VILLAHERMOSA, TABASCO, 16 DE FEBRERO DE 2011.- El bloque opositor, PRD-PAN, no se dejó atemorizar con “el petate del muerto”, ni cayó en el “chantaje” del PRI, se mantuvo firme y le propinó la primera derrota legislativa al presidente de la Junta de Coordinación Política, José Carlos Ocaña Becerra, quien en esta ocasión no pudo conseguir las dos terceras partes para aprobar la reforma constitucional que en materia electoral la Corte mandató al Congreso. En una votación considerada “histórica” el dictamen, elaborado por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales, sólo obtuvo 21 de los 24 votos que se requerían para ser declarado legalmente aprobado. Los 11 votos del PRD y los 3 del PAN, sumados en contra, impidieron que se consumara una reforma a modo y a conveniencia del PRI, bancada que no quiso ir a una reforma electoral integral, como lo demandaba la oposición, con el argumento de que primero había que cumplir el resolutivo del máximo tribunal del país, y luego entrar a la discusión de otros temas electorales. ¿Qué era lo que se planteaba reformar? Los artículos 13 y 14 constitucionales; el primero, para establecer un criterio poblacional en lugar de territorial en la definición de los 21 distritos electorales; y segundo, para señalar que ningún partido podrá tener más de 21 diputados de mayoría, una vez realizada la asignación de diputados plurinominales. Esta vez el “agandalle” y el mayoriteo no funcionaron. Tampoco hubo sorpresas, ni legisladores ausentes o declarados “enfermos”.
La dirigencia estatal del PRD les notificó por escrito a sus once legisladores que debían votar en contra del dictamen, bajo la advertencia de que, si no lo hacían, podrían ser sancionados conforme a los estatutos del partido. Surtió efecto la notificación. Ninguno faltó, ni se abstuvo ni votó a favor. Acataron el mandato de la dirigencia. “Se les recomienda asistir a la sesión correspondiente y por tratarse de un asunto de gran trascendencia, votar en contra de
las citadas reformas a la Constitución local, para los efectos estatutarios procedentes”, decía el documento firmado por Javier May Rodríguez. Los 35 estuvieron presentes, los perredistas y panistas no se arredraron ante las “falsas” advertencias del PRI de que si no votaban a favor del dictamen iban a caer en desacato y la Corte podría llegar hasta su desafuero o destitución. Ese fue el argumento principal que manejó el PRI durante la discusión del dictamen. El diputado Fernando Valenzuela Pernas, centró su alocución en ese punto, la consecuencia jurídica de no acatar lo que ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, como para infundir temor en los legisladores del PAN y PRD, citó tres casos: Puebla, Tlaxcala y Guanajuato, donde la Corte ordenó la destitución de diputados si no acataban sus resolutivos. El diputado del PRD, Juan José Peralta Fócil, replicó que se trataba de una “cortina de humo”, mismo argumento que usó Ocaña Becerra al razonar el voto a favor del dictamen en reproche al bloque opositor.
“Que si nos van a desaforar, que si van a llamar a los suplentes; yo en principio digo que si me desaforan por defender a Tabasco, que lo hagan, vamos a dar la pelea”, dijo el legislador perredista. En todo caso, si incurriéramos en un desacato la sanción recaería en Ocaña Becerra, pues es en quien recae “la representación jurídica” del Congreso, y pidió a los priistas que dejen de mentir porque el resolutivo “jamás alude a los artículos 13 y 14 de la Constitución, sino “a la necesidad de adecuar la ley electoral de Tabasco a los principios de la Carta Magna federal”. Aseguró que lo que se tiene que reformar, por mandato de la Corte, son los artículos 19, 22, 23, 24 y 25 de la Ley Electoral de Tabasco, y “estos señores, que dicen respetar el mandato de la Corte, nos salen con una propuesta de reforma a los artículos 13 y 14, una verdadera incongruencia”.
