El arca/ RENUNCIA EXTEMPORANEA

El procurador Gregorio Romero Tequextle tardó mucho en renunciar a ese cargo, pues su incompetencia por darle al pueblo justicia pronta y expedita fue palpable y sufrida por la sociedad tabasqueña. Su nombramiento fue, tanto incongruente como erróneo. Su inteligencia se neutralizó por completo por desconocer la práctica del litigio en materia penal y, esperamos, que el Gobierno de la Alternancia no se equivoque en lo mismo, pues quien llegue a ese cargo deberá conocer a fondo los recovecos, por no decir, los vicios, que existen en la procuración de justicia. No se necesita ser una eminencia para conocer de qué pie cojea la justicia en Tabasco. Por demás, su renuncia no deja de ser dudosa o por motivos insospechables. No es aventurado afirmar que la falta de una procuración de justicia pronta y expedita fue parte del talón de Aquiles de la administración gubernamental por fenecer. Hay que reconocer que existió el interés por cumplir con ese mandato; pero nunca logró establecerse un sistema que no solo extirpara los vicios, las deficiencias y la corrupción ya imperantes en el seno de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), sino que éstos se acrecentaron desmedidamente en menoscabo de la sociedad. Muestra palpable de lo anterior fue la reiterada demanda colectiva que al respecto recibió por parte de los tabasqueños durante su recorrido electoral por la entidad el hoy gobernador electo, LIC. ARTURO NUÑEZ JIMENEZ, en el sentido de que al asumir el cargo se avocara a la realización de acciones que garantizaran una pronta y expedita impartición de justicia, que permitieran al gobernado recuperar la confianza en esa Institución. Adelantamos que debe ser propósito fundamental del nuevo gobierno que entrará en funciones el primero de enero próximo, iniciar acciones encaminadas al diseño de un nuevo sistema de procuración de justicia verdaderamente pronta y expedita, que contemple no solo acabar con esos vicios, sino que le devuelva la reclamada confianza a la ciudadanía y destierre la conciencia de escepticismo que la gente tiene hoy de la PGJ. En efecto, INEQUIDAD, IMPUNIDAD y CORRUPCION fueron características negativas del gobierno de Granier que todavía campean en el aparato de justicia administrativa, donde la regla fue, y seguirá siendo si la alternancia no pone el remedio, ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, de acuerdo a sus posibilidades económicas, a su padrinazgo o recomendación, amen de la retardación injustificada en la recepción, integración y determinación de las averiguaciones previas, deficiencias que en la mayoría de los casos provoca en el ofendido o agraviado el desaliento y la frustración y por ende el abandono de los trámites, lo que produce que un elevado porcentaje de los asuntos iniciados terminen archivados o enviados a reserva, facilitándole al infractor de la norma evadir la acción de la justicia. No se que hayan diseñado en materia de justicia las celebridades que participaron en esa materia dentro del proyecto de integración del nuevo plan estatal de desarrollo, pero estoy seguro que han de haber considerado la urgencia de simplificar el trámite o integración de las averiguaciones previas, recepcionando en una misma comparecencia la denuncia o querella del ofendido, la declaración de testigos, ordenar inspecciones y peritajes, así como girar citatorio al probable responsable, para evitarle al ciudadano la pérdida de tiempo, frustración e impotencia, al ver que no los ampara la acción de la justicia. Coincidimos con otras organizaciones hermanas de profesionales del derecho, de que es necesario democratizar la PGJ en Tabasco y este respecto se propone la ciudadanización de la justicia mediante un órgano representativo de la sociedad que podría denominarse PROCURADURÍA CIUDADANA, que no solo aplauda y avale las acciones, a veces equivocadas, del Gobierno, sino que también sea coadyuvante en la impartición de una justicia pronta y expedita, otorgándole amplias facultades para opinar, vigilar y cuestionar a la institución cuando el caso lo amerite. No soslayamos, desde luego, que la prevención del delito debe ser una realidad permanente que penetre en todos los estratos sociales y educativos, para evitar que niños y jóvenes se vuelvan delincuentes en la temprana edad de su vida. *[email protected] *Presidente de la Asociación de Abogados Progresistas, A. C.