LA BARRENA

El “tesorito” no está en aguas profundas…sino en los contratos con las trasnacionales

Jordy Herrera, ex secretario de Energía, dijo: “El gas shale es la llave del futuro económico y energético de México, podría atraer entre 7 y 10 mil millones de dólares anuales y generar un millón y medio de empleos”.
    Sin embargo, en el sexenio de López Portillo, el futuro económico de México era el enorme recurso prospectivo de gas de la región sur, por lo que el entonces Director General de Petróleos Mexicanos, el Ing. Jorge Díaz Serrano, presentó un proyecto para la construcción de un gasoducto que exportará excedentes, como: “La mejor operación económica que se haya planeado en el país”, con la advertencia de que se podría llegar a exportar de 4 mil a 8 mil millones de pies cúbicos por día (MMPCD) de gas.     
    El costo del gasoducto, en valor presente, es superior a los 10 mil millones de dólares. No se llegó a exportar gas; pero la tubería, las válvulas, las compresoras, etcétera, se compraron a proveedores extranjeros, que sí encontraron un tesorito al lucrar con los innecesarios equipos y materiales que vendieron a Pemex.
    Para las Compañías petroleras internacionales la baja o nula rentabilidad de la explotación de hidrocarburos en México es compensada con creces al mantener trabajando sus recursos humanos y las fábricas de equipos que utilizan en la explotación de sus activos y exportaciones a países como México. En nuestro caso, prácticamente todos los recursos serán importados, y ese efecto multiplicador tan importante será usufructuado por los países y sus transnacionales que se encargarán de explotar nuestros hidrocarburos en los bloques que les serán concedidos con exclusividad en aguas profundas y en formaciones de lutitas a lo largo y ancho de nuestro país, entre ellas Tabasco.
    Con información del Ing. Francisco Garaicochea Petrirena

“homeland security” cuya traducción estricta no es seguridad interior, sino seguridad del suelo patrio

Iniciativa Mérida: asalto profundo

Carlos Montemayor advirtió hace siete años que uno de los resultados de la Iniciativa Mérida (IM) sobre la población y la nación mexicanas sería “una catastrófica guerra sucia”. Con sensibilidad histórica y analítica este estudioso de los movimientos armados alertó sobre lo que percibió como un desmembramiento de la conciencia ciudadana, parte nodal del proceso de involución social que acompañó al arribo de una nueva clase de políticos coyunturales sin visión histórica y estratégica sometidos al espejismo neoliberal.
    En repaso con Blanche Pietrich de las facturas y descalabros que ha sufrido la seguridad nacional de México en las últimas tres décadas, el autor localizó con precisión quirúrgica uno de esos problemas centrales en la IM: el crecimiento de grupos paramilitares que en apariencia dejarán limpias las manos del Ejército, hasta que se salgan de control, como ocurrió en Colombia.
    Para Montemayor es imprescindible hurgar en las distorsiones conceptuales de la IM, señal de que México enfrentaría más complicaciones severas que soluciones a sus conflictos internos, violencia, impunidad ante masacres, desapariciones, asesinatos, pobreza, desigualdad, hambre.
    La manipulación conceptual, bajo impulso de los no aclarados ataques terroristas del 11/S y de miles de millones de dólares provenientes del astronómico presupuesto del Departamento de Defensa (DoD) de EU se expresa en la adopción de nociones como terrorismo, “narco-insurgencia”, “narco-terrorismo” etc, como eje de uno de los pilares de la nueva arquitectura para la relación bilateral en materia de seguridad orientada, según anuncia en su sitio la delegación diplomática de EU, a crear una estructura fronteriza del siglo XXI sin abundar qué cubre el espacio del TLCAN y qué se realiza en función de la “homeland security” cuya traducción estricta no es seguridad interior, como suele hacerse, sino seguridad del suelo patrio, noción con reminiscencias no muy gratas del lenguaje nacional socialista, adoptado por Bush/Cheney.
    Nótese que “homeland security” enfatiza tanto la dimensión de seguridad como la geográfica y que la IM se coloca en el espacio-TLCAN en el que opera el Comando Norte del Pentágono creado a raíz del 11/S, que adiestra, corteja y da línea a los altos mandos de México y Canadá.     
    La opacidad jurídica que acompaña a la IM, un diseño geopolítico analizado por José Luis Piñeyro y Carlos Fazio, es de relevancia mayor. En Terrorismo Mediático (2013) y otros escritos, Fazio documenta que al ser interrogada Patricia Espinoza entonces secretaria de Relaciones Exteriores, por diputados que pidieron acceder al documento de la IM firmado con EU – ¿quién lo firmó, qué compromisos se aceptaron y su fundamento jurídico? Respondió que no hay documento firmado. No es un tratado internacional; es un documento que refleja el compromiso de ambos gobiernos de trabajar de manera conjunta. Ante la insistencia de senadores Espinoza habló de un compromiso político, un acuerdo de voluntades… que no contiene obligaciones regidas por el derecho internacional. Por tanto, no se trata ni de un tratado que deba ser sometido a la aprobación del Senado (mexicano) ni un acuerdo interinstitucional, como lo define la Ley de celebración de Tratados.
    Fazio nos recuerda que la IM fue definida por Tony Garza, embajador de EU en México, como “el proyecto más agresivo” jamás impulsado (por el gobierno de EU) en el Hemisferio Occidental. Hoy la Casa Blanca nos dice que la IM es un capítulo histórico ante amenazas a los ciudadanos en ambos lados de la frontera. Al ser definida la IM como capítulo histórico en lo fronterizo y en asuntos de seguridad parece ser una suerte de Tratado de Guadalupe Hidalgo II, solapado. Recuérdese que el Tratado de 1848 lo ratificó el senado de EU no sin gran oposición de quienes, bajo una versión elástica del destino manifiesto, querían aprovechar la oportunidad para apoderarse de todo México.
    Hoy también y sin sanción legislativa aquí, ya que la “homeland security” de la IM incluye la creación de fronteras Siglo XXI en el espacio político-económico-militar del TLCAN-Comando Norte. Allan Bersin, alto asesor del “Department of Homeland Security” dijo en 2012 que (textual) la frontera de Guatemala con Chiapas, México, es ahora nuestra frontera sur (sic). Como eso viene con presupuestos, “hechos” y directrices, es de rigor, como advierten expertos en derecho internacional, una respuesta contundente del gobierno mexicano, porque existe la figura de aquiescencia: la aceptación tácita de hechos que puede convertirse en norma jurídica.
    En medio del desastre de Tlatlaya y Ayotzinapa, que ya cimbra la conciencia ciudadana, la IM ¿capítulo histórico en materia de seguridad y frontera carente de legitimidad y legalidad en México? La IM es una gran catástrofe humana, un agravio y un asalto profundo a la nación. ¡Debe cancelarse!
John Saxe-Fernández – La Jornada