Valenzuela Pernas argumentó que los diputados de oposición tienen un problema de desinformación porque sus asesores jurídicos no les explican bien de qué se trata el resolutivo de la Corte, y señaló que si primero se va a reformar la Constitución se debe, más que nada, a un criterio jurisprudencial, que señala que todas las normas que tengan relación con la que declara inválida corre la misma suerte y hay que modificarlas. Machacó con el asunto del desacato, y los diputados del PAN le respondieron que se trataba de un “chantaje”, porque ni siquiera se ha agotado el plazo previsto por la CSJN, el cual vence hasta marzo del 2012. El debate continuó bajo esa tónica durante varios minutos en la que oradores del PRI, PAN y PRD expusieron sus argumentos para votar a favor y en contra del dictamen. Los del PANAL, PVEM y PT eran simples espectadores. Estos tres últimos votaron junto con el PRI, pero no les alcanzó para lograr las dos terceras partes y consumar la reforma constitucional. Perdida la votación, el PRI propuso que el dictamen fuera desechado por completo, para que se notique a la SCJN que no se cumplió su mandato. Peralta Fócil alegó que se trataba de una violación más a la Ley Orgánica del Congreso, que se trataba de un “berrinche” del PRI, pero que no tenían miedo porque sencillamente no han cometido ningún desacato, porque lo que contenía el dictamen no era lo que la Corte había mandatado.
La dirigencia estatal del PRD les notificó por escrito a sus once legisladores que debían votar en contra del dictamen, bajo la advertencia de que, si no lo hacían, podrían ser sancionados conforme a los estatutos del partido. Surtió efecto la notificación. Ninguno faltó, ni se abstuvo ni votó a favor. Acataron el mandato de la dirigencia. “Se les recomienda asistir a la sesión correspondiente y por tratarse de un asunto de gran trascendencia, votar en contra de
las citadas reformas a la Constitución local, para los efectos estatutarios procedentes”, decía el documento firmado por Javier May Rodríguez. Los 35 estuvieron presentes, los perredistas y panistas no se arredraron ante las “falsas” advertencias del PRI de que si no votaban a favor del dictamen iban a caer en desacato y la Corte podría llegar hasta su desafuero o destitución. Ese fue el argumento principal que manejó el PRI durante la discusión del dictamen. El diputado Fernando Valenzuela Pernas, centró su alocución en ese punto, la consecuencia jurídica de no acatar lo que ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, como para infundir temor en los legisladores del PAN y PRD, citó tres casos: Puebla, Tlaxcala y Guanajuato, donde la Corte ordenó la destitución de diputados si no acataban sus resolutivos. El diputado del PRD, Juan José Peralta Fócil, replicó que se trataba de una “cortina de humo”, mismo argumento que usó Ocaña Becerra al razonar el voto a favor del dictamen en reproche al bloque opositor.
“Que si nos van a desaforar, que si van a llamar a los suplentes; yo en principio digo que si me desaforan por defender a Tabasco, que lo hagan, vamos a dar la pelea”, dijo el legislador perredista. En todo caso, si incurriéramos en un desacato la sanción recaería en Ocaña Becerra, pues es en quien recae “la representación jurídica” del Congreso, y pidió a los priistas que dejen de mentir porque el resolutivo “jamás alude a los artículos 13 y 14 de la Constitución, sino “a la necesidad de adecuar la ley electoral de Tabasco a los principios de la Carta Magna federal”. Aseguró que lo que se tiene que reformar, por mandato de la Corte, son los artículos 19, 22, 23, 24 y 25 de la Ley Electoral de Tabasco, y “estos señores, que dicen respetar el mandato de la Corte, nos salen con una propuesta de reforma a los artículos 13 y 14, una verdadera incongruencia”.
Valenzuela Pernas argumentó que los diputados de oposición tienen un problema de desinformación porque sus asesores jurídicos no les explican bien de qué se trata el resolutivo de la Corte, y señaló que si primero se va a reformar la Constitución se debe, más que nada, a un criterio jurisprudencial, que señala que todas las normas que tengan relación con la que declara inválida corre la misma suerte y hay que modificarlas. Machacó con el asunto del desacato, y los diputados del PAN le respondieron que se trataba de un “chantaje”, porque ni siquiera se ha agotado el plazo previsto por la CSJN, el cual vence hasta marzo del 2012. El debate continuó bajo esa tónica durante varios minutos en la que oradores del PRI, PAN y PRD expusieron sus argumentos para votar a favor y en contra del dictamen. Los del PANAL, PVEM y PT eran simples espectadores. Estos tres últimos votaron junto con el PRI, pero no les alcanzó para lograr las dos terceras partes y consumar la reforma constitucional. Perdida la votación, el PRI propuso que el dictamen fuera desechado por completo, para que se notique a la SCJN que no se cumplió su mandato. Peralta Fócil alegó que se trataba de una violación más a la Ley Orgánica del Congreso, que se trataba de un “berrinche” del PRI, pero que no tenían miedo porque sencillamente no han cometido ningún desacato, porque lo que contenía el dictamen no era lo que la Corte había mandatado.
