LA BARRENA

El “mediocre desempeño de México” para crecer se debe en gran parte a razones que no están relacionadas con la economía, sino a una transición “no concluida” hacia un sistema de mayor división de poderes, transparencia y rendición de cuentas, aseguró la calificadora estadunidense Standard and Poor’s (S&P).
    El desempeño económico de México durante las últimas dos décadas demuestra que las reformas estructurales y la estabilidad macroeconómica pueden ser benéficas, mas no siempre suficientes para impulsar el crecimiento económico en países con deficiencias en la gobernabilidad y en la aplicación de la ley, comentó.
    A pesar de llevar a cabo más reformas estructurales que la mayoría de los mercados emergentes, la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de México ha sido decepcionante. El crecimiento del PIB real per cápita entre 2011 y 2015 promedió 1.7 por ciento, “lo que es lento para una economía emergente”, apuntó.
S&P aseguró que a futuro el país tendrá menos ingresos petroleros y por remesas, por lo que consideró urgente implementar políticas que impulsen la creación de empleos y el crecimiento, a fin de contener potenciales tensiones sociales y políticas.
    En 2000 los mexicanos eligieron a su primer presidente que no pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había gobernado desde la década de 1920, recordó en un reporte publicado.
    “El sistema de pesos y contrapesos políticos del país ha mejorado desde 2000, pero sigue siendo débil. Una democracia que está madurando gradualmente ha generado estabilidad y cambios regulares de gobierno, pero no ha derivado en un dinamismo económico, en mayor desarrollo social, ni ha mejorado la seguridad pública”, apuntó.
    “Es más político que económico el desafío de fortalecer la aplicación de la ley, incluyendo poner fin a la politización del sistema de justicia penal, mejorar la calidad de los servicios públicos y crear un consenso en políticas que favorezcan el crecimiento. Consideramos que el discurso público en México a veces contempla un intercambio implícito entre los pasos para impulsar directamente el crecimiento económico y la necesidad de mantener la estabilidad económica, en vez de ver estos dos objetivos como complementarios”.
La necesidad de moverse rápidamente para impulsar el crecimiento económico se hace cada vez más urgente ante la firme reducción de las dos “válvulas de seguridad” históricas de México, que han compensado la debilidad de su crecimiento económico: la emigración y los elevados ingresos petroleros, apuntó.
    La elevada probabilidad de una menor emigración y de menores ingresos petroleros en los años siguientes aumenta la importancia, en nuestra opinión, de moverse rápidamente para implementar políticas que impulsen la creación de empleos y el crecimiento a fin de contener potenciales tensiones sociales y políticas, sostuvo.
Roberto Gonzàlez Amador - La Jornada

Apuestas golpistas causarán explosiones sociales en AL
Estos procesos ilegítimos tendrán consecuencias impredecibles
Intentona Golpista Excluyente Del Pueblo A 
Favor De Los Grandes Corporativos Privados

