Advierten abogados Autoritario dar a Peña suspensión de garantías
Ciudad de México. El proyecto de ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, que pretende otorgar al presidente de la República atribuciones para decretar la suspensión de garantías y declarar un estado de excepción, no sólo tiene “un corte autoritario” sino representa un grave riesgo para los derechos humanos, señalaron los abogados Raúl Jiménez Vázquez, Netzai Sandoval y el investigador John Ackerman.
El dictamen, que ya se había votado en la Comisión de Gobernación sin cumplir la obligación de votarla en una misma reunión con la de Derechos Humanos en San Lázaro, otorga “poderes inauditos al presidente para la suspensión de garantías”, consideró Jiménez Vázquez, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
El país “está inmerso en un océano de profundas anormalidades, una grave crisis de derechos humanos y esto hace rechazable la ley reglamentaria del artículo 29, que responde a las necesidades del grupo en el poder y de las grandes trasnacionales”, dijo.
Por su parte, Sandoval expuso que la ley se inserta en un contexto de políticas militares de seguridad e implica riesgos diversos, por “el corte autoritario que cada vez más adopta el gobierno mexicano”.
Detalló algunos artículos que contiene el proyecto a discusión en la Cámara. Refirió que el 26 señala que ningún ciudadano podrá solicitar la reparación del daño, en caso de violaciones por parte del Ejército o la policía; el 25 que no será aplicable el juicio de amparo y ejemplificó que en ese caso, si una persona es incomunicada, sus familiares no podrán apelar; mientras que el 11 obliga a todas las autoridades a “coadyuvar con el titular del Ejecutivo” para asegurar el restablecimiento de la normalidad.
“Esta disposición borra la división de poderes, al obligar al Congreso de la Unión, que es un contrapeso al Ejecutivo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a someterse al presidente”, afirmó.
John Ackerman, colaborador de La Jornada, advirtió que la citada ley reglamentaria forma parte de “una trinidad perversa”, en la que se incluyen además la denominada “ley Atenco” en el Estado de México y la nueva ley de justicia militar.
