Afecta a familias IVA a comidas instantáneas
La Paz, BCS., 25 de junio.- La decisión del gobierno federal de cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16 por ciento al consumo de alimentos como tamales, molletes o sopas instantáneas que son vendidas en tiendas de conveniencia, afectará directamente el ingreso de las familias de menores recursos y puede disminuir la capacidad de pago de créditos al sistema financiero, aseguraron dirigentes de instituciones del sector de finanzas populares.
“Cobrar el IVA de 16 por ciento en ese tipo de alimentos tiene un impacto en el consumidor final, que es el que lo debe absorber”, expuso Guillermo García Colín, presidente del consejo directivo de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo), que reúne a instituciones financieras reguladas que ofrecen productos de crédito y ahorro a sectores de la población de ingreso medio y bajo.
Una disposición publicada hace dos días por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el órgano gubernamental encargado de la recaudación de impuestos federales, señala que a partir del miércoles próximo los alimentos procesados que se venden en tiendas de conveniencia (como son los Oxxo o 7-Eleven) causarán IVA 16 por ciento.
Entre los alimentos por los que los consumidores deberán pagar IVA se cuentan: tortas, chapatas, pepitos, baguettes, gorditas, quesadillas, tacos, flautas, burritos, cuernitos, empanadas, pizzas, guisos, hot dogs, alitas de pollo, molletes, hamburguesas, tamales, sopas instantáneas, nachos y sushis.
“Mis asesores financieros, que trabajan sobre el terreno, me dicen que su menú diario es pato al orange. Se comen un gansito y una Fanta”, comentó Colín García, al hablar sobre el impacto en el consumo de las familias por la aplicación del IVA en alimentos preparados que se venden en tiendas de conveniencia.
“Si hay un aumento en el impuesto a un producto que antes no lo pagaba, el consumidor final es el que lo absorbe y repercute en el ingreso de esa persona”, dijo Colín García, en el marco de la Primera convención nacional de la Amsofipo, que se realiza en esta ciudad. “Yo creo que sí puede impactar definitivamente” en el ingreso disponible de las personas”, añadió.
Al disponer de menor ingreso, una persona o familia con créditos del sistema financiero formal, ya sea bancos, microfinancieras o sociedades financieras populares, pueden enfrentar dificultades para hacer frente a los pagos por los préstamos.
La decisión del SAT de aplicar el IVA a los alimentos de consumo final en tiendas de conveniencia fue incluida en un documento llamado “tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2015”, publicada el 24 de junio y que entra en vigor el 1 de julio próximo. Esta disposición afecta a los productos que sean vendidos en tiendas de conveniencia, tiendas de cercanía, mini supers o tiendas de autoservicio, en donde los alimentos se encuentren en las áreas de comida rápida, según el documento oficial.
Quitar el fantasma de Ficrea
El presidente de la Amsofipo dijo que el sector de las entidades financieras dedicadas a atender a las clases populares debe dejar atrás “el fantasma de Ficrea”, en alusión a la entidad intervenida por el gobierno federal en noviembre pasado, por incurrir sus directivos en posibles delitos de lavado de dinero, y que operaba bajo la figura de sociedad financiera popular.
“Mucho se ha hablado de la modificación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular (que está pendiente en el Senado), la mal llamada Ley Ficrea”, dijo Colín García. “En la Amsofipo nos negamos a denominarla de esa manera, ya que hemos insistido en que eso fue un caso aislado y no refleja la actuación de las sociedades financieras populares”, apuntó.
La modificación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular se ha llamado “Ley Ficrea” porque incluye un artículo transitorio para ampliar hasta un millón de pesos el monto de recursos que los ahorradores defraudados de esa institución pueden recuperar. Actualmente, sólo están protegidos ahorros hasta por 123 mil pesos.
El caso Ficrea debe separarse para efecto de entender el mensaje de la nueva regulación que quedó pendiente de aprobación en el Senado, dijo. Entre ellos citó la definición de un nivel de operaciones único, basado en un marco de Capitalización en Riesgos; que se faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para decretar la intervención de las sociedades financieras, a través de la inclusión del apartado de Intervención y da herramientas suficientes para evitar fraudes y el traslado del fondo de protección para los ahorradores de estas sociedades al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en un periodo de 24 meses, que da la posibilidad de que el ahorrado se sienta protegido por un fondo único.
En el IPAB la protección a los ahorradores es de alrededor de dos millones de pesos (400 mil unidades de inversión), mientras que el seguro de protección de las sociedades financieras populares es de un máximo de 130 mil pesos.
La ley que está pendiente en el Senado también establece medidas de alertas tempranas, con el objeto de prevenir y en su caso, normalizar oportunamente las anomalías financieras o de cualquier índole; esto permite que los ahorradores se encuentren seguros de las sociedades financieras populares, además de que faculta a la CNBV para que además de las Visitas de Supervisión, se realicen visitas de investigación.