Ataque a “La Verdad del Sureste”, atentado a la libertad
Nuevamente, como ha sucedido en otras elecciones, pero ahora con mayor cinismo y con un más brutal derroche de recursos, la oligarquía del gobierno y del PRI –que en Tabasco son lo mismo-, quieren silenciar el repudio del pueblo. Recurren a los mercenarios de los medios, pero no conforme con eso trata de acallar y desvirtuar la función del único periódico identificado con las causas de la sociedad desde su fundación.
Esta vez la desesperación de quienes temen perder sus privilegios obtenidos con el hambre de las mayorías los llevó a decomisar la edición de La Verdad del Sureste y a repartir ejemplares apócrifos, falsificados, del diario de la sociedad civil. También acudieron a diversas medidas para impedir la circulación de esta voz independiente y comprometida con un ideal de justicia, libertad, democracia y combate a la corrupción.
Está a la vista de todos el despilfarro, la compra del voto, la corrupción de conciencias. Las “autoridades electorales” no lo ven, pero también tememos que sean inclusive cómplices de un nuevo intento de atraco al pueblo. Por eso los delincuentes políticos de siempre quieren desvirtuar esta palabra libre, modesta pero independiente.
Usan la guerra sucia, la propaganda negra, el reparto de lodo.
No tienen argumentos y acuden a la fuerza del dinero, a la mentira, al sabotaje. Es la ruindad como forma de “gobierno”; es el “tiempo nuevo” que ahora ofertan a los que creen incautos.
Hay numerosos formas de censura. No pueden aparentar ser paladines de la libertad de expresión si abusan del poder para querer acallarnos.
Lo que debería ser una fiesta de la democracia estos “bárbaros ilustrados” la han convertido en una elección del dinero, de la corrupción.
Desde estas páginas hemos dicho y lo repetimos: frente a los mercenarios de la pluma, de las cámaras de televisión y de los micrófonos –con sus muy honrosas y conocidas excepciones- está la conciencia, la vergüenza de los verdaderos ciudadanos; frente a la ignominia de un régimen y de los mismos grupos que buscan continuar el saqueo, está la inteligencia de un pueblo que no morderá el anzuelo.
Rechazamos y denunciamos el sabotaje a La Verdad del Sureste.
Advertimos a nuestros lectores que no es el primero ni el único intento de utilizar la identidad de un diario con credibilidad para difundir en ediciones apócrifas lo que no se atreven, en su cobardía e impotencia, a hacerlo dando la cara.
La forma de operar es conocida: en talleres clandestinos y con gacetilleros a sueldo elaboran una edición falsa de este diario para distribuirla de manera aparentemente gratuita.
Decimos que aparentemente gratuita porque esas maniobras las pagan con recursos públicos. Con los mismos recursos que le regatearon a la población cuando los desastres de las inundaciones y que ahora usan para tratar de comprar el voto.
También obstaculizan la circulación de La Verdad del Sureste, ya sea adquiriendo masivamente los ejemplares del periódico o decomisándolos.
Responsabilizamos al gobierno estatal y federal de cualquier atentado en contra de La Verdad del Sureste, de nuestras ediciones y de la seguridad de nuestros colaboradores.
Ellos, los gobernantes, están obligados por mandato constitucional y por pactos internacionales a asegurar el libre flujo de la información y de las ideas.
Pero también pueden estar seguros: no pudieron antes y no podrán ahora. ¡No nos callarán!
¡El pueblo tiene derecho a la verdad!
Esta vez la desesperación de quienes temen perder sus privilegios obtenidos con el hambre de las mayorías los llevó a decomisar la edición de La Verdad del Sureste y a repartir ejemplares apócrifos, falsificados, del diario de la sociedad civil. También acudieron a diversas medidas para impedir la circulación de esta voz independiente y comprometida con un ideal de justicia, libertad, democracia y combate a la corrupción.
Está a la vista de todos el despilfarro, la compra del voto, la corrupción de conciencias. Las “autoridades electorales” no lo ven, pero también tememos que sean inclusive cómplices de un nuevo intento de atraco al pueblo. Por eso los delincuentes políticos de siempre quieren desvirtuar esta palabra libre, modesta pero independiente.
Usan la guerra sucia, la propaganda negra, el reparto de lodo.
No tienen argumentos y acuden a la fuerza del dinero, a la mentira, al sabotaje. Es la ruindad como forma de “gobierno”; es el “tiempo nuevo” que ahora ofertan a los que creen incautos.
Hay numerosos formas de censura. No pueden aparentar ser paladines de la libertad de expresión si abusan del poder para querer acallarnos.
Lo que debería ser una fiesta de la democracia estos “bárbaros ilustrados” la han convertido en una elección del dinero, de la corrupción.
Desde estas páginas hemos dicho y lo repetimos: frente a los mercenarios de la pluma, de las cámaras de televisión y de los micrófonos –con sus muy honrosas y conocidas excepciones- está la conciencia, la vergüenza de los verdaderos ciudadanos; frente a la ignominia de un régimen y de los mismos grupos que buscan continuar el saqueo, está la inteligencia de un pueblo que no morderá el anzuelo.
Rechazamos y denunciamos el sabotaje a La Verdad del Sureste.
Advertimos a nuestros lectores que no es el primero ni el único intento de utilizar la identidad de un diario con credibilidad para difundir en ediciones apócrifas lo que no se atreven, en su cobardía e impotencia, a hacerlo dando la cara.
La forma de operar es conocida: en talleres clandestinos y con gacetilleros a sueldo elaboran una edición falsa de este diario para distribuirla de manera aparentemente gratuita.
Decimos que aparentemente gratuita porque esas maniobras las pagan con recursos públicos. Con los mismos recursos que le regatearon a la población cuando los desastres de las inundaciones y que ahora usan para tratar de comprar el voto.
También obstaculizan la circulación de La Verdad del Sureste, ya sea adquiriendo masivamente los ejemplares del periódico o decomisándolos.
Responsabilizamos al gobierno estatal y federal de cualquier atentado en contra de La Verdad del Sureste, de nuestras ediciones y de la seguridad de nuestros colaboradores.
Ellos, los gobernantes, están obligados por mandato constitucional y por pactos internacionales a asegurar el libre flujo de la información y de las ideas.
Pero también pueden estar seguros: no pudieron antes y no podrán ahora. ¡No nos callarán!
¡El pueblo tiene derecho a la verdad!
