ANJ: acredita la CNDH que ventanas de alivio causaron daños al patrimonio de tabasqueños
La resolución del organismo humanitario sienta un precedente importante y señala responsabilidades administrativas y penales de servidores públicos federales y estatales, quienes violaron derechos humanos y actuaron con negligencia en la emergencia del 2010, considera el Vicepresidente del Senado de la República
VILLAHERMOSA, TABASCO, 10 DE NOVIEMBRE.- La recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sienta un precedente importante, porque confirma que las obras de emergencia que llevó a cabo la CONAGUA para hacer frente a la contingencia del 2010, causaron daños y perjuicios a miles de tabasqueños, que ahora deberán ser indemnizados, consideró el Vicepresidente del Senado de la República, Arturo Núñez Jiménez.
Calificó el resolutivo como un acto de justicia, el segundo que se emite en el país en materia de derechos humanos de naturaleza económica y social, y ratifica lo que en su momento el PRD denunció en el sentido de que el organismo federal, con el respaldo del gobierno del estado, actuó “sin cumplir con los más elementales procedimientos administrativos y violando derechos humanos, que es lo que acredita la recomendación de la CNDH.”
El organismo humanitario dirigió la recomendación a la CONAGUA, al Gobierno de Tabasco y a ocho ayuntamientos del estado, y pide que se indemnice, por los daños y perjuicios causados, a más de cinco mil personas de comunidades de los municipios de Centro, Cárdenas, Centla, Cunduacán, Huimanguillo, Paraíso, Jalpa de Méndez y Nacajuca, con la apertura de las ventanas de alivio, que se abrieron sin decir “agua va”.
El Senador del PRD destacó que este resarcimiento no sólo será para quienes interpusieron la queja, sino para todos aquellos que fueron afectados por las obras de emergencia, y lo acrediten conforme al procedimiento administrativo que deberá establecerse en caso de que las autoridades involucradas acepten la recomendación. También resaltó la decisión de la CNDH de presentar denuncias ante las procuradurías General de la República y General de Justicia de Tabasco, en contra de servidores públicos federales y estatales por la comisión de presuntos actos delictivos cometidos durante el desalojo de ciudadanos de sus viviendas.
Los cuerpos policiacos federales y estatales implicados en la recomendación, recurrieron al uso de la fuerza pública para desalojar a la gente, de madrugada en algunos casos, “sin el procedimiento previo de aviso, sin hacerlo legalmente, por lo que se tendrán que abrir las averiguaciones previas correspondientes”, dijo. Núñez Jiménez ponderó también que, a la par de las denuncias penales, la CNDH ha solicitado además, a las instancias correspondientes, que se apliquen sanciones administrativas en contra de esos servidores públicos, “por no cumplir con los procedimientos de ley y violar derechos humanos”.
El legislador tabasqueño consideró que la recomendación es de mucha trascendencia para el estado, porque pide a la CONAGUA que contrate un seguro para las zonas de alto riesgo de inundación y esté en condiciones de cubrir los daños y perjuicios que ocasionen las contingencias y las obras que realiza en territorio estatal. No sólo eso, sino que ordena que capaciten a funcionarios federales, estatales y municipales en materia de derechos humanos y protección civil, porque en la recomendación la CNDH acreditó que “no saben atender y manejar a la población en situaciones de emergencia”.
Esta resolución, dijo Núñez Jiménez, acredita fehacientemente el daño en la seguridad jurídica, en el patrimonio, en los bienes de las personas que resultaron afectadas por las obras de la CONAGUA, las cuales se ejecutaron con el apoyo de los gobiernos estatal y municipales. Hay una narración detallada de todo lo que tenía que haberse hecho y no se hizo, como la compuerta de El Macayo, cuya obra debió concluirse en el 2006 y hasta la fecha sigue inconclusa, agregó.
En suma, puntualizó, en la recomendación se acreditan que hubo omisiones, responsabilidades administrativas, seguramente hasta penales, y por eso la CNDH pide que se consignen los hechos antes los órganos de control interno, para ver qué procede y se sancione a los servidores públicos que han omitido el cumplimiento de los planes y programas hechos por la CONAGUA.
Calificó el resolutivo como un acto de justicia, el segundo que se emite en el país en materia de derechos humanos de naturaleza económica y social, y ratifica lo que en su momento el PRD denunció en el sentido de que el organismo federal, con el respaldo del gobierno del estado, actuó “sin cumplir con los más elementales procedimientos administrativos y violando derechos humanos, que es lo que acredita la recomendación de la CNDH.”
El organismo humanitario dirigió la recomendación a la CONAGUA, al Gobierno de Tabasco y a ocho ayuntamientos del estado, y pide que se indemnice, por los daños y perjuicios causados, a más de cinco mil personas de comunidades de los municipios de Centro, Cárdenas, Centla, Cunduacán, Huimanguillo, Paraíso, Jalpa de Méndez y Nacajuca, con la apertura de las ventanas de alivio, que se abrieron sin decir “agua va”.
El Senador del PRD destacó que este resarcimiento no sólo será para quienes interpusieron la queja, sino para todos aquellos que fueron afectados por las obras de emergencia, y lo acrediten conforme al procedimiento administrativo que deberá establecerse en caso de que las autoridades involucradas acepten la recomendación. También resaltó la decisión de la CNDH de presentar denuncias ante las procuradurías General de la República y General de Justicia de Tabasco, en contra de servidores públicos federales y estatales por la comisión de presuntos actos delictivos cometidos durante el desalojo de ciudadanos de sus viviendas.
Los cuerpos policiacos federales y estatales implicados en la recomendación, recurrieron al uso de la fuerza pública para desalojar a la gente, de madrugada en algunos casos, “sin el procedimiento previo de aviso, sin hacerlo legalmente, por lo que se tendrán que abrir las averiguaciones previas correspondientes”, dijo. Núñez Jiménez ponderó también que, a la par de las denuncias penales, la CNDH ha solicitado además, a las instancias correspondientes, que se apliquen sanciones administrativas en contra de esos servidores públicos, “por no cumplir con los procedimientos de ley y violar derechos humanos”.
El legislador tabasqueño consideró que la recomendación es de mucha trascendencia para el estado, porque pide a la CONAGUA que contrate un seguro para las zonas de alto riesgo de inundación y esté en condiciones de cubrir los daños y perjuicios que ocasionen las contingencias y las obras que realiza en territorio estatal. No sólo eso, sino que ordena que capaciten a funcionarios federales, estatales y municipales en materia de derechos humanos y protección civil, porque en la recomendación la CNDH acreditó que “no saben atender y manejar a la población en situaciones de emergencia”.
Esta resolución, dijo Núñez Jiménez, acredita fehacientemente el daño en la seguridad jurídica, en el patrimonio, en los bienes de las personas que resultaron afectadas por las obras de la CONAGUA, las cuales se ejecutaron con el apoyo de los gobiernos estatal y municipales. Hay una narración detallada de todo lo que tenía que haberse hecho y no se hizo, como la compuerta de El Macayo, cuya obra debió concluirse en el 2006 y hasta la fecha sigue inconclusa, agregó.
En suma, puntualizó, en la recomendación se acreditan que hubo omisiones, responsabilidades administrativas, seguramente hasta penales, y por eso la CNDH pide que se consignen los hechos antes los órganos de control interno, para ver qué procede y se sancione a los servidores públicos que han omitido el cumplimiento de los planes y programas hechos por la CONAGUA.
