Un abogado y una ONG buscan romper cadena de corrupción entre Gordillo, el gobierno y el SNTE
Ciudad de México, 23 de feb (SinEmbargo).– Un abogado, Luis M. Pérez de Acha, y la organización Mexicanos Primero han recurrido a la propia ley para tratar de romper la cadena de corrupción entre el gobierno federal, Elba Esther Gordillo Morales y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).
El pasado 12 de febrero, Mexicanos Primero dio a conocer el círculo de corrupción que, afirma, ha permitido durante años a “La Maestra” Gordillo tener una estructura de miles de comisionados pagados por el Estado mexicano –por la vía del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación– y que sirven a sus propósitos políticos.
Pérez de Acha interpuso una demanda de amparo contra al SNTE, al que se agregó otro más contra la condonación por parte de la autoridad federal de adeudos fiscales de estados y municipios, mismo que fue firmado por personalidades como María Elena Morera, Ana Laura Magaloni, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Carlos Mayer Serra, Jesús Silva Herzog Flores, José Roldán Xopa y Leo Zuckermann, entre otros.
El abogado Luis Manuel Pérez de Acha, quien diseñó ambos recursos destacó que la historia del amparo ha cambiado de manera importante con las últimas reformas legales y constitucionales. Dichas reformas posibilitaron que, por primera vez en la historia del Derecho en México, se presentaran por primera vez dos amparos basados en el concepto de “interés legítimo”.
Pérez de Acha, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y abogado litigante, afirma que “el amparo ha cambiado para siempre con estas reformas; el Legislativo nos ha dado las herramientas necesarias para demandar una mayor rendición de cuentas a nuestras autoridades del gasto de nuestros impuestos”.
El primer amparo, en colaboración con Mexicanos Primero, es el relativo a los pagos ilegales en materia educativa realizados al SNTE para mantener su estructura de comisionados, de acuerdo con los informes que ha emitido la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El segundo es el que pretende impedir que la Federación salve a entidades y ayuntamientos que han llevado sus deudas hasta el nivel de hacerlas impagables, pero no han rendido cuentas de cuánto, cómo y en dónde se aplicaron esos recursos. El abogado Pérez de Acha decidió aportar su conocimiento legal para la presentación de ambos amparos por dos razones: “La primera, porque estos dos asuntos constituyen un alto reto profesional y a la vez son muy innovadores: hay que averiguar qué tan amplia es la puerta de entrada para reclamar el uso indebido de nuestros impuestos.
La segunda, es porque considero que debemos de impulsar el trabajo pro bono en alianza con la sociedad civil con el fin de unir fuerzas para cambiar los aspectos jurídicos que no funcionen. Esto se hace mucho en Estados Unidos y necesitamos promoverlo en el país”. De acuerdo con Darío Ramírez, director de Artículo 19, la amplia experiencia en Derecho Fiscal posibilitó que el doctor se interesara por buscar vías para exigir mayor control sobre cómo el gobierno gasta los impuestos de la ciudadanía, que según su experiencia “están siendo mal usados”.
Dos hechos recientes lo comprueban: uno en materia educativa y uno en materia de deuda federal. En el primero, 3 mil 149 millones de pesos de impuestos fueron desviados por el SNTE en 2010, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Se destinaron a trabajadores comisionados, personal con licencia de trabajo y a conceptos y gastos de operación no educativos.
En el segundo, el gobierno canceló los adeudos fiscales de los municipios, dejando un hueco en las finanzas nacionales que se tuvo que llenar con nuestros impuestos y contribuciones, plantea el director de la organización defensora de la libertad de expresión. “Ambos hechos están relacionados con la irresponsabilidad del gobierno en la administración del gasto público, mismo que se compone principalmente de nuestros impuestos y contribuciones”, dijo Luis Manuel Pérez de Acha. Hasta hace un año y medio –antes de la reforma constitucional de junio de 2011– era imposible reclamar por vía del juicio de amparo dicho derroche.
