Estamos a la espera de la resolución de dos amparos, el que solicitamos al Tercer Juzgado de Distrito en contra de la decisión del Tribunal Unitario Agrario de negarse a estudiar la demanda de ejidatarios de los aztlanes y otro presentado en contra de la Procuraduría General de la República. Informó ayer el dirigente del Movimiento Ecologista de Tabasco, Javier Torres Sánchez, quien mencionó que, en estos días, la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, debe responder a una nueva denuncia que presentaron en contra de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Todo lo anterior tiene relación con las inundaciones causadas por la apertura de tres canales de alivio para el río Grijalva entre el 2008 y 2010 y los perjuicios causados a 14 núcleos ejidales de la zona de loa aztlanes en el municipio del Centro.
El amparo solicitado a finales del mes de noviembre en el Juzgado tercero de Distrito es en contra de la decisión del Tribunal Unitario Agrario de declararse “incompetente” para conocer el asunto agrario en lo que es la zona de los aztlanes. Fue una decisión a todas luces ilegal, e irresponsable, aseguró el abogado, ya que ni siquiera entró al estudio de la demanda sino que la canalizó al Tribunal Superior de Justicia del estado para que le de entrada por la vía civil.
Esperamos que la respuesta del Juzgado Tercero de Distrito a la solicitud de amparo, sea favorable y de esa manera obligue al Tribunal Unitario Agrario a que “le entre” ya que la denuncia es, por un lado, tiene que ver por las afectaciones a los núcleos ejidales, ya que por las afectaciones de los canales de alivio, se les está negando a esos ejidatario, el uso y disfrute de sus tierras. Otra parte es por los daños y perjuicios que se les ha ocasionado a los ejidatarios, toda vez que, por la inundación, perdieron todos sus cultivos, pero también alambrados, postería y animales de traspatio y ganado vacuno.
El ganado se sigue muriendo, afirmó. En la denuncia dejamos claro que, que en ningún momento autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ni del Gobierno del Estado, avisaron a los ejidatarios o a sus representantes, los comisariados ejidales, de lo que pretendían hacer. De esa manera, aseguró Torres Sánchez, se negó a los ejidatarios, un derecho fundamental constitucional, el derecho a la información, pero también el derecho de las comunidades a participar, dijo Torres Sánchez. Esas violaciones, las autoridades federales y estatales las cometieron no solo cuando el 3 de octubre del 2008 abrieron la primera ventana en el Tintillo, tampoco cuando, el pasado 28 de agosto, hicieron otras dos, una en el Zapote y otra en el lugar conocido como el Zacatal en el mismo ejido del Tintillo, dijo. La solicitud de amparo fue presentada el pasado 10 de diciembre por los comisariados ejidales, en representación de los 14 núcleos afectados y ya está en estudio, esperamos que el juzgado haga lo conducente, pero si no, recurriremos a un recurso de revisión También estamos a la espera de un amparo promovido en contra de la Procuraduría General de la República, que promovieron directamente abogados del diputado Ramón Jiménez López, que están a cargo de esgte asunto penal.
El legislador, es presidente de la Alianza de Organizaciones Sociales, explicó Torres Sánchez, a la cuál el Metab está adherido y se ha sumado a la lucha de los compañeros de la zona de los aztlanes y nos apoya con el respaldo que este asunto se merece. Asimismo tenemos una nueva denuncia ante Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la cual se interpuso precisamente el día 29 de octubre de este año y en el mismo sentido que las otras. En el 2009, trajo a la memoria, Metab a nombre de los ejidatarios nosotros interpuso una denuncia en contra de la Conagua, por los daños ambientales causados por el primer canal de alivio en el Tintillo, de la cual se emitió un resolutivo, en el sentido de que debía iniciarse un procedimiento administrativo en contra del ex delegado Omar Celin Komukay y la Conagua.
Resultó que, cuando se dieron cuenta de “que habían metido la pata”, decidieron retroceder tantito, y por ello, ya no se inicio tal procedimiento, sin embargo la Profepa solo amonestó a la Conagua, bajo la condición de que no abriera otros canales. Sin embargo, resultó que la Conagua en el 2010 abrió no solo otra ventana de alivio en el Tintillo, pero además otro en el Zacatal, lo cual convierte a la Conagua en reincidente, como lo denunciamos de inmediato ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Pero como esa dependencia no respondió en los términos que establece del Artículo 8vo Constitucional, como no recibimos respuesta, el pasado 17 de diciembre solicitamos otro amparo. El resolutivo que debe emitir el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, debe obligar a la Conagua a que cumpla con la ley. En cuanto a la situación actual de los productores de la zona afectada, Javier Torres informó que si bien las viviendas y la tierra que las rodea están sin agua, las dedicadas al cultivo y pastoreo continúan anegadas, lo cual mantiene a los ejidatarios y demás productores en una situación extremadamente crítica. El campo en esa zona está totalmente colapsado y la actividad ganadera quebrada, porque no solo durante el momento más crítico de la inundación, animales de traspatio y muchas cabezas de ganado se perdieron, sino que siguen muriendo porque hay poco pasto pero también porque este carece de los nutrientes para la alimentación del ganado. Eso ha colocado a las familias de la zona en un estado lamentable de pobreza, incluso de hambre, porque muchos se alimentan de lo poco que en estos momentos les da la tierra y lamentablemente las autoridades señaladas como responsables del desastre, no solo no están tomando cartas en el asunto, sino que han trivializado este problema que es agrario, social, ambiental y jurídico, sostuvo. No es posible que, a pesar de que conocen el tamaño de los daños que provocaron, le sigan negando a los afectados la ayuda institucional y obligatoria que tendrían que proporcionar los responsables, para resarcir en algo los daños que les causaron a todos esos compañeros. En estos momentos no se puede regatear la ayuda, ni condicionarla, porque estamos hablando de seres humanos, de ciudadanos mexicanos y tabasqueños, por lo tanto la ayuda debería ser inmediata, afirmó. Javier Torres afirmó que ante esa situación, los alrededor de 500 ejidatarios que está asesorando Metab -el 60 por ciento de los alrededor de 800 de la zona- están analizando la posibilidad de reanudar la movilización, salir de las comunidades a las calles de Villahermosa para que se conozca la realidad de lo que están viviendo. “Una realidad distinta a la virtual que promueven la Conagua y el Gobierno del estado”, agregó. CECILIA VARGAS
