Averiguaciones previas lentas, tortura y corrupcion retos a conmbatir de las nuevas autoridades de PGJE: Codehutab

Las nuevas autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado deberán combatir con urgencia prácticas como la lenta integración de las averiguaciones previas, la tortura  y la corrupción, que impera en esa dependencia, afirmó el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab).
    Efraín Rodríguez León, entrevistado  en relación a los más urgentes problemas que tendrán que resolver las nuevas autoridades de la PGJE,  en  relación a la integración de las averiguaciones previas, afirmó que hasta un año se tarda la PGJE para concluir las investigaciones.
    La dilación provocada por el burocratismo y la corrupción en ese proceso, abundó, provoca que las víctimas de un delito desistan, abandonen la averiguación y ya no tengan acceso a la justicia.
    Desgraciadamente esa práctica provoca también desaliento en otras víctimas para denunciar.
    Creo que también este gobierno debe aplicar mayor vigilancia a todos los empleados de la PGJE, destacó, desde los niveles más bajos como son los  secretarios y los mecanógrafos, debido a que estos empleados muchas veces cuando se presenta una mujer sola, le hacen insinuaciones ofensivas o descaradamente le piden favores sexuales a cambio de ayuda en la integración de una denuncia.
    Es necesaria también, planteó, una limpia al interior de esa dependencia, porque no hay que perder de vista que es la que encabeza la lista de las que más violan los derechos humanos y hasta el año pasado, Tabasco ocupaba el cuarto lugar, a nivel nacional, en el número de casos de tortura, según el último informe de Human Right Wach.    
    Debe haber una limpia en los altos mandos y someterlos a exámenes psicológicos, de capacitación y de confianza,  porque si bien es cierto que ellos no participan directamente en los actos de tortura, si la consienten y toleran.
    Desgraciadamente muchos de esos funcionarios carecen de un nivel escolar y humanitario adecuado, que muchas veces es el origen de sus reacciones impulsivas y violentas ya sea en contra de presuntos culpables o víctimas.
    Son los agentes ministeriales los que gozan de la peor fama, asegura el abogado de Codehutab  y a quienes comúnmente se responsabiliza de los actos de tortura, y no digo que a todos se les tenga despedir, pero si que se tendrá que realizar un trabajo intenso para sensibilizarlos, capacitarlos y quitarles esos malos hábitos.
    Los agentes del ministerio público tendrán que adecuarse a una normatividad, a estándares de respeto a los derechos humanos.
    Mencionó que en los actos de tortura que se cometen en la PGJE,  no solo son responsables los agentes del ministerio público, también son cómplices, afirmó, los médicos legistas que solapan al policía ministerial, redactando informes falsos ante un caso de tortura y los agentes ministeriales que después de la tortura obligan a los detenidos a firmar declaraciones de culpabilidad.
    Esperamos que las nuevas autoridades de la PGJE que encabeza Fernando Valenzuela Pernas, dijo, no solo cambie a funcionarios por cambiar “cánceres” por otros de la misma calaña, sin embargo hay señales de que esto está ocurriendo, colocando a personas con el perfil que se requiere para esos cargos. El representante de Codehutab, afirmó que es el caso de un funcionario del que solo conoce su primer nombre,  Isidro, el cual me parece, dijo,  ocupa ya un cargo en averiguaciones previas, a pesar de su mala reputación.
    Eso significa que están colocando en puestos claves de la PGJE, a funcionarios que no cumplen con el perfil porque está probado que no son personas sanas  para la institución.
    Destacó el abogado que todos esos problemas constituyen violaciones a los derechos humanos, con el derecho fundamental de las personas a tener acceso a la justicia e hizo ver que cuando se malforma una institución, no se administra justicia a las víctimas.
    Peor aún, sostuvo, cuando se realizan prácticas como la tortura, abusos sexuales, extorsiones cuando los agentes ministeriales ubican a un agresor con orden de aprehensión, lo buscan y a cambio de una mesada no ejecutan las órdenes.
    Desgraciadamente esa es la realidad de Tabasco en cuanto a la procuración y administración de justicia, puntualizó.
    De la situación en la Secretaria de Seguridad Pública, Efraín Rodríguez que la práctica más común de estos elementos, es levantar a personas para despojarlos de sus pertenencias y luego abandonarlos en un paraje solitario, eso lo tienen que corregir tanto la PGJE como Seguridad Pública.
    Ambas dependencias tiene que crear un área exclusiva para atender a  ciudadanos víctimas de alguno de esos funcionarios, porque si bien en cierto que en cada una de estas existe un órgano de control interno, estos tiene que ser más eficientes,  trabajar con mayor autonomía y de más fácil acceso.
    Desgraciadamente esos órganos de control interno dependen de las mismas dependencias, por lo que constituye “una vacilada” el que un funcionario decida sancionar a otro de la misma institución, agregó.