• La Verdad del Sureste |
  • Jueves 14 de Diciembre de 2017

¡A TEMBLAR!


EMMANUEL RUIZ SUBIAUR



El Gregueriano: El terremoto que venía para procus y pripanistas con epicentro en la cárcel de Sollicciano, Florencia, NO amainó sus daños: AUNQUE abonó 2 350 000 dólares y 1 100 000 pesos (misteriosamente “hallados” en Malincheros 18, Col. Viveros, Nuevo Laredo), ¡ya metieron al bote a su socio Eugenio Hernández!
    En Florencia, el jefe de los narcogober´s del pri Tomás Yárrington Ruvalcaba, el 18 de julio, logró aplazar su audiencia para extraditarle. Ahí retó a sus socios y amigos en el gobierno federal –Peña salió a defenderle 2 días después de que lo acusaron en EU de narco-, a que lo extraditen; dijo ser “un perseguido político” (en el argot mafioso significa, “si me chingas, suelto la sopa en EU y ¡sálvese quien pueda!).
    Yárrington ya comenzó dudar respecto al pacto de impunidad que convino con los priistas y el gobierno. Al igual que en otros casos sonados de apabullante corrupción y de notorias e incontrastables relaciones de amistad y de negocios con narcotraficantes y bandas del crimen organizado con miembros de la cúpula pripanista, con Yárrington, la protección y en manto de impunidad, es evidente.
    El jueves 21, Italia dijo sí a su extradición. Yárrington sabrá pronto si el manto protector de sus socios pripanistas aún le cubre: si ve que México exige con más ahínco su extradición al país, ya la hizo. Extraditado a México todo puede pasar ¡hasta que lo liberen sus socios y amigos! Si esto no es así, el gobierno y el pripanista de México le mandará el mensaje de: defiéndete con lo que puedas de las autoridades de EU.
    La impunidad de Yárrington cubrió un arco de más de 15 años. Dejó el mando de Tamaulipas en 2005; hasta 2014 se le comenzó a perseguir -más que nada a causa de las presiones del gobierno de EU-. El proceso de extradición es ejemplo de ese contubernio.
    En EU, Yárrington enfrenta 11 cargos que conllevan la cadena perpetua, en México –por amarres, convenios e impunidades pactadas- sólo es imputado de delitos con pena máxima de 12 años. Los cargos que le imputan 2 cortes de Texas son mayores, los formulados en México por el gobierno panista de Fox y FeCal y ahora del priista Peña, son blandengues.
    Para EU (según los 11 cargos que enfrenta en ese país) el exgobernador de Tamaulipas, desde 1998 como candidato del PRI a la gubernatura y hasta 2013 que arrancó el proceso legal, tuvo actividades delictivas con dinero público, y en 2 cortes distintas del Distrito de Texas, Yárrington está acusado –desde 2013– de fraude, asociación delictuosa, vínculos con el crimen organizado, robo de dinero público, lavado de dinero y evasión de la justicia; para México es considerado un gran político y exitoso empresario que incluso financiaba al PRI y los Procu´s Generales de la República le rendían pleitesía y le cobijaban bajo su protección.
    Desde el 22 de mayo, EU formalizó su petición de extradición, argumentando que Yárrington había sido acusado de delitos como tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y fraude bancario, México fue hasta junio que presentó su solicitud, más que nada como un acto reflejo a la acción de EU cuyas autoridades sabían dónde se escondió el priista y habían incitado a México a pedir su detención y deportación. México asumió una actitud realmente floja y negligente como para demostrar su no interés  a que se le castigue.
    El artículo 15 de la Convención Interamericana sobre Extradición, apunta que, cuando hay más de un país solicitando la extradición de una persona por delitos diferentes “se dará preferencia al Estado que reclame a la persona por el delito que sea sancionado con pena más grave según la ley del Estado requerido. Si se tratare de hechos diferentes que el Estado requerido considera de igual gravedad, la preferencia será determinada por la prioridad del pedido” (por tal razón EU tiene preferencia para su extradición).
    Fue detención en Florencia, Italia, luego de una petición e investigación de la justicia de EU. Extraditado para EU el priista tendrá que responder a la investigación que han conducido desde 2013: la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), el Departamento de Seguridad Interna, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Buró de Investigación Criminal (FBI).
    Según la investigación, en 1998 y como candidato del PRI a la gubernatura, Tomás Yárrington comenzó a recibir sobornos por parte de las organizaciones del narcotráfico que operaban en Tamaulipas (Zetas y Cartel del Golfo). La demanda estadounidense señala que fueron “millones de dólares” que recibió para su candidatura, que fueron cobrados por la policía estatal que después controlaría Yárrington para permitir actividades delictivas –unos cuantos de esos capitales llegaron misteriosamente a Malincheros 18, hace unas semanas-.
    Protegido, por años, por Procuradores Generales de la República priistas y panistas.

 


Adelanto del documental "Esto soy", producido por Epigmenio Ibarra

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