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La Verdad del Sureste

Aprueba Congreso Ley de Responsabilidad para que el Estado indemnice a ciudadanos


Sesión del Congreso del Estado del día 22 de marzo de 2023. (Foto: Tomás Rivas)
Sesión del Congreso del Estado del día 22 de marzo de 2023. (Foto: Tomás Rivas)
VILLAHERMOSA, TABASCO. El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad -con 32 votos a favor y cero en contra- expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco y sus Municipios, la cual obliga legalmente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 17 ayuntamientos y órganos autónomos que incurran en irregularidades por acción u omisión a indemnizar a los ciudadanos que resulten afectados por esos hechos.
El dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que resultó de una conjunción de las iniciativas del gobernador Carlos Merino Campos y la diputada Soraya Pérez Munguía, se aprobó con los votos de diputados de Morena, PRD, PRI y PVEM. La nueva legislación entrará en vigor una vez que el decreto sea publicado en el periodico oficial del estado.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Ana Isabel Nuñez de Dios (Morena), destacó la voluntad política del gobernador Merino Campos para proponer esta ley, con lo que se cumple con un mandato constitucional y se termina una deuda que se tenía con los tabasqueños.
Manifestó que la opinión de algunos alcaldes en relación a que esta legislación impactará de forma fuerte en el presupuesto de los ayuntamientos “no puede tampoco ser un impedimento para que se emitiera dicha ley”.
Por su parte, la diputada del PRI, Soraya Pérez Munguía, manifestó que con esta ley los ciudadanos podrán demandar para exigir que se les indemnice cuando sean afectados por alguna obra pública, en los casos en que sus automóviles sean dañados por calles en malas condiciones o cuando el agua que llega a sus hogares sea de mala calidad, y otras situaciones.
Dijo que lo siguiente es “socializar” la nueva ley para que los tabasqueños la conozcan y sepan que pueden interponer recursos legales para que sean indemnizados cuando sean afectados por dependencias estatales, municipales e instituciones autónomas.
Cabe señalar que los ayuntamientos han señalado que esta ley podría causarles un impacto presupuestal, pues tendrían que destinar recursos públicos al pago de las indemnizaciones
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