Agentes nos entregaron a crimen organizado: migrantes rescatados

Ante la declaración hecha con el apoyo de defensores públicos, la Procuraduría General de la República determinó que no era seguro enviar a los inmigrantes a una estación del INM, debido a la identificación de los agentes.

CIUDAD DE MÉXICO, 09 DE MAYO DEL 2011.- El Poder Judicial Federal dio a conocer que un grupo de centroamericanos que permanecían secuestrados y que fueron rescatados en Tamaulipas por las Fuerzas Armadas, señalaron a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) como las personas que los bajaron de un camión de pasajeros y los entregaron a una célula del crimen organizado. A través del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se informó que estos migrantes que pretendían llegar a Estados Unidos, forman parte de un grupo de 120 personas rescatadas en diversos operativos, y se encuentran en un lugar que determinó la Procuraduría General de la República (PGR), ya que no se consideró seguro enviarlos a las estaciones migratorias luego de la identificación de los agentes. Las víctimas rescatadas son 81 mexicanos y 39 extranjeros, principalmente centroamericanos, quienes una vez que se le liberó se les trasladó a la Ciudad de México en donde rindieron su declaración ante el Ministerio Público de la Federación. Posteriormente la PGR solicitó la intervención de los asesores en materia penal especializados en atención a víctimas del delito de secuestro. En el caso de las víctimas de origen mexicano se verificó que fueran trasladados con seguridad a sus estados de origen. El Instituto Federal de Defensoría Pública, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal que brinda orientación y representación jurídica gratuita a toda persona sin importar su nacionalidad o condición migratoria, atendió a las 120 secuestrados. El CJF informó que se trata de los primeros grupos de personas que son atendidas por el Instituto con base en los nuevos lineamientos de la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro, que entraron en vigor desde el 28 de febrero pasado, que contemplan que las víctimas u ofendidos que resulten afectados por este ilícito deben contar con la asistencia gratuita de un asesor en materia penal, designado por el Instituto Federal de Defensoría Pública. Los abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública les explicaron a las víctimas que tienen derecho a acceso médico y psicológico; apoyo durante las primeras declaraciones; intervención jurídica ante autoridades migratorias para que quienes han solicitado su estancia legal en el país; además de verificar su estancia en lugares dignos y seguros.Entre las personas atendidas se registró el caso de seis ciudadanos de origen chino, tres de ellos menores de edad, a quienes se les garantizó la presencia de un traductor para que pudieran comunicarse con los asesores del Instituto.
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