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La Verdad del Sureste

Ayotzinapa: 12 años sin paradero, con nuevos detenidos y líneas que no cierran

A doce años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso acumula nuevas detenciones de alto perfil y un reanálisis de comunicaciones telefónicas, mientras las familias siguen sin saber el paradero de sus hijos.


A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, el caso suma nuevas detenciones y reanálisis de telefonía, pero las familias aún no saben dónde están sus hijos.
A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, el caso suma nuevas detenciones y reanálisis de telefonía, pero las familias aún no saben dónde están sus hijos.

A doce años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, la investigación suma nuevas detenciones, un reanálisis de telefonía celular y una hipótesis sobre la figura conocida como "El Patrón", pero las familias de los normalistas siguen sin respuesta a la pregunta central: dónde están sus hijos.

El caso atraviesa ahora su tercer gobierno federal y llega a este aniversario con la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, vinculado a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR) el jueves 6 de agosto de 2026, acusado de haber ordenado la destrucción de videos de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, considerados clave para reconstruir lo ocurrido aquella noche. Dos testimonios recabados por la FGR sostienen que fue el propio exmandatario quien dio esa orden de forma deliberada.

Un exgobernador preso y videos que ya no existen

Aguirre gobernó Guerrero la noche de los hechos, en 2014, bajo las siglas del PRD. Su trayectoria política estuvo ligada al también exgobernador Rubén Figueroa Alcocer: en 1996 lo sustituyó en el cargo tras la crisis desatada por la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas. Casi dos décadas después, Aguirre volvió a dejar el poder, esta vez a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes.

Para las familias, la detención tiene valor en tanto el exgobernador aporte información concreta. "De la última detención con Ángel Aguirre Rivero, está hoy procesado, pero ¿qué información concreta ha aportado respecto del paradero de los 43? No, ninguna", señaló Isidoro Vicario Aguilar, abogado de los padres y madres de los normalistas. La exigencia no es solo que se detenga a personas vinculadas con la investigación, sino que quienes tengan información sobre los hechos aporten elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Los videos destruidos son centrales porque el Palacio de Justicia de Iguala está ubicado en un punto desde el que parten rutas relevantes para el caso. Según explicó Vicario, si esas imágenes existieran, permitirían conocer al menos el destino del grupo de estudiantes que viajaba en el primer autobús agredido frente a ese edificio, el Estrella de Oro 1531. Los estudiantes del quinto autobús, de la línea Estrella Roja, sobrevivieron, pero no se cuenta con información equivalente sobre quienes iban en el primero.

La hipótesis de "El Patrón" y el nombre de Figueroa

En su Recomendación 208VG/2026, emitida en julio de 2026, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vinculó el alias "El Patrón" con el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer. El documento descartó la versión anterior que identificaba ese alias con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, al considerar que no era coherente con otros elementos del expediente y que los mensajes de celular usados para sustentarla habían sido desechados como prueba.

Entre los elementos que presentó la CNDH figuró el testimonio de un exagente de la Policía Municipal de Huitzuco, identificado como "Damián", quien declaró en 2022 que a Figueroa Alcocer le llamaban "El Patrón". La recomendación también refirió un testimonio vinculado al Puente del Chipote, según el cual algunos normalistas habrían sido trasladados a Huitzuco para que esa figura decidiera qué hacer con ellos, y señaló indicios de participación de policías de ese municipio.

Las familias conocen esa hipótesis y pidieron que se investigue a fondo con pruebas científicas, no solo con testimonios. Sin embargo, el abogado Vicario cuestionó el alcance real del documento: "De las más de 800 páginas no dice, no recomienda qué líneas de investigación se tienen que mantener o continuar para dar con el paradero de los 43 estudiantes." Además, señaló que la recomendación excluye al Ejército de la investigación.

Telefonía y funerarias: avances cuestionados como líneas nuevas

"Es lamentable llegar ya a 12 años sin información clara respecto del paradero de los 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa." — Isidoro Vicario Aguilar, abogado de las familias.

El Gobierno federal presentó el reanálisis de comunicaciones telefónicas como uno de los ejes centrales de la investigación actual. Según informaron las autoridades a los padres en la reunión del 27 de agosto de 2026 con la presidenta Claudia Sheinbaum, ese reanálisis permitió identificar y ubicar a personas que tuvieron o utilizaron teléfonos de los estudiantes después de la noche del 26 de septiembre. Para las familias, sin embargo, identificar a esas personas no es suficiente: es necesario determinar cómo llegaron los dispositivos a sus manos y si tuvieron contacto directo con los normalistas.

Vicario recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia ya había analizado más de 84 millones de registros de la red de llamadas de esa noche y había documentado que algunos teléfonos de los estudiantes estuvieron activos después de la desaparición. Por esa razón, el abogado considera que esa línea no puede presentarse como completamente nueva.

En la misma reunión de agosto, el Gobierno presentó como avance las detenciones relacionadas con las funerarias "Rueda" y "El Ángel" de Iguala, entre ellas la de Rodolfo Rueda Masón, quien fue vinculado a proceso en junio de 2026 por la desaparición, tras el hallazgo de una bolsa con restos óseos que datan de 2014. Vicario reconoció las detenciones, pero señaló que investigar funerarias y crematorios en Iguala fue una recomendación que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejó planteada desde 2014, a partir del hallazgo de restos en el río San Juan, uno de los cuales fue identificado como de Alexander Mora Venancio.

El informe prometido y doce años de espera

El Gobierno federal anunció que el lunes 28 de septiembre de 2026 el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa presentarán un informe sobre el estado de la investigación, que incluirá las líneas seguidas a partir del análisis de comunicaciones telefónicas y aquellas que las autoridades consideraron insuficientemente investigadas. Sheinbaum indicó que el informe también dará cuenta del número de búsquedas realizadas en campo y de la atención a los familiares.

El abogado Vicario anticipó que el informe no contendrá novedades para los padres, ya que la información que se presentará les fue expuesta previamente: "Nosotros no creemos que vaya a sorprender a los padres con alguna novedad. Y ojalá fuera que en ese informe pues dieran alguna información novedosa que pueda acercarnos al paradero de los 43 estudiantes."

Doña Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 desaparecidos, resumió la posición de las familias: "Aquí estamos. Mientras Dios nos preste la vida, aquí vamos a seguir buscando a nuestros hijos. No podemos olvidarlos, no podemos ir a nuestras comunidades." A doce años, ninguna de las detenciones realizadas hasta ahora ha aportado información sobre el paradero de los estudiantes, y las búsquedas en campo en las periferias de Iguala no han arrojado resultados positivos.

#TomaNota

  • El lunes 28 de septiembre de 2026 el subsecretario Arturo Medina y el fiscal especial presentarán un informe oficial sobre el caso.
  • Ángel Aguirre Rivero fue detenido el 6 de agosto de 2026 y está vinculado a proceso por destrucción de evidencia.
  • Rodolfo Rueda Masón, propietario de la funeraria "El Ángel" de Iguala, fue vinculado a proceso en junio de 2026 por la desaparición.
  • La CNDH emitió la Recomendación 208VG/2026 en julio de 2026, vinculando el alias "El Patrón" con el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer.
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