Acusan indígenas del sureste violación a sus derechos

Indígenas del sureste de México acusaron que autoridades de las tres escalas de gobierno y de manera particular el INAH, PEMEX y el Ministerio Público violan constantemente sus Derechos Humanos, dando lugar a la prostitución, la trata de personas, la mendicidad, dilación en la aplicación de la justicia y esclavitud laboral, lo que, incluso, tiene en peligro de extinción de las etnias originales.
    Reunidos en el Conversatorio “Principales Violaciones a los Derechos Humanos de los Indígenas del Sureste”, representantes de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco dialogaron durante tres horas en un espacio que fue un destacado centro ceremonial de esta villa, convocados por las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, evento al que asistió la maestra Teresa Paniagua Jiménez, cuarta visitadora general del ombudsman nacional, y el presidente de la CEDH, Jesús Manuel Argáez de los Santos.
    Ante investigadores, académicos, diputadas al Congreso local y el abogado Juan José Peralta Fócil, quien asistió con la representación del gobernador del Estado, los representantes indígenas señalaron en voz de la campechana Ana Carmen Kabah Kabah que en el sureste persiste el maltrato contra mujeres y niños por parte de padres de familia a los que la justicia no reprende pese a las demandas, mientras que en las calles se da sin remedio la explotación de menores sin que nadie haga algo.
    Acusó también la falta de programas para el combate a la pobreza , atender la salud, sobre todo entre la comunidad discapacitada, en tanto que autoridades migratorias tratan a los indígenas de forma racista y clasista. También de Campeche, Manolo Muñoz acusó la falta de financiamiento agrícola y demandó acceso pleno a la justicia.
    Gregorio Pérez Gómez, de Chiapas, demandó acceso pleno a la justicia para el millón 400 mil indígenas de su Estado, acusando también la falta de traductores e intérpretes en las Agencias del Ministerio Público; de la misma manera propuso un juzgado especializado en materia indígena.
    También de Chiapas, Eduard Rodríguez Ortiz planteó en el conversatorio que los indígenas cuenten con mayores espacios en el Congreso de los diputados locales, y su paisano Juan Encino Gómez destacó la presencia de niños con hambre, falta de médicos, medicamentos y trabajo.
    En su oportunidad, la chiapaneca Blanca Irene López acusó segregación y triple discriminación sexual por ser pobres, mujeres e indígenas. Insistió en la presencia de traductores en las agencias del Ministerio Público y exigió “que se nos respete y deje vivir libres de violencia”.
    El indígena Margarito Caamal May, de Quintana Roo, acusó “mucha violación de Derechos Humanos” en su Estado, subrayando que los transgresores “no son extraños, sino el mismo gobierno. Refirió que en ese Estado peninsular carecen de salud, educación y maestros bilingües, explicando que los profesores que llegan “son borrachos y faltistas”. Acusó también que las cárceles de esa Entidad están llenas de indígenas inocentes, tan sólo porque no ha habido quien los defienda.
    La quintanarroense Irma Guzmán Ortiz acusó explotación laboral infantil, prostitución y trata de personas, mientras que el yucateco Edgar Francisco Peraza Chan refirió en el conversatorio que el INAH destruye impunemente sus centros ceremoniales sagrados y cuando les permiten la realización de una ceremonia, sólo les dan cinco minutos, cuando una ofrenda maya tarda hasta una hora. También acusó que las autoridades solapan a extranjeros en el robo de plantas medicinales.
    Bartolomé Alonso Caamal, de Yucatán, dijo a la asamblea que se practica la exclusión a la comunidad maya, a la que se aplican políticas asistencialistas, falta respeto a la dignidad del pueblo y se violan derechos lingüísticos.
    Finalmente, los tabasqueños José Luis Juárez Vázquez, Efrén Hernández Maldonado, Luz del Alba García Velázquez y Griselda de la Cruz Luciano señalaron discriminación a las lenguas originarias, las cuales están en proceso de extinción; también que las autoridades quieren a la comunidad indígena como una reserva folclórica, mientras que PEMEX viola sistemáticamente los derechos de territorio.
    Los indígenas tabasqueños se definieron como una especie en extinción y acusaron que la paraestatal PEMEX perfora en los Pantanos de Centla mediante tareas disfrazadas de mantenimiento.