• La Verdad del Sureste |
  • Martes 26 de Setiembre de 2017

Un saqueador granierista más al Creset


Alejandro Hernández



Con la captura de Alejandro Villegas Aparicio, extesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) en el gobierno de Andrés Granier Melo, la administración de Arturo Núñez  reafirma su decisión de continuar con las investigaciones y aplicar la ley a aquellos ex funcionarios acusados de saquear millonarios recursos públicos, ocurridos durante la etapa de transición y el cambio de gobierno de julio a diciembre de 2012.
     Los tabasqueños aún recordamos el agravio materializado en carencias e insolvencias institucionales para la atención de la salud, educación, justicia y seguridad, cuyas primeras indagatorias informaron de faltantes por la cantidad de mil 198 millones de pesos, previamente etiquetados, y donde los nuevos funcionarios tuvieron que hacer uso de todas sus habilidades para poder sortear la falta de dinero generada por el descomunal saqueo.
     Se informaba de falta de medicamentos, sueros, vendas, gasas, materiales diversos y alimentos para los pacientes en los hospitales públicos; mientras que en el área de educación se tuvieron problemas para el pago de becas, salarios de maestros, reparaciones a la infraestructura; sumados a otros problemas de seguridad y justicia que desde ese momento comenzaron a presentarse.
     Sin embargo, con su detención este 9 de septiembre en la ciudad de Toluca, Alejandro Villegas Aparicio, será juzgado en Tabasco por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público en pandilla y en agravio del patrimonio de los tabasqueños por una cantidad que asciende a los 2 mil 604 millones del ejercicio fiscal 2012, pudiendo recibir hasta 14 años de sentencia como penalidad máxima.  
     Dinero que de acuerdo a las investigaciones junto al ex subsecretario de egresos y actualmente prófugo Miguel Angel Contreras García, fue sacado en cajas de cartón para llevárselos a domicilios desconocidos y posteriormente colocarlos en cuentas particulares de él y de sus principales socios.
 
Suman seis detenciones por saqueo al erario
 
Recordemos que el 21 de marzo de 2013, se llevó a cabo la primera detención en la persona del exdirector de contabilidad gubernamental de la SAF, Leoncio Lorenzo Gómez, acusado de ordenar y sacar de la dependencia 120 cajas de documentos contables y con quien la Procuraduría General de Justicia (actualmente FGE) fortaleció las investigaciones y ordenó la detención de otros funcionarios.  
     Por este motivo el 8 de junio de 2013 fue detenido en Reynosa Tamaulipas, José Manuel Sáiz Pineda, cuando trataba de ingresar a los estados unidos huyendo de la justicia tabasqueña. El ex titular de Finanzas permanece encarcelado en Villahermosa.
     El 25 de junio de 2013, la policía federal aprehendió al exgobernador Andrés Granier Melo, y lo remitieron al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Para Granier todavía queda pendiente una larga indagatoria.
     El 17 de octubre de 2014, la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, la Procuraduría General de la República (PGR) e Interpol detuvieron a Martín Alberto Medina Zonda, socio y operador financiero de Saiz Pineda en el Sureste.     
     El 24 de mayo de 2017, fue arrestada Silvia Beatriz Pérez Ceballos, esposa de José Manuel Sáiz Pineda en su residencia de Sugar Land, en Houston, Texas; y la cual según testimonios del Fiscal General, Fernando Valenzuela Pernas, enfrenta cargos de conspiración y lavado de dinero por la cantidad de 50 millones de dólares invertidos en bienes raíces en Nueva York, Los Ángeles, Miami y Houston, así como varias cuentas bancarias en aquel país.
 
Pendientes las detenciones de otros funcionarios

Continúan prófugos varios exfuncionarios, entre ellos el exsecretario de Salud, Luis Felipe Graham Zapata; la exsecretaria de Educación, Beatriz Luque Green; el extitular de Obras Públicas, Héctor López Peralta, y Miguel Ángel Conteras García, exsubsecretario de Finanzas.
    Quienes podrían ser detenidos y presentados en cualquier momento para que respondan a los tabasqueños. Los afectados por la aplicación de la ley han armado campañas de descrédito y cortinas de jumo contra el gobierno de Núñez, pero la población no olvida los daños causados por esas pandillas.