Acuerdan incremento del diez por ciento a financiamiento privado para candidatos
A propuesta del PVEM, sin que con ello se rebase el monto del financiamiento público para las campañas electorales del 2012.
JULIO.- A propuesta del PVEM, el Congreso local acordó en el pleno incrementar de diez a 20 por ciento el financiamiento privado a los candidatos sin que con ello se rebase el monto del financiamiento público para las campañas electorales del 2012.
La propuesta de modificación presentada en el pleno por el diputado Pascual Bellizzia Rosique, fue aprobada con 30 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, con lo cual se modificaron los artículos 90, 91 y 93 de la Ley Electoral, discutida y aprobada esta noche. En su argumentación, el legislador pevemista señaló que si se aprobaba el financiamiento privado como se había propuesto originalmente, diez por ciento, sería inequitativo para los llamados partidos pequeños, como el PT y Convergencia, quienes no reciben prerrogativas del órgano electoral por carecer de registro ante el mismo. “Porque los partidos mayoritarios con capacidad para ello crearía un abismo entre quienes no tienen dicha dimensión de recaudación de dinero de origen privado”, sostuvo. Estos fueron los puntos más discutidos en el marco de la reforma electoral que hoy fue aprobada por unanimidad en lo concerniente a la homologación de las elecciones, pero en particular el dictamen fue votado a favor y en contra, según los artículos impugnados puestos a discusión nuevamente. Por la homologación, aprobada por unanimidad por el Congreso, el registro de candidatos a gobernador, diputados locales y regidores se iniciará 61 días antes de la jornada electoral y durará diez días. En tanto que las precampañas para gobernador iniciarán del 15 de febrero al primero de marzo del 2012, es decir, durará 15 días cuando anteriormente eran 40 días; en tanto que de la de diputados y regidores será del 16 al 30 de marzo, la mitad de lo que duraban antes de la reforma electoral. En este apartado se establece que si sólo se registra un precandidato en la contienda interna de un partido no podrá realizar precampaña “sin detrimento de la promoción que le corresponda al partido en los tiempos asignados para los medios de comunicación”. Así, la elección a gobernador, que antes duraba 60 días, con la homologación tendrá un duración de 45 días, el mismo lapso para la elección de diputados, presidentes municipales y regidores. En el dictamen se señala que se decidió reducir los tiempos de las precampañas y campañas porque fue una exigencia ciudadana “disminuir la carga propagandística durante los meses en que se celebran” estos procesos, y para que no sirvan de “distractores para las actividades cotidianas de la sociedad”, además de que ayuda a “disminuir la contaminación visual”.
En artículo 34, uno de los más impugnados por el PRD, establece que “ninguna persona podrá ser candidato para un cargo de elección popular federal o de otro Estado o del Distrito Federal, y simultáneamente, para otro cargo de elección popular en el Estado de Tabasco”.
En este supuesto, señala el documento, “si el registro para el cargo de la elección en nuestra entidad ya estuviera hecho se procederá a la cancelación automática del registro respectivo”. También asienta que los partidos políticos sólo podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral hasta cuatro fórmulas de candidatos a diputados por mayoría relativa y por representación proporcional distribuidos igualitariamente en sus listas regionales. La modificación al artículo 90, que también fue impugnado por la oposición, relativo a la fiscalización de los recursos en campaña, se amplió el plazo para presentar los informes de tres a seis meses. El argumento esgrimido es que esta ampliación “generaría un ahorro sustancial al órgano electoral en la plantillas de auditores que con motivo de la periodicidad actualmente establecida en la Ley, hace que prácticamente todo el año tenga que contar con un mayor número de auditores para la revisión de la contabilidad de cada uno de los partidos políticos que tienen la responsabilidad de rendir estos informes”.
Con la modificación de este artículo se regulará las aportaciones que se hagan en las precampañas “en virtud de que actualmente no están contenidas en dicho numeral”, en tanto que la reforma al artículo 91 ahora prohíbe que los partidos políticos puedan recibir al año “aportaciones, en dinero o en especie, de simpatizantes por una cantidad superior al 10 por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña, del año anterior en que se elija Gobernador del Estado”.
A este precepto se le suprimió la palabra “afiliados” con el argumento de que sus aportaciones están previstas en el artículo 90. En contrario, se modificó el artículo 93 para que los partidos “cuenten con mayores recursos para sus actividades ordinarias, de campaña y precampaña, obteniendo campañas más transparentes en cuanto al control de los ingresos, evitando que recursos de dudosa procedencia sean aplicados a las actividades” de las fuerzas políticas. El artículo 225 modificó los topes de campaña y supuestamente clarifica los gastos de los candidatos para dar “congruencia a los gastos que realizan los partidos políticos, con esto se coadyuvará a dar mayor transparencia y credibilidad del actual de los mismos ante la sociedad.
