control, supervisión e investigación, definición de salarios y sueldos para funcionarios superiores y de mando medio, debieron preverse y presupuestarse en el Presupuesto de Egresos del año 2017, el cual fue presentado en octubre de 2016 y aprobado en noviembre de 2016.
    Contrario a lo ordenado por el Congreso General, los Estados -incluido Tabasco- aprobaron presupuestos de Egresos para 2017 en noviembre de 2016 sin dotar ni proveer ni un centavo ni una partida para los sistemas anticorrupción: hoy no hay ninguna partida presupuestal para esos gastos; es septiembre y el Estado no ha destinado, como debió y era su obligación, dotación presupuestaria y suficiencia económica para tales dependencias.
    Es muestra evidente de que la corrupción “es el motor” –como dijo la Arquidiócesis- de la clase política; que esa “maña” es lo que la mueve. Que, como afirmaron grupos ciudadanos: la clase política “tiene cola que le pisen” y ha hecho de la corrupción “su naturaleza”.