nLa mandataria, que enfrenta un juicio de desafuero, afirma que las élites de los países latinoamericanos ya no requieren a Estados Unidos para derrocar gobiernos; advierte sobre la represión de manifestaciones durante los Juegos Olímpicos; los intolerantes siempre quieren el silencio, señala
La defensa de la democracia en Brasil, como ha dicho la Presidenta legítima Dilma Rousseff, tiene que hacerse con las mismas armas de la democracia, las cuales la hicieron arribar a la Jefatura del Estado con el apoyo de más de 54 millones de electores en ese país del Cono Sur.     
    El golpe de Estado institucional en marcha, que pretende dar fin al tejido democrático en ese hermano país, busca destrozar el pacto social Constitucional de 1988, en la cual se asevera que no se puede destituir a un presidente de la república legítimamente electo, salvo que se pruebe que cometió un denominado crimen de responsabilidad o grave en el ejercicio del mandato, cuestión que no ha ocurrido en el caso de la Presidenta Dilma, la cual parece ser la única limpia desde el punto de vista jurídico y moral en ese “golpe suave” montado por sectores de la oligarquía local apoyados por los intereses de grandes transnacionales petroleras extranjeras que desean apoderarse de los sustanciosos recursos de hidrocarburos en aguas territoriales del Brasil hallados a gran profundidad bajo las capas densas de sal, precisamente en los denominados “campos pre-sal”. 
    El promotor de la ilegalidad, el destituido jefe de los diputados cariocas, Cunha, al que se le comprobaron diversas cuentas ilícitas en Suiza por alrededor de cinco millones de dólares, es quien sigue estando atrás del desleal vicepresidente Michel Temer, que arribó a ese cargo por designación de la Presidenta Rousseff como un aliado de un Partido que apoyó a la Primera Magistrada para llegar al Gobierno, pero que en lo personal no obtuvo un solo voto de la población. 
    Desde hace cinco meses, a partir de marzo de este año, el campo opositor evolucionó desde una posición de obstrucción a las medidas gubernamentales, hacia una actitud francamente golpista: algunos jueces del nada limpio poder judicial, los poderosos medios de difusión televisivos, radiofónicos y periodísticos –como la Cadena O ‘Globo-, sectores de los financistas y banqueros, así como los partidos conservadores y reaccionarios marchó hacia el golpismo sin ambigüedades. 
    Otra característica del proceso de derrocamiento de Dilma Rousseff recurriendo a aparentar vías institucionales, ha sido tratar de dejar fuera de combate al político más popular de Brasil, ex Presidente Lula Da Silva, exitoso en dos ocasiones y consejero de la actual Presidenta legítima Rousseff. La avalancha fascistoide alcanzó a varios de los Ministros del Gabinete de Dilma, quienes eran hostigados e insultados de manera despiadada por sectores de las capas medias altas del país en aeropuertos y restaurantes, con el propósito de borrar todo lo que significara la presencia del Partido de los Trabajadores y algunos otros Institutos Políticos progresistas y de avanzada del Brasil. 
    Aunque las movilizaciones propiciadas por los medios de difusión de la oligarquía fueron aparatosas, hay que recordar que todas juntas, sumadas, no llegaron nunca ni al 2 por ciento de la población del Gigante sudamericano, que ronda los 210 millones de habitantes, mientras Dilma Rousseff fue electa con 54 millones de votos en un país con una mayoría de población muy joven, que aún no son ciudadanos con derecho al sufragio. 
Los argumentos iniciales para el proceso contra la Presidenta legal y legítima del Brasil en el inicio de la causa en la cámara de Diputados fueron tan ridículos como responsabilizarla de la multiplicación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de las enfermedades del Zika y del Chicunguya, sin tocar las supuestas razones jurídicas esgrimidas por los diputados promotores del impeachment o acusación revestida de supuesta legalidad. 

    El inicio del proceso contra Dilma Rousseff fue aprobada por una Cámara de Diputados, cuyo 53% de integrantes estaban bajo investigación por diversos actos de corrupción. Como señaló en su momento The New York Times, de la prensa de grandes tirajes en los Estados Unidos: “la presidenta es acusada por legisladores que enfrentan sus propios escándalos”. 
    La situación en que se encuentra el país más grande de Latinoamérica y El Caribe, no es fácil, particularmente en materia económica porque la Gran Recesión Estructural del capitalismo de los últimos ocho años, ha hecho que la caída de los precios de las materias primas de exportación de ese país se desplomen y han provocado una recesión por dos años consecutivos. 
    A pesar de eso y a la ofensiva de las calificadoras de riesgo controladas por el gran capital transnacional catalogando como “bonos basura” las obligaciones de la deuda brasileña; el avance social fue notorio durante los tres gobiernos (dos de Lula y, en realidad uno de Dilma, porque en el otro fue torpedeada y poco la dejaron actuar). Se sacó de la pobreza a una quinta parte de la población de esa nación, poco más de 40 millones de habitantes. 
    En cambio, el gobierno encabezado provisionalmente por Temer -mientras se desarrolla el periodo de 180 días para que vuelva a darse la discusión en el Senado, asociado al Tribunal Supremo Constitucional, sobre la procedencia o no del fallo contra la legítima Presidenta Rousseff- está aplicando la receta de corte claramente neoliberal, haciendo a un lado y disminuyendo los programas sociales para los sectores menos favorecidos, así como el tamaño económico del Estado, para intentar dejarlo como un mero administrador de los negocios de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, no más como un Estado que vele, al menos en parte, por las garantías sociales y el nivel y la calidad social de vida de la mayoría de la población. 
    Como dijo el Presidente de la República Plurinacional de Bolivia a mediados del mes de  mayo pasado: “Los pueblos humildes condenamos el atentado contra la democracia y la estabilidad económica del Brasil y la región”.
Por José Abel Ogaz Pierce
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