Acusan a Chucho Alí ante la PGR
Por el incumplimiento de la sentencia de la SCJN para demoler el macro-gimnasio Sport City, el edil Jesús Alí de la Torre y todos los integrantes del Cabildo de Centro fueron demandados penalmente ante la delegación de la PGR
Congreso local exhortó este día al alcalde de Centro, Jesús Alí de la Torre, a que acepte y dé cumplimiento a la recomendación 62 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la advertencia que si no lo hace se la aplicará un “procedimiento de responsabilidad”. Violentar los derechos humanos es una causa grave, y a nadie nos agradaría ver aquí a un presidente municipal con el inicio de un procedimiento de responsabilidad. De ese tamaño es el tema, no es cualquier cosa, dijo el diputado del PRI, Fernando Valenzuela Pernas. Aseguró que no se trata de un simple trámite burocrático el que tiene que hacer el Congreso, sino una “gestión legislativa que nos está pidiendo un organismo protector de los derechos humanos de naturaleza no jurisdiccional, pero con efectos sancionatorios terribles su incumplimiento”.
La recomendación 62 da cuenta de una queja presentada por ciudadanos del municipio de Centro por “una indebida prestación de servicio público”, bajo el expediente CNDH/1/ 2010/5964/0. El año pasado, ciudadanos presentaron una queja ante el organismo humanitario por el incumplimiento, por parte de las autoridades del Centro, de obras de reparación y mantenimiento de un alcantarillado, que afectan a habitantes de Villa Ocuiltzapotlán y Los Ángeles, sobre todo en épocas de inundaciones.Inicialmente esa petición se la hicieron al entonces alcalde, Evaristo Hernández Cruz, y luego al actual. Ninguno de los dos atendió el reclamo de la gente. La CNDH inició el expediente respectivo “por actos atribuibles a servidores públicos del municipio de Centro… consistentes en diversas irregularidades, respecto de los servicios que en materia de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales”.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Juan José Peralta Fócil, aseguró que con la CNDH se cuenta con un instrumento de lucha de gran importancia, que obliga a las autoridades a cumplir a los ciudadanos cuando hay omisión de éstas en la realización de obras básicas, como el agua potable y alcantarillado, que son vitales para ellos. Resaltó que el año pasado, el Congreso le aprobó dos empréstitos por poco más de 600 millones de pesos para que realizara ese tipo de obras en Ciudad Industrial y colonias aledañas, como Insurgentes y Francisco Villa, pero que a un año de haberse autorizado la contratación de esos préstamos permanecen inconclusas.
“Tiene más de un año que el Congreso aprobó ese endeudamiento, pero que si cualquier diputado quiere recorrer esas colonias las obras las medio iniciaron y ahí están las colonias al garete y la gente indefensa”, dijo. Señaló que se tiene que investigar por qué razón no están concluidas las obras, ya que con esos préstamos debieron haberse construido. Ahí es donde tenemos que explicar a los ciudadanos que hay vías institucionales para que no estén indefensos ante esas deficiencias en el servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, añadió, Por su parte, la diputada del PRI, Lorena Beaurregard de los Santos, consideró interesante la recomendación de la CNDH, pero pidió no ver al organismo como una “herramienta de lucha social que subsane las deficiencias de las autoridades municipales, estatales o federales”, sino que los gobernantes deben cumplir con su responsabilidad. Una recomendación habla del fracaso de un funcionario frente a una demanda de los electores. Los ciudadanos del Centro tuvieron que recurrir a la CNDH para que se les garantice un servicio público, que además, están pagando.
La recomendación 62 da cuenta de una queja presentada por ciudadanos del municipio de Centro por “una indebida prestación de servicio público”, bajo el expediente CNDH/1/ 2010/5964/0. El año pasado, ciudadanos presentaron una queja ante el organismo humanitario por el incumplimiento, por parte de las autoridades del Centro, de obras de reparación y mantenimiento de un alcantarillado, que afectan a habitantes de Villa Ocuiltzapotlán y Los Ángeles, sobre todo en épocas de inundaciones.Inicialmente esa petición se la hicieron al entonces alcalde, Evaristo Hernández Cruz, y luego al actual. Ninguno de los dos atendió el reclamo de la gente. La CNDH inició el expediente respectivo “por actos atribuibles a servidores públicos del municipio de Centro… consistentes en diversas irregularidades, respecto de los servicios que en materia de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales”.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Juan José Peralta Fócil, aseguró que con la CNDH se cuenta con un instrumento de lucha de gran importancia, que obliga a las autoridades a cumplir a los ciudadanos cuando hay omisión de éstas en la realización de obras básicas, como el agua potable y alcantarillado, que son vitales para ellos. Resaltó que el año pasado, el Congreso le aprobó dos empréstitos por poco más de 600 millones de pesos para que realizara ese tipo de obras en Ciudad Industrial y colonias aledañas, como Insurgentes y Francisco Villa, pero que a un año de haberse autorizado la contratación de esos préstamos permanecen inconclusas.
“Tiene más de un año que el Congreso aprobó ese endeudamiento, pero que si cualquier diputado quiere recorrer esas colonias las obras las medio iniciaron y ahí están las colonias al garete y la gente indefensa”, dijo. Señaló que se tiene que investigar por qué razón no están concluidas las obras, ya que con esos préstamos debieron haberse construido. Ahí es donde tenemos que explicar a los ciudadanos que hay vías institucionales para que no estén indefensos ante esas deficiencias en el servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, añadió, Por su parte, la diputada del PRI, Lorena Beaurregard de los Santos, consideró interesante la recomendación de la CNDH, pero pidió no ver al organismo como una “herramienta de lucha social que subsane las deficiencias de las autoridades municipales, estatales o federales”, sino que los gobernantes deben cumplir con su responsabilidad. Una recomendación habla del fracaso de un funcionario frente a una demanda de los electores. Los ciudadanos del Centro tuvieron que recurrir a la CNDH para que se les garantice un servicio público, que además, están pagando.
