Aprobación de cuentas públicas no exime de responsabilidades a ex funcionarios: ANJ
OMAR POLICRONIADES
Villahermosa, Tab., 22 de enero/ La investigación en contra del ex gobernador Andrés Granier y sus colaboradores, por presuntos actos de corrupción, no solamente es del último año de la pasada administración, sino que es de todo el sexenio y aunque estén aprobadas las cuentas públicas de años anteriores, no los absuelve de las responsabilidades políticas, administrativa y sobre todo penal, aseguró ayer el gobernador el gobernador Arturo Núñez Jiménez. “Si se aprueba la cuenta pública, no quiere decir que si luego aparece un delito, ya no se pueda hacer nada. ¡No! Es una vía diferente, es la vía penal. Si se encuentra una falta administrativa, no es que ya no se pueda hacer nada, porque ya se aprobó la cuenta, esas tienen otro tipo de caducidad”, puntualizó.
Abordado, entorno a la investigación que ha iniciado la Secretaría de Contraloría, en contra de la ex secretaría de Educación, Rosa Beatriz Luque, sin dar más detalles, dijo que hay otros ex funcionarios en la mira que también serán denunciados y aseguró, que será una “larga batalla jurídica” que emprenderán las autoridades estatales. Precisó, que son los seis años de la administración de Andrés Granier, los que serán investigados por presuntos actos de corrupción, de manera independiente del proceso anual de revisión y aprobación de las cuentas públicas. Puntualizó, que cada de las responsabilidades a la que pueden ser sometidos los ex funcionarios, tiene sus propios tiempos; “la política es la que generalmente tiene un año, porque la aprueba un órgano político, (como) la cuenta pública que la aprueba el Congreso; la administrativa tiene trámites ante la Contraloría, ante los tribunales si es que se van a querella y la penal ante las procuradurías”, Mientras que en materia penal, el gobernador explicó que no aplica el principio de anualidad, porque dependiendo de la penalidad es la prescripción del delito.
“Vamos a suponer un delito A, se puede castigar mínimo de dos años de prisión máximo de 10, entonces la caducidad es el promedio de años, si 2 el mínimo y 10 el máximo, suman 12 años y la mitad es seis años. Durante Seis años se pueden fi ncar o fi jar responsabilidades de orden penal, porque pasado los seis años, entonces si ya precluyó la acción penal, ya no se puede hacer nada, pero no tiene nada que ver con el principio de anualidad que es un principio de rendición de cuentas en lo político y parcialmente en lo administrativo”, manifestó. Adelantó, que será una “larga batalla jurídica” la que emprenderán las autoridades estatales en el proceso que abrirán en contra de ex funcionarios estatales, porque “el presunto responsable o responsable, tiene medios de defensa jurídica para solventar su caso. Puede irse a la vía administrativa, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y al agotar ese vía, puede irse al amparo. Tiene recurso, es una batalla larga jurídicamente hablando”.
Villahermosa, Tab., 22 de enero/ La investigación en contra del ex gobernador Andrés Granier y sus colaboradores, por presuntos actos de corrupción, no solamente es del último año de la pasada administración, sino que es de todo el sexenio y aunque estén aprobadas las cuentas públicas de años anteriores, no los absuelve de las responsabilidades políticas, administrativa y sobre todo penal, aseguró ayer el gobernador el gobernador Arturo Núñez Jiménez. “Si se aprueba la cuenta pública, no quiere decir que si luego aparece un delito, ya no se pueda hacer nada. ¡No! Es una vía diferente, es la vía penal. Si se encuentra una falta administrativa, no es que ya no se pueda hacer nada, porque ya se aprobó la cuenta, esas tienen otro tipo de caducidad”, puntualizó.
Abordado, entorno a la investigación que ha iniciado la Secretaría de Contraloría, en contra de la ex secretaría de Educación, Rosa Beatriz Luque, sin dar más detalles, dijo que hay otros ex funcionarios en la mira que también serán denunciados y aseguró, que será una “larga batalla jurídica” que emprenderán las autoridades estatales. Precisó, que son los seis años de la administración de Andrés Granier, los que serán investigados por presuntos actos de corrupción, de manera independiente del proceso anual de revisión y aprobación de las cuentas públicas. Puntualizó, que cada de las responsabilidades a la que pueden ser sometidos los ex funcionarios, tiene sus propios tiempos; “la política es la que generalmente tiene un año, porque la aprueba un órgano político, (como) la cuenta pública que la aprueba el Congreso; la administrativa tiene trámites ante la Contraloría, ante los tribunales si es que se van a querella y la penal ante las procuradurías”, Mientras que en materia penal, el gobernador explicó que no aplica el principio de anualidad, porque dependiendo de la penalidad es la prescripción del delito.
“Vamos a suponer un delito A, se puede castigar mínimo de dos años de prisión máximo de 10, entonces la caducidad es el promedio de años, si 2 el mínimo y 10 el máximo, suman 12 años y la mitad es seis años. Durante Seis años se pueden fi ncar o fi jar responsabilidades de orden penal, porque pasado los seis años, entonces si ya precluyó la acción penal, ya no se puede hacer nada, pero no tiene nada que ver con el principio de anualidad que es un principio de rendición de cuentas en lo político y parcialmente en lo administrativo”, manifestó. Adelantó, que será una “larga batalla jurídica” la que emprenderán las autoridades estatales en el proceso que abrirán en contra de ex funcionarios estatales, porque “el presunto responsable o responsable, tiene medios de defensa jurídica para solventar su caso. Puede irse a la vía administrativa, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y al agotar ese vía, puede irse al amparo. Tiene recurso, es una batalla larga jurídicamente hablando”.