La vía en ese entonces era la tradicional: el cabildeo y la presión social. Era inviable llegar a los tribunales si no se acreditaba un daño directo. La reforma de junio de 2011 resultó de gran envergadura toda vez que contempla el concepto jurídico de interés legítimo. “Antes nada más te podías amparar cuando el gobierno te cobraba impuestos injustos”, expuso Pérez de Acha.
“Ahora todavía podemos seguir amparándonos contra eso, pero lo novedoso es que también me puedo amparar porque el gobierno no está usando mis impuestos para el gasto público de acuerdo con los principios constitucionales”, explica. Pero no cualquier cosa cabe en el concepto de interés legítimo: la jurisprudencia señala específicamente que debe ser un interés cualificado y relevante. Para Pérez de Acha, esto quiere decir que tiene que existir un interés muy específico en el tema. El abogado planteó que “…en ambos amparos presentados, el del SNTE y el de condonación a municipios, se cumple dicha especificidad: por un lado, los impuestos no se están destinando al gasto público y, por el otro, se están destinando de manera indebida, en violación al artículo 134 de la Constitución”. En ambos se prueba interés cualificado y relevante, afirmó.
El artículo constitucional citado por el especialista ordena que los recursos económicos del país se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. En el caso del SNTE, según los datos arrojados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “…los actos de corrupción del SNTE se materializan en el principio de honradez del artículo 134 constitucional. La deshonestidad e ineficiencia son una afectación al patrimonio de los mexicanos. Por otro lado, continuó el abogado, “el hecho de que el dinero designado por el Estado para la educación, no se destine al ciento por ciento para esto, implica un demérito a la calidad educativa: al no invertirse dinero en educación, baja la calidad educativa y por lo tanto también se viola el derecho humano a una educación digna, integral, pública y gratuita”.
El amparo promovido por Pérez de Acha y Mexicanos Primero contra el SNTE fue admitido el pasado 14 de febrero en el Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa. Es el primer amparo de la historia del país que se admite bajo el concepto de “interés legítimo”. El segundo aún no es admitido, pero sigue la misma lógica que el primero: la indebida utilización de los impuestos de cara al gasto público. En este caso, el pésimo manejo de las finanzas estatales y municipales llevó a que el gobierno federal cancelara los adeudos fiscales de los municipios. En otras palabras, hay dinero desaparecido y la solución del gobierno federal es perdonar las cuentas que no salen. “Constitucionalmente se exige que se justifiquen este tipo de medidas y el gobierno no lo hace; además no se dice a cuánto asciende la cancelación de dichos adeudos.
Ni el Congreso de la Unión ni la Secretaría de Hacienda saben a cuánto ascienden. En caso de que las cifras sí existieran, no se han publicado, por lo que de igual manera se estaría violando el principio de transparencia en el manejo de recursos marcado por la Constitución”, añade el experto.
El hueco que se provoca por la condonación de ISR se tiene que satisfacer con los impuestos que pagamos los ciudadanos. El dinero desaparecido a nivel municipal y estatal, los actos de corrupción y mal manejo del dinero, lo pagamos cada uno de nosotros, y de eso se trata el segundo amparo. Para Pérez de Acha “con este tipo de medidas se fomenta que continué la irresponsabilidad de los estados y municipios: no hay nada peor en términos de finanzas públicas que el gobierno perdone el hecho de que se desaparezca el dinero”.
En ambos amparos se da la misma tendencia: el gobierno federal opera bajo un sistema de privilegios fiscales y financieros a los suyos, basado en una gran opacidad y falta de rendición de cuentas.
No se les castiga, no se les fiscaliza. Las cuentas quedan sin saldar y se tapan los hoyos con más impuestos a la ciudadanía, planteó Darío Ramírez. Por primera vez existe una herramienta legal para combatir este círculo vicioso, afirma el abogado Pérez de Acha. La siguiente etapa de los amparos descansa en la valentía y visión progresista del Poder Judicial. Pase lo que pase, insistió el especialista, la historia del amparo en México ha cambiado.
