Busca Núñez con iniciativa reducir seguridad a funcionarios, ex funcionarios y sus familias

VILLAHERMOSA, TABASCO. 25 DE MARZO DE 2013. El gobernador Arturo Núñez Jiménez envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto para reformar una serie de artículos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco y reducir la seguridad personal a funcionarios y ex funcionarios que durante al menos un año hayan desempeñado cargos de combate al crimen organizado, así como a sus familiares.
    Al menos en el documento que leyó la mesa directiva, no se dijo la forma en que quedarían los servicios de seguridad personal, aunque en el segundo transitorio señala: “En el plazo de ciento veinte días de la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo deberá expedir los lineamientos para la prestación de servicios de protección personal a que hace referencia la ley”.
    La propuesta sí está planteando que la protección a funcionarios, ex funcionarios y familiares se reduzca, ya que señala que por las condiciones de dificultad en que se encuentra la hacienda pública estatal, no se podrá atender la demanda de seguridad del actual marco legal en la materia, que implica custodia para quienes hayan desempeñado cuando menos un año los cargos de gobernador, secretario de Gobierno, procurador general de justicia, subprocurador general de justicia, director de averiguaciones previas, secretario de Seguridad Pública y presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
    El documento establece que la iniciativa es para revisar y cambiar las modificaciones que se le hicieron a la citada ley en la legislatura pasada, con el voto de la mayoría priísta, para proporcionar “a un determinado grupo de servidores públicos de primer nivel, así como a ex servidores públicos y a familiares de todos ellos, ascendientes y descendientes en primer grado, servicios de seguridad personal a cargo del erario público”.
    Los argumentos usados por el entonces diputado priísta, José Antonio Gómez Muñoz, quien presentó la iniciativa en la legislatura pasada, fue que al ser “servidores públicos de alto perfil relacionados con la impartición o procuración de justicia, o familiares cercanos a ellos, les hacen propensos a sufrir atentados o ataques directos de parte de la delincuencia organizada”, y citó casos que sucedieron en Tabasco en el sexenio pasado, como los asesinatos del director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Raúl López López, y del subdirector de la Policía Judicial, Heberto Pérez Ramírez.
    En su propuesta de reformas a los artículos 74, 75, 75 bis y 76 de la ley de seguridad pública enviada a la Cámara de Diputados, a la que se dio entrada, Núñez Jiménez señala que “la capacidad del gobierno del estado, en las difíciles condiciones que actualmente enfrenta la hacienda pública, no resulta suficiente para atender la posible demanda derivada del actual diseño normativo”.
    Las reformas aprobadas por el PRI en la legislatura pasada, por las que se le brinda protección a ex funcionarios hasta en los seis años siguientes al que dejaron los cargos y a sus familiares, provocaron “serias expresiones de rechazo y cuestionamientos tanto en líderes de opinión como en la sociedad en general”, recordó.
    En la propuesta se hace un ejercicio aritmético, en el que se llega a la conclusión de que cuidar a todas esas personas y sus familias requeriría de unos 168 guardias de seguridad personal altamente calificados, mientras “el rechazo social crece en la población”, que sufre a diario las condiciones de inseguridad y violencia constantes, “sin que sean suficientes para su defensa las escasas fuerzas de seguridad pública disponibles, lo que resulta agraviante para quienes deben vivir sin dichos privilegios”.
    “Resulta conveniente revisar y modificar el actual diseño normativo en materia del otorgamiento de servicios especiales de seguridad a cargo del Estado, sobre todo bajo la perspectiva de reconocer con objetividad situaciones ciertas de riesgo a determinados servidores o ex servidores públicos que hayan prestado sus servicios destacados a la sociedad y ello les haya colocado en condiciones de vulnerabilidad frente a los grupos de la delincuencia organizada”, agrega.
    Se propone además que la seguridad personal se preste “exclusivamente dentro del territorio del estado”, salvo en los casos de servidores públicos en activo que así lo requieran durante comisiones oficiales fuera de la entidad, pero al interior de la nación.
    Por su parte, Rafael Acosta León, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien es integrante de las comisiones de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, y Gobernación y Puntos Constitucionales, a donde se turnó la iniciativa, adelantó que el sol azteca propondrá que la ley contemple protección, en el caso de los ex funcionarios, a quienes hayan ocupado los cargos de procurador general de justicia y presidente del TSJ, y nadie más. Es decir, que no se beneficien con servicios de seguridad personal ni el gobernador y tampoco el secretario de Gobierno.