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La Verdad del Sureste

AudomaroMartínez y Fernando Valenzuela, titulares de SSP y PGJ


En una ceremonia privada que se efectuó por la mañana en Palacio de Gobierno, el químico dio posición a dos funcionarios que en realidad fueron designados por Núñez Jiménez.
En una ceremonia privada que se efectuó por la mañana en Palacio de Gobierno, el químico dio posición a dos funcionarios que en realidad fueron designados por Núñez Jiménez.

VILLAHERMOSA, TABASCO. 27 DE DICIEMBRE DE 2012. En acuerdo con el mandatario electo, Arturo Núñez Jiménez, y cuatro días antes del relevo gubernamental, el gobernador Andrés Granier Melo le dio posesión a Audomaro Martínez Zapata como secretario de Seguridad Pública, y a Fernando Valenzuela Pernas, quien es ya el nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
    En una ceremonia privada que se efectuó por la mañana en Palacio de Gobierno, el químico dio posición a dos funcionarios que en realidad fueron designados por Núñez Jiménez, quien el lunes tomará protesta como gobernador constitucional del estado, cargo que asumirá oficialmente a partir del primer minuto del 2013.
    En entrevista al término del acto, Martínez Zapata dijo que su primera acción será revisar cada una de las áreas de la dependencia para tomar las decisiones más urgentes para beneficio de la ciudadanía.
    Adelantó que se abocará a elaborar un diagnostico sobre la situación en la que se encuentra Tabasco en materia de seguridad. Ofreció que se seguirá profesionalizando a la policía.
    Confirmó que tendrá a su cargo los trabajos de seguridad y logística del evento de toma de protesta de Núñez como gobernador del estado.
    En el mismo sentido, Valenzuela Pernas señaló que lo primero que haría es reunirse con los ministerios públicos y el personal de la procuraduría para conocer el estado que en se encuentra, y tener un diagnostico a la “brevedad”.
    Cuando llegó a la sede de la PGJ, Valenzuela Pernas se encontró con una manifestación de trabajadores, a quienes se les adeudan sus prestaciones y la certificación.
    Peritos, ministerios público, asesores jurídicos y trabajadores de otras áreas, encabezados por Espiridión Gómez Ávalos, acusaron a José Antonio Maldonado Nieto, director administrativo de la PGJ, de negarse a pagarles sus prestaciones, por un total de 12 mil pesos a cada uno de ellos, de recursos de la federación.
    El nuevo procurador fue recibiendo en grupos a los inconformes, para gestionarles ante la Secretaría de Administración y Finanzas los respectivos pagos.
 
 
 
 
 

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