MÉXICO, DF., 2 de abril (Proceso).- Entrampado en su arbitrariedad, el gobierno de Felipe Calderón fue emplazado por el Poder Judicial para que explique con precisión los criterios legales a partir de los cuales distribuye la publicidad oficial, rubro al que ha canalizado casi 19 mil millones de pesos en lo que va del sexenio.
Por primera vez una resolución judicial conmina a la autoridad federal a esclarecer la forma en que distribuye los recursos públicos destinados a la publicidad oficial, considerada por los principios internacionales como información gubernamental y no como una concesión de las autoridades en turno.
Emitido el 16 de marzo pasado, el emplazamiento es resultado de un amparo promovido por Proceso contra la “explicación” de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) respecto de las normas a partir de las cuales contrata publicidad en los medios impresos, la fundamentación jurídica para que la revista haya dejado de recibir anuncios de esa institución durante el actual gobierno y los criterios que la publicación debe cumplir para obtener anuncios de esa dependencia.
Información similar fue requerida por la revista a 23 dependencias federales entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 2010 mediante un cuestionario de cinco preguntas elaborado al amparo del derecho de petición previsto en el artículo octavo de la Constitución. Sólo 18 contestaron.
Lo hicieron de forma idéntica: enviaron un machote con la firma de los respectivos directores de Comunicación Social.
Por primera vez una resolución judicial conmina a la autoridad federal a esclarecer la forma en que distribuye los recursos públicos destinados a la publicidad oficial, considerada por los principios internacionales como información gubernamental y no como una concesión de las autoridades en turno.
Emitido el 16 de marzo pasado, el emplazamiento es resultado de un amparo promovido por Proceso contra la “explicación” de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) respecto de las normas a partir de las cuales contrata publicidad en los medios impresos, la fundamentación jurídica para que la revista haya dejado de recibir anuncios de esa institución durante el actual gobierno y los criterios que la publicación debe cumplir para obtener anuncios de esa dependencia.
Información similar fue requerida por la revista a 23 dependencias federales entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 2010 mediante un cuestionario de cinco preguntas elaborado al amparo del derecho de petición previsto en el artículo octavo de la Constitución. Sólo 18 contestaron.
Lo hicieron de forma idéntica: enviaron un machote con la firma de los respectivos directores de Comunicación Social.