El pasado 12 de febrero, Mexicanos Primero dio a conocer el círculo de corrupción que, afirma, ha permitido durante años a “La Maestra” Gordillo tener una estructura de miles de comisionados pagados por el Estado mexicano –por la vía del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación– y que sirven a sus propósitos políticos.
Pérez de Acha interpuso una demanda de amparo contra al SNTE, al que se agregó otro más contra la condonación por parte de la autoridad federal de adeudos fiscales de estados y municipios, mismo que fue firmado por personalidades como María Elena Morera, Ana Laura Magaloni, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Carlos Mayer Serra, Jesús Silva Herzog Flores, José Roldán Xopa y Leo Zuckermann, entre otros.
El abogado Luis Manuel Pérez de Acha, quien diseñó ambos recursos destacó que la historia del amparo ha cambiado de manera importante con las últimas reformas legales y constitucionales. Dichas reformas posibilitaron que, por primera vez en la historia del Derecho en México, se presentaran por primera vez dos amparos basados en el concepto de “interés legítimo”.
Pérez de Acha, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y abogado litigante, afirma que “el amparo ha cambiado para siempre con estas reformas; el Legislativo nos ha dado las herramientas necesarias para demandar una mayor rendición de cuentas a nuestras autoridades del gasto de nuestros impuestos”.
El primer amparo, en colaboración con Mexicanos Primero, es el relativo a los pagos ilegales en materia educativa realizados al SNTE para mantener su estructura de comisionados, de acuerdo con los informes que ha emitido la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El segundo es el que pretende impedir que la Federación salve a entidades y ayuntamientos que han llevado sus deudas hasta el nivel de hacerlas impagables, pero no han rendido cuentas de cuánto, cómo y en dónde se aplicaron esos recursos. El abogado Pérez de Acha decidió aportar su conocimiento legal para la presentación de ambos amparos por dos razones: “La primera, porque estos dos asuntos constituyen un alto reto profesional y a la vez son muy innovadores: hay que averiguar qué tan amplia es la puerta de entrada para reclamar el uso indebido de nuestros impuestos.
La segunda, es porque considero que debemos de impulsar el trabajo pro bono en alianza con la sociedad civil con el fin de unir fuerzas para cambiar los aspectos jurídicos que no funcionen. Esto se hace mucho en Estados Unidos y necesitamos promoverlo en el país”. De acuerdo con Darío Ramírez, director de Artículo 19, la amplia experiencia en Derecho Fiscal posibilitó que el doctor se interesara por buscar vías para exigir mayor control sobre cómo el gobierno gasta los impuestos de la ciudadanía, que según su experiencia “están siendo mal usados”.
Dos hechos recientes lo comprueban: uno en materia educativa y uno en materia de deuda federal. En el primero, 3 mil 149 millones de pesos de impuestos fueron desviados por el SNTE en 2010, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Se destinaron a trabajadores comisionados, personal con licencia de trabajo y a conceptos y gastos de operación no educativos.
En el segundo, el gobierno canceló los adeudos fiscales de los municipios, dejando un hueco en las finanzas nacionales que se tuvo que llenar con nuestros impuestos y contribuciones, plantea el director de la organización defensora de la libertad de expresión. “Ambos hechos están relacionados con la irresponsabilidad del gobierno en la administración del gasto público, mismo que se compone principalmente de nuestros impuestos y contribuciones”, dijo Luis Manuel Pérez de Acha. Hasta hace un año y medio –antes de la reforma constitucional de junio de 2011– era imposible reclamar por vía del juicio de amparo dicho derroche.
