Aberrante e insólito encarcelar ciudadanos por llevar beneficios a su comunidad: Roberto Romero
Manifiesta el abogado Roberto Romero del Valle que es totalmente incongruente porque los beneficios logrados, no se los regaló Pemex o el gobierno del estado o municipal Por Cecilia Vargas
Nos encontramos ante un hecho “aberrante, insólito”, de que se encarcele a tres pobladores de una comunidad, por el hecho de llevar beneficios sociales a su pueblo, expresó el abogado Roberto Romero del Valle, en relación a la detención de Alejandro Reyes, Eusebio Jiménez e Inoel Arias por acusaciones del alcalde de Centla.
El apoderado legal del comité ejecutivo estatal del PRD y quien se mantiene pendiente de este caso, según informó a petición de la comunidad, fue entrevistado por La Verdad del Sureste, en las oficinas del Comité Estatal de Derechos Humanos.
Esto es totalmente incongruente porque siempre se ha hablado de la necesidad de colaboración entre autoridades federales, estatales, municipales, delegaciones municipales, comisariados ejidales, líderes naturales y agrupaciones sociales para beneficio de las comunidades.
En el caso de Francisco I. Madero nos encontramos ante una comunidad altamente marginada que no ha recibido apoyos por los gobiernos municipales y que por los movimientos sociales y su lucha ha logrado beneficios.
Porque los beneficios logrados, no se los regaló Pemex o el gobierno del estado o municipal; lo que no pudieron ellos, ni otros lideres, la comunidad organizada lo hizo a través de su lucha, de Pemex y la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental.
Algunos de esos compromisos de esas dependencias, reconociendo liderazgo del comité formado por los pobladores, fue la entrega de apoyos, no en especie porque no pidieron para ellos, sino para la comunidad, entre ellos láminas, para restaurar su Casino del Pueblo.
“Pero parece ser que a este déspota, tirano, no le pareció y utilizó la fuerza pública encapuchada y con lujo de violencia, como si fuera un operativo contra el crimen organizado, golpearon a ancianos y a mujeres, destrozaron la delegación municipal para detener a Inoel, quien encabeza el comité, y a dos personas de la tercera edad”
Mencionó Romero del Valle que la presencia de las personas de Francisco I. Madero era para presentar una queja, entre otras cosas por la retención y abuso de autoridad de parte de los policías municipales, el director de la policía de ese ayuntamiento y el propio alcalde.
Mencionó que la presentación ante el Ministerio Público de Centla se hizo cuatro horas después de la detención.
Parece que el “pecado” de los compañeros, es llevar obras y beneficios a su comunidad, y afirmó que las acusaciones que les levantaron fue por daños, agravado en pandillerismo.
Las pruebas que se presentaron en el sentido de que realizaban un trabajo de restauración del Casino del Pueblo con apoyos de la Sernapam y Pemex del que tenían minutas firmadas por funcionarios de la Secretaria de Gobierno y la paraestatal, probó su inocencia.
Lo más interesante de esto, aseguró el abogado, es que el ayuntamiento no pudo probar la propiedad de ese casino, a pesar de que, haciendo a un lado toda la parte jurídica y ética legal, presentó una constancia de propiedad a nombre de la delegada municipal.
Cabe mencionar, dijo que, la Ley Orgánica Municipal, prohíbe a los delegados, juzgar sobre esto, por lo que en su momento presentaremos las demandas legales y contenciosas en su contra, por la expedición de esa constancia. Bajo esos elementos, este viernes a la una de la tarde, al vencer el término de ley, el Ministerio Público de Centla determinó dejar en libertad a los tres compañeros, pero nos llevamos la sorpresa de que nos informaron que de inmediato, por otra averiguación, Inoel Arias Marín fue detenido de nuevo “por la terquedad y capricho del presidente municipal de Centla Aquiles Reyes Quiroz.
Este es un problema al que organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y las propias instancias de gobierno deberían darle seguimiento a este hecho inédito, porque no es posible que por su pobreza mental, ideológica y jurídica un presidente municipal actúe de esa manera.
Por eso, un alcalde, mínimo debería ser sustituido”, agregó.
El apoderado legal del comité ejecutivo estatal del PRD y quien se mantiene pendiente de este caso, según informó a petición de la comunidad, fue entrevistado por La Verdad del Sureste, en las oficinas del Comité Estatal de Derechos Humanos.
Esto es totalmente incongruente porque siempre se ha hablado de la necesidad de colaboración entre autoridades federales, estatales, municipales, delegaciones municipales, comisariados ejidales, líderes naturales y agrupaciones sociales para beneficio de las comunidades.
En el caso de Francisco I. Madero nos encontramos ante una comunidad altamente marginada que no ha recibido apoyos por los gobiernos municipales y que por los movimientos sociales y su lucha ha logrado beneficios.
Porque los beneficios logrados, no se los regaló Pemex o el gobierno del estado o municipal; lo que no pudieron ellos, ni otros lideres, la comunidad organizada lo hizo a través de su lucha, de Pemex y la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental.
Algunos de esos compromisos de esas dependencias, reconociendo liderazgo del comité formado por los pobladores, fue la entrega de apoyos, no en especie porque no pidieron para ellos, sino para la comunidad, entre ellos láminas, para restaurar su Casino del Pueblo.
“Pero parece ser que a este déspota, tirano, no le pareció y utilizó la fuerza pública encapuchada y con lujo de violencia, como si fuera un operativo contra el crimen organizado, golpearon a ancianos y a mujeres, destrozaron la delegación municipal para detener a Inoel, quien encabeza el comité, y a dos personas de la tercera edad”
Mencionó Romero del Valle que la presencia de las personas de Francisco I. Madero era para presentar una queja, entre otras cosas por la retención y abuso de autoridad de parte de los policías municipales, el director de la policía de ese ayuntamiento y el propio alcalde.
Mencionó que la presentación ante el Ministerio Público de Centla se hizo cuatro horas después de la detención.
Parece que el “pecado” de los compañeros, es llevar obras y beneficios a su comunidad, y afirmó que las acusaciones que les levantaron fue por daños, agravado en pandillerismo.
Las pruebas que se presentaron en el sentido de que realizaban un trabajo de restauración del Casino del Pueblo con apoyos de la Sernapam y Pemex del que tenían minutas firmadas por funcionarios de la Secretaria de Gobierno y la paraestatal, probó su inocencia.
Lo más interesante de esto, aseguró el abogado, es que el ayuntamiento no pudo probar la propiedad de ese casino, a pesar de que, haciendo a un lado toda la parte jurídica y ética legal, presentó una constancia de propiedad a nombre de la delegada municipal.
Cabe mencionar, dijo que, la Ley Orgánica Municipal, prohíbe a los delegados, juzgar sobre esto, por lo que en su momento presentaremos las demandas legales y contenciosas en su contra, por la expedición de esa constancia. Bajo esos elementos, este viernes a la una de la tarde, al vencer el término de ley, el Ministerio Público de Centla determinó dejar en libertad a los tres compañeros, pero nos llevamos la sorpresa de que nos informaron que de inmediato, por otra averiguación, Inoel Arias Marín fue detenido de nuevo “por la terquedad y capricho del presidente municipal de Centla Aquiles Reyes Quiroz.
Este es un problema al que organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y las propias instancias de gobierno deberían darle seguimiento a este hecho inédito, porque no es posible que por su pobreza mental, ideológica y jurídica un presidente municipal actúe de esa manera.
Por eso, un alcalde, mínimo debería ser sustituido”, agregó.
