Ataques a defensoras de DH, reflejo de un Estado autoritario
Con su desdén, gobierno permite impunidad: Andrea Medina
México, DF, 2 mar 11 (CIMAC).- Durante los últimos cuatro años el gobierno federal ha mostrado su desdén por los Derechos Humanos (DH), y aunque se ha visto obligado a incluir este tema en su discurso oficial, las amenazas y hostigamiento contra defensoras y activistas refleja la falta de voluntad política para crear un mecanismo de protección que les garantice seguridad.
Así lo señala la abogada Andrea Medina Rosas, integrante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, quien litigó ante el sistema interamericano de Derechos Humanos el feminicidios del Campo Algodonero y posteriormente realizó un análisis jurídico feminista de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió contra el Estado mexicano por este caso. Medina Rosas expone que las defensoras de DH son un importante referente en cualquier Estado que se precie de ser democrático, ya que mantienen viva la memoria de la sociedad, difunden la exigencia de justicia, ayudan a develar la verdad y, además, asumen la defensa y atención de las víctimas de la delincuencia y de la inacción de las autoridades.
Asegura que en México, al igual que en toda la región mesoamericana, las defensoras corren mayores riesgos para ejercer su labor y cuentan con menos recursos para protegerse, por lo que el próximo 8 de marzo, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, organizaciones civiles mexicanas, de Guatemala y Honduras denunciarán esta situación ante Naciones Unidas.
—¿Qué reflejan los asesinatos de defensoras de DH como Josefina Reyes, Marisela Escobedo y Susana Chávez?
—Primero la impunidad de los ataques iniciales. La impunidad es una responsabilidad del Estado mexicano y el hecho de que no se hayan investigado y sancionado anteriores ataques va haciendo una bola de nieve en la que no sólo las demás defensoras entramos en mayor riesgo, sino que los agresores adquieren confianza para generar estos niveles de violencia.
El propio gobierno y muchos medios de comunicación difunden que las activistas atacan al Estado. En Ciudad Juárez, por ejemplo, plantean que nos interesa minar el desarrollo económico del país y construyen campañas de difamación en contra del trabajo que realizamos.
—De acuerdo con la ONU, México es el segundo país más peligroso para las mujeres defensoras. ¿A que atribuyes esto? —La violencia estructural de género nos afecta
de manera particular a las defensoras. Hay una tendencia a analizar los ataques o la situación de defensores en general, pero nosotras hemos hecho un análisis donde resaltamos la importancia que tiene esta estructura de desigualdad.
Así lo señala la abogada Andrea Medina Rosas, integrante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, quien litigó ante el sistema interamericano de Derechos Humanos el feminicidios del Campo Algodonero y posteriormente realizó un análisis jurídico feminista de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió contra el Estado mexicano por este caso. Medina Rosas expone que las defensoras de DH son un importante referente en cualquier Estado que se precie de ser democrático, ya que mantienen viva la memoria de la sociedad, difunden la exigencia de justicia, ayudan a develar la verdad y, además, asumen la defensa y atención de las víctimas de la delincuencia y de la inacción de las autoridades.
Asegura que en México, al igual que en toda la región mesoamericana, las defensoras corren mayores riesgos para ejercer su labor y cuentan con menos recursos para protegerse, por lo que el próximo 8 de marzo, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, organizaciones civiles mexicanas, de Guatemala y Honduras denunciarán esta situación ante Naciones Unidas.
—¿Qué reflejan los asesinatos de defensoras de DH como Josefina Reyes, Marisela Escobedo y Susana Chávez?
—Primero la impunidad de los ataques iniciales. La impunidad es una responsabilidad del Estado mexicano y el hecho de que no se hayan investigado y sancionado anteriores ataques va haciendo una bola de nieve en la que no sólo las demás defensoras entramos en mayor riesgo, sino que los agresores adquieren confianza para generar estos niveles de violencia.
El propio gobierno y muchos medios de comunicación difunden que las activistas atacan al Estado. En Ciudad Juárez, por ejemplo, plantean que nos interesa minar el desarrollo económico del país y construyen campañas de difamación en contra del trabajo que realizamos.
—De acuerdo con la ONU, México es el segundo país más peligroso para las mujeres defensoras. ¿A que atribuyes esto? —La violencia estructural de género nos afecta
de manera particular a las defensoras. Hay una tendencia a analizar los ataques o la situación de defensores en general, pero nosotras hemos hecho un análisis donde resaltamos la importancia que tiene esta estructura de desigualdad.
