El incumplimiento contractual y trabajos deficientes por parte de los consorcios texanos Energy Maintenance Services Group, LLC (EMS), y Mexicana de Servicios Subacuáticos (Mexssub) tienen en riesgo la infraestructura que transporta el crudo de exportación, el 95 por ciento del que se refina en México y el 56 por ciento del gas que abastece las industrias petroquímica y eléctrica.
Ambas empresas, radicadas en Houston, fueron contratadas entre 2007 y 2009 para el aseguramiento, mantenimiento y operación de los sistemas 4 y 1, respectivamente, de la Red Nacional de Ductos, en sendos procesos de contratación cuestionados por el Congreso de la Unión que los determinó como ilegales.
El Ejecutivo federal, a través de Pemex Exploración y Producción (PEP) que encabeza Carlos Arnoldo Morales Gil, suscribió con los corporativos los contratos 420407836 y 420409807, que suman 23 mil 661 millones de pesos, las contrataciones más caras de la subsidiaria, y cuya ejecución se perfila como uno de los fraudes más costosos en la historia de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El aseguramiento, mantenimiento y la operación de los ductos de PEP estaba a cargo de 300 especialistas y técnicos altamente calificados, en su mayoría con dos o tres décadas de experiencia y 57 compañías mexicanas contratadas para algunos servicios.
Para privatizar su operación, se diseñaron modelos de contrato semejantes a los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) que sirvieron para entregarle a Repsol, Petrobas, Lewis Energy Group y Teikoku Oil, Co, la operación y explotación de la Cuenca de Burgos –la reserva de gas natural no asociado más importante de México– mediante esquemas contractuales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinaron ilegales.
Para las asignaciones, empujadas desde el Consejo de Administración de Pemex, presidido por la secretaria de Energía, Georgina Kessel, los 63 mil 340 kilómetros que integran la red de ductos –terrestres y marinos– se agruparon en cuatro “sistemas” (1, 2, 3 y 4) para adjudicarse en igual número de contratos.
El argumento para trasladarle a EMS y Mexssub los sistemas 4 y 1 fue que esos consorcios consagrarían su know how para optimizarlos.
En realidad, ninguna de las empresas trajo maquinaria, infraestructura ni personal especializado; simplemente alquilaron oficinas en la ciudad de México y Tabasco para subcontratar a las mismas compañías que trabajaban para Pemex, pagando precios menores que les dejaran márgenes más amplios de ganancias. Es decir, Pemex transfirió las venas de la industria energética a corporativos de portafolios.
Ana Lilia Pérez
Ambas empresas, radicadas en Houston, fueron contratadas entre 2007 y 2009 para el aseguramiento, mantenimiento y operación de los sistemas 4 y 1, respectivamente, de la Red Nacional de Ductos, en sendos procesos de contratación cuestionados por el Congreso de la Unión que los determinó como ilegales.
El Ejecutivo federal, a través de Pemex Exploración y Producción (PEP) que encabeza Carlos Arnoldo Morales Gil, suscribió con los corporativos los contratos 420407836 y 420409807, que suman 23 mil 661 millones de pesos, las contrataciones más caras de la subsidiaria, y cuya ejecución se perfila como uno de los fraudes más costosos en la historia de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El aseguramiento, mantenimiento y la operación de los ductos de PEP estaba a cargo de 300 especialistas y técnicos altamente calificados, en su mayoría con dos o tres décadas de experiencia y 57 compañías mexicanas contratadas para algunos servicios.
Para privatizar su operación, se diseñaron modelos de contrato semejantes a los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) que sirvieron para entregarle a Repsol, Petrobas, Lewis Energy Group y Teikoku Oil, Co, la operación y explotación de la Cuenca de Burgos –la reserva de gas natural no asociado más importante de México– mediante esquemas contractuales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinaron ilegales.
Para las asignaciones, empujadas desde el Consejo de Administración de Pemex, presidido por la secretaria de Energía, Georgina Kessel, los 63 mil 340 kilómetros que integran la red de ductos –terrestres y marinos– se agruparon en cuatro “sistemas” (1, 2, 3 y 4) para adjudicarse en igual número de contratos.
El argumento para trasladarle a EMS y Mexssub los sistemas 4 y 1 fue que esos consorcios consagrarían su know how para optimizarlos.
En realidad, ninguna de las empresas trajo maquinaria, infraestructura ni personal especializado; simplemente alquilaron oficinas en la ciudad de México y Tabasco para subcontratar a las mismas compañías que trabajaban para Pemex, pagando precios menores que les dejaran márgenes más amplios de ganancias. Es decir, Pemex transfirió las venas de la industria energética a corporativos de portafolios.
Ana Lilia Pérez