La propuesta de modificación presentada en el pleno por el diputado Pascual Bellizzia Rosique, fue aprobada con 30 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, con lo cual se modificaron los artículos 90, 91 y 93 de la Ley Electoral, discutida y aprobada esta noche. En su argumentación, el legislador pevemista señaló que si se aprobaba el financiamiento privado como se había propuesto originalmente, diez por ciento, sería inequitativo para los llamados partidos pequeños, como el PT y Convergencia, quienes no reciben prerrogativas del órgano electoral por carecer de registro ante el mismo. “Porque los partidos mayoritarios con capacidad para ello crearía un abismo entre quienes no tienen dicha dimensión de recaudación de dinero de origen privado”, sostuvo. Estos fueron los puntos más discutidos en el marco de la reforma electoral que hoy fue aprobada por unanimidad en lo concerniente a la homologación de las elecciones, pero en particular el dictamen fue votado a favor y en contra, según los artículos impugnados puestos a discusión nuevamente. Por la homologación, aprobada por unanimidad por el Congreso, el registro de candidatos a gobernador, diputados locales y regidores se iniciará 61 días antes de la jornada electoral y durará diez días. En tanto que las precampañas para gobernador iniciarán del 15 de febrero al primero de marzo del 2012, es decir, durará 15 días cuando anteriormente eran 40 días; en tanto que de la de diputados y regidores será del 16 al 30 de marzo, la mitad de lo que duraban antes de la reforma electoral. En este apartado se establece que si sólo se registra un precandidato en la contienda interna de un partido no podrá realizar precampaña “sin detrimento de la promoción que le corresponda al partido en los tiempos asignados para los medios de comunicación”. Así, la elección a gobernador, que antes duraba 60 días, con la homologación tendrá un duración de 45 días, el mismo lapso para la elección de diputados, presidentes municipales y regidores. En el dictamen se señala que se decidió reducir los tiempos de las precampañas y campañas porque fue una exigencia ciudadana “disminuir la carga propagandística durante los meses en que se celebran” estos procesos, y para que no sirvan de “distractores para las actividades cotidianas de la sociedad”, además de que ayuda a “disminuir la contaminación visual”.
En artículo 34, uno de los más impugnados por el PRD, establece que “ninguna persona podrá ser candidato para un cargo de elección popular federal o de otro Estado o del Distrito Federal, y simultáneamente, para otro cargo de elección popular en el Estado de Tabasco”.
En este supuesto, señala el documento, “si el registro para el cargo de la elección en nuestra entidad ya estuviera hecho se procederá a la cancelación automática del registro respectivo”. También asienta que los partidos políticos sólo podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral hasta cuatro fórmulas de candidatos a diputados por mayoría relativa y por representación proporcional distribuidos igualitariamente en sus listas regionales. La modificación al artículo 90, que también fue impugnado por la oposición, relativo a la fiscalización de los recursos en campaña, se amplió el plazo para presentar los informes de tres a seis meses. El argumento esgrimido es que esta ampliación “generaría un ahorro sustancial al órgano electoral en la plantillas de auditores que con motivo de la periodicidad actualmente establecida en la Ley, hace que prácticamente todo el año tenga que contar con un mayor número de auditores para la revisión de la contabilidad de cada uno de los partidos políticos que tienen la responsabilidad de rendir estos informes”.
Con la modificación de este artículo se regulará las aportaciones que se hagan en las precampañas “en virtud de que actualmente no están contenidas en dicho numeral”, en tanto que la reforma al artículo 91 ahora prohíbe que los partidos políticos puedan recibir al año “aportaciones, en dinero o en especie, de simpatizantes por una cantidad superior al 10 por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña, del año anterior en que se elija Gobernador del Estado”.
A este precepto se le suprimió la palabra “afiliados” con el argumento de que sus aportaciones están previstas en el artículo 90. En contrario, se modificó el artículo 93 para que los partidos “cuenten con mayores recursos para sus actividades ordinarias, de campaña y precampaña, obteniendo campañas más transparentes en cuanto al control de los ingresos, evitando que recursos de dudosa procedencia sean aplicados a las actividades” de las fuerzas políticas. El artículo 225 modificó los topes de campaña y supuestamente clarifica los gastos de los candidatos para dar “congruencia a los gastos que realizan los partidos políticos, con esto se coadyuvará a dar mayor transparencia y credibilidad del actual de los mismos ante la sociedad.