La vía en ese entonces era la tradicional: el cabildeo y la presión social. Era inviable llegar a los tribunales si no se acreditaba un daño directo. La reforma de junio de 2011 resultó de gran envergadura toda vez que contempla el concepto jurídico de interés legítimo. “Antes nada más te podías amparar cuando el gobierno te cobraba impuestos injustos”, expuso Pérez de Acha.
“Ahora todavía podemos seguir amparándonos contra eso, pero lo novedoso es que también me puedo amparar porque el gobierno no está usando mis impuestos para el gasto público de acuerdo con los principios constitucionales”, explica. Pero no cualquier cosa cabe en el concepto de interés legítimo: la jurisprudencia señala específicamente que debe ser un interés cualificado y relevante. Para Pérez de Acha, esto quiere decir que tiene que existir un interés muy específico en el tema. El abogado planteó que “…en ambos amparos presentados, el del SNTE y el de condonación a municipios, se cumple dicha especificidad: por un lado, los impuestos no se están destinando al gasto público y, por el otro, se están destinando de manera indebida, en violación al artículo 134 de la Constitución”. En ambos se prueba interés cualificado y relevante, afirmó.
El artículo constitucional citado por el especialista ordena que los recursos económicos del país se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. En el caso del SNTE, según los datos arrojados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “…los actos de corrupción del SNTE se materializan en el principio de honradez del artículo 134 constitucional. La deshonestidad e ineficiencia son una afectación al patrimonio de los mexicanos. Por otro lado, continuó el abogado, “el hecho de que el dinero designado por el Estado para la educación, no se destine al ciento por ciento para esto, implica un demérito a la calidad educativa: al no invertirse dinero en educación, baja la calidad educativa y por lo tanto también se viola el derecho humano a una educación digna, integral, pública y gratuita”.
El amparo promovido por Pérez de Acha y Mexicanos Primero contra el SNTE fue admitido el pasado 14 de febrero en el Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa. Es el primer amparo de la historia del país que se admite bajo el concepto de “interés legítimo”. El segundo aún no es admitido, pero sigue la misma lógica que el primero: la indebida utilización de los impuestos de cara al gasto público. En este caso, el pésimo manejo de las finanzas estatales y municipales llevó a que el gobierno federal cancelara los adeudos fiscales de los municipios. En otras palabras, hay dinero desaparecido y la solución del gobierno federal es perdonar las cuentas que no salen. “Constitucionalmente se exige que se justifiquen este tipo de medidas y el gobierno no lo hace; además no se dice a cuánto asciende la cancelación de dichos adeudos.
Ni el Congreso de la Unión ni la Secretaría de Hacienda saben a cuánto ascienden. En caso de que las cifras sí existieran, no se han publicado, por lo que de igual manera se estaría violando el principio de transparencia en el manejo de recursos marcado por la Constitución”, añade el experto.
El hueco que se provoca por la condonación de ISR se tiene que satisfacer con los impuestos que pagamos los ciudadanos. El dinero desaparecido a nivel municipal y estatal, los actos de corrupción y mal manejo del dinero, lo pagamos cada uno de nosotros, y de eso se trata el segundo amparo. Para Pérez de Acha “con este tipo de medidas se fomenta que continué la irresponsabilidad de los estados y municipios: no hay nada peor en términos de finanzas públicas que el gobierno perdone el hecho de que se desaparezca el dinero”.
En ambos amparos se da la misma tendencia: el gobierno federal opera bajo un sistema de privilegios fiscales y financieros a los suyos, basado en una gran opacidad y falta de rendición de cuentas.
No se les castiga, no se les fiscaliza. Las cuentas quedan sin saldar y se tapan los hoyos con más impuestos a la ciudadanía, planteó Darío Ramírez. Por primera vez existe una herramienta legal para combatir este círculo vicioso, afirma el abogado Pérez de Acha. La siguiente etapa de los amparos descansa en la valentía y visión progresista del Poder Judicial. Pase lo que pase, insistió el especialista, la historia del amparo en México ha cambiado.
