El denunciante afirma que, a pesar de haber iniciado acciones legales en su momento, el proceso judicial ha permanecido estancado sin una resolución definitiva. Esta inacción por parte de las autoridades judiciales ha generado sospechas de corrupción y negligencia, afectando directamente los derechos de Torres Hernández y su familia.
La denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco, que ahora tiene la responsabilidad de investigar las posibles irregularidades en el manejo del caso por parte de los funcionarios judiciales involucrados. Este incidente pone en evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos judiciales en casos de maternidad subrogada y la urgencia de garantizar la transparencia y eficiencia en el sistema de justicia.
“Diez años de silencio judicial no solo representan una omisión, sino una negación de justicia que afecta profundamente a mi familia.” — Eduardo Torres Hernández.
