Una sentencia judicial pone fin a años de persecución legal contra pescadores y sus familias que se opusieron a proyectos inmobiliarios en su playa, marcando un precedente en la lucha por la autodeterminación de los pueblos originarios.
En un fallo calificado como histórico para los movimientos indígenas y ambientales, el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, absolvió a 21 integrantes del pueblo chontal —mujeres y hombres— quienes enfrentaban acusaciones derivadas de la defensa pacífica de su territorio ancestral frente a intentos de despojo para proyectos turísticos e inmobiliarios.
La resolución, emitida tras un prolongado proceso judicial de varios años, libera a la comunidad de la amenaza de condenas que podían alcanzar los 15 años de prisión, una reparación del daño por 55 millones de pesos y multas cuantiosas. El juez determinó que no existían elementos probatorios suficientes para sostener los cargos en su contra.
El conflicto: Defensa comunitaria vs. intereses económicos
El origen del caso se remonta al intento de apropiación de 1,452 hectáreas de playa y manglar en la comunidad de El Coyul, territorio que ha sido administrado y preservado por 221 familias organizadas en la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul desde su fundación en 1972.
Los comuneros denunciaron que, con el presunto aval de notarios públicos y funcionarios estatales, personas ajenas a la comunidad iniciaron maniobras para titular ilegalmente las tierras. El conflicto se agudizó cuando se revelaron planes de empresarios para destruir el ecosistema de manglar —vital para la pesca y la biodiversidad— y construir complejos hoteleros y residenciales.
“Nuestra resistencia siempre fue por la vida. Defender el manglar es defender nuestra fuente de alimento, nuestra cultura y nuestro futuro”, explicó uno de los comuneros absueltos, quien pidió reservar su nombre por temor a represalias.
La criminalización como estrategia de despojo
La acusación penal contra los 21 defensores es considerada por organizaciones de derechos humanos como un claro ejemplo de criminalización de la protesta social y la defensa del territorio. El proceso judicial fue utilizado como un mecanismo de presión para desgastar y dividir a la comunidad, obligándoles a dedicar recursos escasos a su defensa legal en lugar de a la protección de sus tierras.
“Este caso sigue el patrón documentado en todo el país: se judicializa y estigmatiza a los defensores para despejar el camino a proyectos económicos que vulneran los derechos colectivos”, señaló la abogada de una organización civil que acompañó el caso.
“No existían elementos probatorios suficientes para sostener los cargos”.
La organización comunitaria: El pilar de la resistencia
La Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul ha sido la columna vertebral de la resistencia. Su estructura colectiva, basada en usos y costumbres, permitió una defensa unificada y estratégica. “Sin nuestra organización, hubiéramos sido despojados hace años. La unión hace la fuerza, y la fuerza hace el derecho”, afirmó una de las mujeres líderes de la comunidad.
Marco legal: Los derechos territoriales indígenas en México
La sentencia se enmarca en un robusto, aunque frecuentemente ignorado, ordenamiento jurídico que protege los derechos indígenas:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 2º): Reconoce el carácter pluricultural de la nación y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, autonomía y a la propiedad y posesión de sus tierras y territorios. Ordena al Estado proteger la integridad de dichas tierras.
- Convenio 169 de la OIT (Ley Suprema en México): Establece el derecho de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa e informada ante cualquier proyecto que afecte sus territorios o recursos, un procedimiento que los comuneros de El Coyul aseguran no se realizó.
- Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: Refuerza los estándares de autodeterminación, consentimiento y reparación.
- Legislación Ambiental: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la NOM-059-SEMARNAT protegen los manglares como áreas de valor ecológico crítico, lo que añade una capa de ilegalidad potencial a los proyectos planeados.
Un triunfo precario y la lucha continúa
Pese a la absolución, la comunidad se mantiene en alerta. Los defensores anticipan que los intereses empresariales podrían intentar impugnar el fallo mediante un recurso de amparo o reactivar otros mecanismos legales para afectar la tenencia de la tierra.
“Esta sentencia es un respiro, pero no el final. No bajaremos la guardia. Seguiremos monitoreando nuestro territorio y utilizando todas las herramientas legales para que El Coyul siga siendo de nuestras familias, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos”, declaró un portavoz de la Sociedad.
El caso de El Coyul se convierte así en un símbolo de la resistencia indígena contemporánea y un recordatorio de la brecha que existe entre el reconocimiento legal de los derechos colectivos y su implementación efectiva frente a poderosos intereses económicos. La absolución no solo reivindica a los 21 acusados, sino que envía un mensaje sobre la legitimidad de la defensa comunitaria del territorio y el medio ambiente.
#TomaNota
– Personas absueltas: 21 comuneros
– Territorio en disputa: 1,452 hectáreas
– Riesgo legal evitado: hasta 15 años de prisión
– Reparación del daño reclamada: 55 millones de pesos
– El fallo puede ser impugnado mediante amparo
