“Alarma social” como delito, busca crear temor para que no se utilicen las redes sociales para difundir noticias
La iniciativa del Ejecutivo estatal para tipificar como delito la “alarma social”, deja ver su espíritu autoritario y busca, mediante el aparato institucional, crear temor para que los ciudadanos ya no utilicen las redes sociales para difundir noticias que, a todas luces evidenciarían la incapacidad del Estado para protegerlos. Sostiene la Asociación Ecológica Santo Tomás, mediante un boletín que hizo llegar a los medios de comunicación con presencia en la entidad, como su posicionamiento ante esa ley y que firma su presidente José Manuel Arias Rodríguez “La doctrina del shock, dicen algunos: durante una crisis la sociedad será capaz de aceptar cualquier cambio, cuando se les diga que es por su seguridad”, plantea esa organización civil, entre las opiniones que vierte en torno a la propuesta del gobernador Andrés Granier.
Evidentemente, abunda, al ejecutivo estatal le ha resultado más fácil atacar las consecuencias, que la raíz del problema; ante la incapacidad del Estado de combatir una situación de inseguridad, ataca a los twiteros que han generado sus propios sistemas de información. Resulta reprobable, sostiene, que el Gobernador quiera imponer a la sociedad tabasqueña su sistema de información, un sistema de información que tiene fuertes tintes de parcialidad y de ineficiencia. También es condenable que el ejecutivo estatal pretenda cerrar las opciones de intercambio de información, en cualquier medio y fuente, con el pretexto de la seguridad pública, cuando estos mismos sistemas en los estados del norte del país están funcionando como fuente alterna de alerta, para prevenir a la ciudadanía de los lugares donde se están suscitando enfrentamientos armados. Pareciera que “en un círculo maligno”, el ejecutivo quiere cerrar la pinza de la información en Tabasco, ya que a principios de año, una secretaría dependiente del ejecutivo, desbarató al Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública, órgano garante del derecho a información pública gubernamental en Tabasco, que por cierto se ha mantenido callada en este mar de especulaciones.
Ahora, agrega Santo Tomás, nos quieren quitar nuestro derecho a generar nuestras propias fuentes de información y de escoger los medios por los cuales informarnos. Los diputados y diputadas, deben demostrar con responsabilidad su representación ciudadana, otorgada a través del voto, no dejando pasar esa iniciativa que en el fondo busca coartar el derecho que tiene la ciudadanía tabasqueña a informarse, a informar y a la libre expresión. “La sociedad no tiene porque pagar los platos rotos de la incapacidad del Estado y que la lucha contra la inseguridad no debe ser pretexto para sacrificar los derechos de la ciudadanía”. El derecho a la información es un derecho consagrado en convenios internacionales y en nuestra Carta Magna que costó más de 20 años de lucha para lograr su pleno reconocimiento en México, y en Tabasco casi una década más, destaca.
Este derecho a la información en la entidad, se está viendo en peligro a raíz de la inseguridad que priva en todo el país y se pretende coartar a raíz de lo sucedido en el municipio de Cárdenas meses atrás donde la situación llego a niveles en que se había declarado un estado de sitio de facto. Ante esos eventos, la sociedad empezó a utilizar las redes sociales como una forma de informarse e informar a la ciudadanía, y muy probablemente en ese momento se difundieron noticias no cercanas a la realidad, dice, pero también lo es que, en esos momentos no hubo un sistema de información gubernamental que informara a la sociedad cardenense sobre lo que realmente sucedía. Se quiso buscar un culpable de esa situación y el eslabón más débil fueron los usuarios de las redes sociales, así que se empezó a criminalizar a los usuarios de estas redes sociales, añade.
Evidentemente, abunda, al ejecutivo estatal le ha resultado más fácil atacar las consecuencias, que la raíz del problema; ante la incapacidad del Estado de combatir una situación de inseguridad, ataca a los twiteros que han generado sus propios sistemas de información. Resulta reprobable, sostiene, que el Gobernador quiera imponer a la sociedad tabasqueña su sistema de información, un sistema de información que tiene fuertes tintes de parcialidad y de ineficiencia. También es condenable que el ejecutivo estatal pretenda cerrar las opciones de intercambio de información, en cualquier medio y fuente, con el pretexto de la seguridad pública, cuando estos mismos sistemas en los estados del norte del país están funcionando como fuente alterna de alerta, para prevenir a la ciudadanía de los lugares donde se están suscitando enfrentamientos armados. Pareciera que “en un círculo maligno”, el ejecutivo quiere cerrar la pinza de la información en Tabasco, ya que a principios de año, una secretaría dependiente del ejecutivo, desbarató al Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública, órgano garante del derecho a información pública gubernamental en Tabasco, que por cierto se ha mantenido callada en este mar de especulaciones.
Ahora, agrega Santo Tomás, nos quieren quitar nuestro derecho a generar nuestras propias fuentes de información y de escoger los medios por los cuales informarnos. Los diputados y diputadas, deben demostrar con responsabilidad su representación ciudadana, otorgada a través del voto, no dejando pasar esa iniciativa que en el fondo busca coartar el derecho que tiene la ciudadanía tabasqueña a informarse, a informar y a la libre expresión. “La sociedad no tiene porque pagar los platos rotos de la incapacidad del Estado y que la lucha contra la inseguridad no debe ser pretexto para sacrificar los derechos de la ciudadanía”. El derecho a la información es un derecho consagrado en convenios internacionales y en nuestra Carta Magna que costó más de 20 años de lucha para lograr su pleno reconocimiento en México, y en Tabasco casi una década más, destaca.
Este derecho a la información en la entidad, se está viendo en peligro a raíz de la inseguridad que priva en todo el país y se pretende coartar a raíz de lo sucedido en el municipio de Cárdenas meses atrás donde la situación llego a niveles en que se había declarado un estado de sitio de facto. Ante esos eventos, la sociedad empezó a utilizar las redes sociales como una forma de informarse e informar a la ciudadanía, y muy probablemente en ese momento se difundieron noticias no cercanas a la realidad, dice, pero también lo es que, en esos momentos no hubo un sistema de información gubernamental que informara a la sociedad cardenense sobre lo que realmente sucedía. Se quiso buscar un culpable de esa situación y el eslabón más débil fueron los usuarios de las redes sociales, así que se empezó a criminalizar a los usuarios de estas redes sociales, añade.
