El burro sí es arisco

@UTufigno

¿Qué más puede pasar en un país que lo ha visto todo para que los mexicanos mantengamos la capacidad de asombro? Vamos a suponer que los más de veinte mil desaparecidos que reconoce el gobierno federal es una cifra cierta, misma cifra que señala que a la cabeza de las desapariciones se encuentran los estados de Tamaulipas y Jalisco, seguidos por el estado de México y el Distrito Federal (sí, leyó usted bien: el Distrito Federal).     
    Estas cuatro entidades acumulan cerca del 45% del total de las personas desaparecidas y cuya contabilidad oficial inició en el mes de agosto de 2011. Y 2014, con todo y las “reformas estructurales”, ha sido el año que registra el mayor número de desaparecidos.
    Rebasadas las autoridades por la frialdad numérica, aquéllas ya no pueden refugiarse en los lugares comunes: que si “se fueron con el novio”, que si seguramente andan de braceros, que si tal vez los detuvieron en otro estado, que si es un “ajuste de cuentas” entre bandas rivales, que si… No, ya no. La simpleza de esta forma de pensar de las autoridades no solamente dilata el inicio de una investigación ante una lamentable realidad cotidiana, sino que también es reflejo de su incapacidad de respuesta ante la obligación que tiene el Estado de brindar seguridad a sus habitantes.
    Pero si encontrar fosas clandestinas con miles de cadáveres que, al parecer, nunca nacieron pues no se sabe quiénes son, suena a locura, ¿qué podemos pensar del hecho de que se encontraron 60 cuerpos –no en una fosa, no en la clandestinidad- a unos pocos kilómetros de la zona más exclusiva de Acapulco? ¿Acaso en Guerrero se vive algún tipo de contagio de una enfermedad desconocida para la ciencia? Porque se necesita un alto grado de demencia para recibir cadáveres de personas recién fallecidas, simular su cremación, entregar a los familiares restos de tierra, embalsamar los cuerpos y dejarlos en cualquier lugar de un inmueble.    
    En este caso, es evidente que hay más de una autoridad que tiene la obligación de decir algo, de explicar cómo fue posible que un crematorio sancionado varias veces continuara recibiendo cuerpos para su cremación a pesar de tener un estado de clausura de sus actividades. Aquí, la principal responsabilidad recae en alguna instancia administrativa, pero no exclusivamente, a no ser que mal pensemos y supongamos que los olores de cadáver son una constante en Guerrero. Sólo así se explicaría que para los elementos de seguridad pública, local o federal, haya pasado desapercibida la fetidez que emanaba del crematorio de Acapulco.
    Cuando se dio a conocer la noticia del hallazgo de los 60 cuerpos, las primeras informaciones especularon sobre la posibilidad de que ahí se encontraran los cuerpos de los normalistas de Ayotzinapa, pero no fue así.     
    Ahora, pienso yo, si en Guerrero da lo mismo disponer indebidamente -a la vista de todos- de los cuerpos de personas fallecidas que secuestrar a un grupo de estudiantes y, posiblemente, asesinarlos, entonces ¿por qué se sorprende el gobierno mexicano de que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas le haya enviado sus preocupaciones y una serie de recomendaciones en un documento de 50 puntos? ¿Qué esperaba Peña Nieto, que la ONU aplaudiera la impunidad que se vive en el país?
    Entre otros aspectos, el comité de expertos de Naciones Unidas incluye entre sus recomendaciones la petición de que el Estado mexicano tenga un “registro único de personas desaparecidas a nivel nacional” con el fin de “desarrollar políticas integrales y coordinadas”, algo que no existe actualmente pues sólo se lleva un dudoso registro más para fines estadísticos que para esclarecer los hechos y abatir la criminalidad.  Y si alguien esperaba otra cosa, el gobierno fue congruente consigo mismo e inmediatamente expresó su rechazo a la recomendación porque, según un comunicado oficial, el informe de la ONU no refleja las acciones que el Estado mexicano ha tomado al respecto. Menudo problema para el gobierno federal, que se suma al hecho de que el equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigará el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, hará a un lado la “verdad oficial” para realizar su propia indagatoria.