Analizará el sol azteca iniciativa del Ejecutivo sobre “alarmas sociales”
A fin de que no se atente contra la libertad de expresión, señaló el coordinador parlamenentario perredista
VILLAHERMOSA, TABASCO, 7 DE SEPTIEMBRE.- El coordinador parlamentario del PRD, Juan José Martínez Pérez, dijo que su bancada analizará detenidamente la iniciativa que envió el Ejecutivo estatal para tipificar como delito la “alarma sociales” en medios de comunicación y las redes sociales, a fin de que no se atente contra la libertad de expresión. Ante los señalamientos de los últimos días, hechos por diversos actores políticos y organismos empresariales, de que esa propuesta atenta contra esa garantía plasmada en la Constitución federal, señaló que, de ser necesario, se abrirá una amplia consulta ciudadana para saber qué piensan los tabasqueños de esta iniciativa.
Martínez Pérez aseguró que todavía no cuenta con una copia de la iniciativa de reforma al artículo 367 del Código Penal del Estado, pero ofreció que en cuanto la tenga “vamos analizar ese tema, vamos a checar a profundidad lo que se viene mencionando que con eso de la alarma social se busca coartar la libertad de expresión”. Por otro lado, el líder de la bancada del PRD criticó al presidente de la Junta de Coordinación Política, José Carlos Ocaña Becerra, por no haberlo invitado a la reunión que sostuvo con empresarios de la industria de la construcción, ayer en el Congreso local.
La reprochó su falta de sensibilidad política porque a él le hubiera gustado haber participado en esa reunión en la que los constructores presentaron tres propuestas para reactivar ese sector. “No estuve presente porque no me invitaron, eso que soy el presidente de la Comisión de Obras Públicas”, se quejó Martínez Pérez. Acerca de los adeudos que varios ayuntamientos tienen con contratistas, a quienes les deben aproximadamente 35 millones de pesos, el legislador perredista consideró necesario reformar la Ley Orgánica Municipal para establecer en esa norma la obligatoriedad de los alcaldes salientes de finiquitar las deudas contraídas con contratistas.
Sin embargo, dijo el líder parlamentario, estamos supeditados a lo que diga la mayoría del PRI en el Congreso local, e indicó que el PRD está en la mejor disposición de entrarle a este caso, “porque sí es una demanda concurrente de los constructores, por los adeudos que dejan los alcaldes salientes a las nuevas administraciones, y los perjudicados, en todo sentido son ellos, que por ser deudas institucionales están a expensas de que la administración actual quiera pagar”
Martínez Pérez aseguró que todavía no cuenta con una copia de la iniciativa de reforma al artículo 367 del Código Penal del Estado, pero ofreció que en cuanto la tenga “vamos analizar ese tema, vamos a checar a profundidad lo que se viene mencionando que con eso de la alarma social se busca coartar la libertad de expresión”. Por otro lado, el líder de la bancada del PRD criticó al presidente de la Junta de Coordinación Política, José Carlos Ocaña Becerra, por no haberlo invitado a la reunión que sostuvo con empresarios de la industria de la construcción, ayer en el Congreso local.
La reprochó su falta de sensibilidad política porque a él le hubiera gustado haber participado en esa reunión en la que los constructores presentaron tres propuestas para reactivar ese sector. “No estuve presente porque no me invitaron, eso que soy el presidente de la Comisión de Obras Públicas”, se quejó Martínez Pérez. Acerca de los adeudos que varios ayuntamientos tienen con contratistas, a quienes les deben aproximadamente 35 millones de pesos, el legislador perredista consideró necesario reformar la Ley Orgánica Municipal para establecer en esa norma la obligatoriedad de los alcaldes salientes de finiquitar las deudas contraídas con contratistas.
Sin embargo, dijo el líder parlamentario, estamos supeditados a lo que diga la mayoría del PRI en el Congreso local, e indicó que el PRD está en la mejor disposición de entrarle a este caso, “porque sí es una demanda concurrente de los constructores, por los adeudos que dejan los alcaldes salientes a las nuevas administraciones, y los perjudicados, en todo sentido son ellos, que por ser deudas institucionales están a expensas de que la administración actual quiera pagar”
