“EL ARCA”

Es altamente contradictorio que sea en el primer cuarto del siglo 21 y cuando aparentemente México navega en las aguas de la globalización, el Gobierno Federal introduzca al país al nada edificante fenómeno regresivo de la recentralización del poder. La historia da cuenta que durante la dictadura porfirista, el poder radicaba en la figura presidencial, situación que continuó dándose hasta mediados del siglo 20, hasta que la Federación  empezó a delegar funciones a los estados y municipios.
    Sin embargo, el camino asumido ahora es el de la regresión, es decir, se están retomando las viejas rutas que en aras de la democracia se habían desechado por obsoletas e ineficaces, para asumir  de nueva cuenta el control de las  funciones que dentro del marco de la descentralización la Federación se habían desprendido, para dejarles el manejo a los gobiernos estatales y municipales. Esto se antoja peligroso hablando democráticamente,  porque se atenta contra el federalismo.
    No debemos soslayar que si en el siglo X1X se plasmó en las constituciones liberales una forma de gobierno republicana y liberal con tres poderes públicos –Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, ahora en pleno el siglo XX1 la nueva Constitución se asemeja más a tres poderes y medio: los tradicionales más una suma de autonomías que en conjunto son una fuerza significativa cuyo control depende única y exclusivamente del Ejecutivo Federal, lo cual se asemeja a un proceso de succión que lleva a cabo la Federación, presuntamente para limitar el abuso del poder o la ineficacia de algunos gobiernos estatales y municipales. Sin embargo, no se debe generalizar porque en Tabasco actualmente las cosas se están haciendo diferente, es decir, dentro de los causes de la legalidad. Se trata pues de una tendencia recentralizadora que avanza, lenta y disfrazadamente como una real amenaza a la democracia y al federalismo.
    En materia electoral, a la Federación le sirvió de excusa la tentación en que cayeron los gobiernos estatales de usar para otros fines los recursos públicos destinados para organizar comicios locales y de manipular, inclusive, el aparato estatal –como había venido sucediendo en Tabasco- para beneficiar a  determinados candidatos. Ahora, será a través del INE (antes IFE), que se organizarán los procesos electorales de las entidades federativas y será el Senado quien designe a los consejeros de los órganos locales, revistiendo a la nueva organización de autonomía, pero, claro, en la práctica sujeta a la decisión presidencial. Hay que reconocer que México es el clásico ejemplo de un país donde dónde por décadas la organización electoral fue controlada por el Gobierno a través de la Secretaría de Gobernación. Ese control fue usado casi siempre para beneficiar a los candidatos oficiales, restringiendo el pluralismo. El resurgimiento del IFE en 1990 y su autonomía constitucional  a partir de 1996, permitió nivelar las condiciones de competencia y facilitar la alternancia política.
    Lo difícil es aceptar que el INE se desprenda, así por así, del control presidencial, cuando aún persisten en el partido dominante las viejas prácticas de imponer por sobre la voluntad popular a candidatos a modo, sobre todo cuando las reglas de esa reforma han sido impuestas por el Senado, controlado por el PRI.
    Al parecer, lo que se está haciendo es desvirtuar la ida original de contar con órganos autónomos dirigidos por ciudadanos profesionales ajenos a intereses políticos, para que temporalmente asumieran cargos de dirección. Empero, la multiplicación de las autonomías y su crecimiento burocrático, esos cargos temporales se han convertido en puestos políticos de tiempo completo que estimulan vivir del presupuesto, como lo hacen los políticos que salta de un cargo a otro para no desprenderse de su adicción de vivir de  la ubre presupuestal.
    Opinamos que la fragmentación del Estado Mexicano que ocasiona la redescentralización de funciones no es el camino para corregir las deficiencias de los gobiernos federales anteriores. Tampoco es el camino para corregir o aminorar problemas de desempeño o de poca rendición de cuentas  de los gobiernos estatales y municipales, porque con ello no se mitigará el déficit  de la mala gobernanza, sino simplemente se esconde o disimula. Redecentralizar las funciones públicas, insistimos, no estimula el desarrollo políticos local ni ayuda a construir los pesos y contrapesos democráticos, única medida para combatir el abuso de poder o la poca eficacia de los gobiernos estatales, pero sobre todo, porque se estimula el control central del poder en una sola figura; El Presidencialismo. *Presidente de la Asociación de Abogados Progresistas de Tabasco, A.C.
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