Alerta JJMP a la sociedad a cuidar la integridad de instituciones públicas
Como la destrucción de documentación oficial y la basificación de plazas para incrustar en la próxima administración estatal
Villahermosa, Tabasco, 24 de octubre.- Ante las “acciones soterradas” que denunció el lunes pasado, como la destrucción de documentación oficial y la basificación de plazas para incrustar en la próxima administración estatal a operadores políticos para desestabilizarla, el diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez alertó “a toda la sociedad de Tabasco a que se mantenga pendiente de la integridad de las instituciones públicas a las que se les pretende poner en peligro”.
También llamó a los servidores públicos “para que si se enteran (de) cualquier intención aviesa en contra del orden legal en sus centros de trabajo, bajo la protección del anonimato, acudan con nosotros para denunciar lugares, fechas y nombres de quienes son partícipes de estos actos que atentan contra los principios democráticos.”
Desde la tribuna legislativa, dijo que el gobierno estatal debe poner en claro su voluntad por una transición republicana, ordenada y pacífica, y que en ese sentido no se toleren acciones contrarias a las expresadas por el titular del Poder Ejecutivo.
“Estamos en una hora de definiciones, en que nos toca ser coherentes y firmes en la defensa de la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas por la que tanto ha luchado la sociedad civil de Tabasco, a fin de dejar atrás la corrupción y la impunidad que tanto daño ha causado a las justas esperanzas de progreso de los tabasqueños”, expuso.
Martínez Pérez volvió a referirse al plan que se ha puesto en marcha para destruir información sensible en varias dependencias públicas, principalmente en aquellas en las que se han denunciado presuntos actos de corrupción y una serie de irregularidades en el manejo del presupuesto.
Indicó que estas acciones tienen como objetivo crear condiciones de inestabilidad en la gobernabilidad política y en la eficacia administrativa del gobierno que iniciará el 1 de enero de 2013, sin importarles que el pueblo le ha dado su confianza a un nuevo régimen político y que ahora exige honestidad, democracia, respeto a la ley y justicia, mismas virtudes que le fueron regateadas en los últimos seis años.
Apuntó que el plan de sindicalización, que sería respetable si no comprendiera un objetivo de desestabilización política, es el reclutamiento y sometimiento de diversas personas que laboran en las áreas políticas o financieras sensibles del gobierno, así como perpetuar en sus funciones y cargos a incondicionales e informantes que les servirán para infiltrar los programas y proyectos estratégicos del nuevo gobierno.
También llamó a los servidores públicos “para que si se enteran (de) cualquier intención aviesa en contra del orden legal en sus centros de trabajo, bajo la protección del anonimato, acudan con nosotros para denunciar lugares, fechas y nombres de quienes son partícipes de estos actos que atentan contra los principios democráticos.”
Desde la tribuna legislativa, dijo que el gobierno estatal debe poner en claro su voluntad por una transición republicana, ordenada y pacífica, y que en ese sentido no se toleren acciones contrarias a las expresadas por el titular del Poder Ejecutivo.
“Estamos en una hora de definiciones, en que nos toca ser coherentes y firmes en la defensa de la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas por la que tanto ha luchado la sociedad civil de Tabasco, a fin de dejar atrás la corrupción y la impunidad que tanto daño ha causado a las justas esperanzas de progreso de los tabasqueños”, expuso.
Martínez Pérez volvió a referirse al plan que se ha puesto en marcha para destruir información sensible en varias dependencias públicas, principalmente en aquellas en las que se han denunciado presuntos actos de corrupción y una serie de irregularidades en el manejo del presupuesto.
Indicó que estas acciones tienen como objetivo crear condiciones de inestabilidad en la gobernabilidad política y en la eficacia administrativa del gobierno que iniciará el 1 de enero de 2013, sin importarles que el pueblo le ha dado su confianza a un nuevo régimen político y que ahora exige honestidad, democracia, respeto a la ley y justicia, mismas virtudes que le fueron regateadas en los últimos seis años.
Apuntó que el plan de sindicalización, que sería respetable si no comprendiera un objetivo de desestabilización política, es el reclutamiento y sometimiento de diversas personas que laboran en las áreas políticas o financieras sensibles del gobierno, así como perpetuar en sus funciones y cargos a incondicionales e informantes que les servirán para infiltrar los programas y proyectos estratégicos del nuevo gobierno.
