ASF y PGR daran soluciona nueve demandes penales presentadas en contra de la Conagua
Será la Auditoria Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República que den solución definitiva a las nueve demandas penales que presentó la fiscalizadora federal, en contra de la delegación de la Comisión Nacional del Agua de Tabasco, en relación al desvió de 78 millones de pesos del presupuesto del 2009.
Afirmó el dirigente del Movimiento Ecologista de Tabasco, Javier Torres y declaró que los funcionarios de la Conagua local mantienen su decisión de no ratificar esas nueve demandas, por lo que de ser necesario, la Auditoria Superior de la Fiscalización podría llamarlos para que expliquen porque no lo han hecho. Esa es la razón de la presencia del órgano auditor en Tabasco, “no está de día de campo”, sino para investigar las anomalías y malversación de fondos, detectadas por la ASF. La Conagua tiene hasta febrero, como fecha límite, para dar a conocer sus conclusiones, aseguró. Javier Torres afirmó que para enfrentar las investigaciones que enfrente, la Conagua Tabasco se ha blindado, incluso ha venido a reclamar la razón, cuando las evidencias y los daños están ahí. Se han cerrado en cuanto a dar a conocer los nombres de los funcionarios involucrados, de lo que si hay certeza es que el ex delegado de Conagua Omar Celin Kamukay, “es el cabecilla” de toda esa operación de malversación, sostuvo. Cuestionado en relación al asunto de l pago a los afectados por las obras hidráulicas en la zona del Tintillo, Javier Torres afirmó que hasta el momento, ninguno de los propietarios de los terrenos afectados por la invasión de sus terrenos con las obras de Conagua y por el agua de las inundaciones, han recibido ningún pago. Se corrió el rumor de que el 20 de agosto pasado, la Conagua entregaría, los primeros pagos, pero fue mentira y la Secretaria de Gobernación nos informó que no se han pagado dichas afectaciones. Varios ejidatarios afectados han sido engañados, afirmó, luego de que ocuparon sus terrenos, con dolo y maña la Conagua firmó convenios con ellos; dichos acuerdos son totalmente ilegales porque no se incluyó fecha de pago en los mismos. Nosotros contabilizamos a 15 personas directamente afectados, entre propietarios y ejidatarios en esa situación, a los cuales incluso con engaños, se les hizo firmar esos convenios, casi en forma secreta, ni siquiera les dieron una copia.
La Ley Agraria establece que cuando se hacen obras públicas en tierras ejidales, primero primero tiene que expropiarse, posteriormente se hacen los avalúos y se paga, pero la Conagua, de manera arbitraria y violenta ha hecho todo lo contrario, aprovechándose de la ignorancia de los pobladores
“Entra, hace la obra y los daños y luego firman convenios que no cumplen”. En la Procuraduría Agraria, a petición de Metab, dijo siguen su curso varias demandas en contra de esa ilegalidad, dijo. Mencionó el dirigente de Metab que el monto de las afectaciones entre ejidatarios afectados en esa zona es de arriba de 180 millones de pesos, no contando los perjuicios que les ha ocasionado la ocupación del agua en alrededor de 5 mil hectáreas de terrenos. Por otra parte, Javier Torres denuncio que el Instituto de Vivienda de Tabasco, está repartiendo paquetes de lámina y de construcción, presuntamente a las familias afectadas por las inundaciones, pero de manera desordenada e irregular, ya que los beneficiados se están quejando de que los paquetes no están completos. Se le preguntó si esas acciones se realizan con recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) a lo cual respondió que la delegación de Sedesol informó que no era un programa de ellos pero si que tiene que vigilarlo.
Ni Sedesol, ni el gobierno del estado han hecho del conocimiento de la autoridad competente ese reparto de apoyos, lo cual está dando paso a una serie de problemas de corrupción y rapiña.
Afirmó el dirigente del Movimiento Ecologista de Tabasco, Javier Torres y declaró que los funcionarios de la Conagua local mantienen su decisión de no ratificar esas nueve demandas, por lo que de ser necesario, la Auditoria Superior de la Fiscalización podría llamarlos para que expliquen porque no lo han hecho. Esa es la razón de la presencia del órgano auditor en Tabasco, “no está de día de campo”, sino para investigar las anomalías y malversación de fondos, detectadas por la ASF. La Conagua tiene hasta febrero, como fecha límite, para dar a conocer sus conclusiones, aseguró. Javier Torres afirmó que para enfrentar las investigaciones que enfrente, la Conagua Tabasco se ha blindado, incluso ha venido a reclamar la razón, cuando las evidencias y los daños están ahí. Se han cerrado en cuanto a dar a conocer los nombres de los funcionarios involucrados, de lo que si hay certeza es que el ex delegado de Conagua Omar Celin Kamukay, “es el cabecilla” de toda esa operación de malversación, sostuvo. Cuestionado en relación al asunto de l pago a los afectados por las obras hidráulicas en la zona del Tintillo, Javier Torres afirmó que hasta el momento, ninguno de los propietarios de los terrenos afectados por la invasión de sus terrenos con las obras de Conagua y por el agua de las inundaciones, han recibido ningún pago. Se corrió el rumor de que el 20 de agosto pasado, la Conagua entregaría, los primeros pagos, pero fue mentira y la Secretaria de Gobernación nos informó que no se han pagado dichas afectaciones. Varios ejidatarios afectados han sido engañados, afirmó, luego de que ocuparon sus terrenos, con dolo y maña la Conagua firmó convenios con ellos; dichos acuerdos son totalmente ilegales porque no se incluyó fecha de pago en los mismos. Nosotros contabilizamos a 15 personas directamente afectados, entre propietarios y ejidatarios en esa situación, a los cuales incluso con engaños, se les hizo firmar esos convenios, casi en forma secreta, ni siquiera les dieron una copia.
La Ley Agraria establece que cuando se hacen obras públicas en tierras ejidales, primero primero tiene que expropiarse, posteriormente se hacen los avalúos y se paga, pero la Conagua, de manera arbitraria y violenta ha hecho todo lo contrario, aprovechándose de la ignorancia de los pobladores
“Entra, hace la obra y los daños y luego firman convenios que no cumplen”. En la Procuraduría Agraria, a petición de Metab, dijo siguen su curso varias demandas en contra de esa ilegalidad, dijo. Mencionó el dirigente de Metab que el monto de las afectaciones entre ejidatarios afectados en esa zona es de arriba de 180 millones de pesos, no contando los perjuicios que les ha ocasionado la ocupación del agua en alrededor de 5 mil hectáreas de terrenos. Por otra parte, Javier Torres denuncio que el Instituto de Vivienda de Tabasco, está repartiendo paquetes de lámina y de construcción, presuntamente a las familias afectadas por las inundaciones, pero de manera desordenada e irregular, ya que los beneficiados se están quejando de que los paquetes no están completos. Se le preguntó si esas acciones se realizan con recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) a lo cual respondió que la delegación de Sedesol informó que no era un programa de ellos pero si que tiene que vigilarlo.
Ni Sedesol, ni el gobierno del estado han hecho del conocimiento de la autoridad competente ese reparto de apoyos, lo cual está dando paso a una serie de problemas de corrupción y rapiña.
