C A L A V E R A S
@UTufigno
Alguna vez le preguntaron el prominente arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma sobre el número de zonas arqueológicas que existían en México, y éste respondió rápidamente: -una. Ante la sorpresa de su interlocutor, agregó: -todo México es un solo sitio arqueológico porque en cualquier lugar en donde se haga una excavación se van a encontrar ruinas prehispánicas. Tenía razón. Y tristemente podemos decir lo mismo hoy en día si alguien quiere saber en qué parte del país se pueden encontrar fosas clandestinas. Nuestra respuesta sería: en cualquiera.
Luego de más de cinco horas de estar reunido con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, el rostro de Peña Nieto era el reflejo de la incapacidad y de quien se sabe derrotado; su cara mostraba que sabía que su vida de telenovela había llegado a su fin, aunque trató de disimular al anticiparse al mensaje que minutos más tarde dieron los familiares de los estudiantes. Él, benevolente consigo mismo, dijo que habían llegado a acuerdos; ellos, valerosos, dijeron que no creían en el gobierno y que la reunión no había sido útil. ¿A quién hacerle caso? ¿Al que los citó para no decirles nada nuevo, o a quienes luchan por encontrar a sus hijos?
Ante el fracaso de los gobiernos panistas -el legítimo y el espurio- en materia de seguridad y derechos humanos, hubo quienes supusieron que “con el PRI van a cambiar las cosas”. Si lo creyeron, ya habrán notado que la violación sistemática a los derechos humanos es una constante en la historia de los tricolores, pero ahora hay una diferencia: nuestro país terminó por aceptar la incorporación de los derechos humanos en su sistema jurídico mediante la reforma constitucional de 2011. Además, las acciones de los gobiernos son observadas por organismos internacionales de derechos humanos, bien sea institucionales u organizaciones no gubernamentales, a tal grado que el Estado mexicano es llamado a cuentas con bastante frecuencia, como ocurrió en la semana que termina.
Con Calderón había una constante violación a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad pública y de las fuerzas armadas -hechos a los que llamaba “daños colaterales”-, pero con Peña la violación a los derechos humanos no sólo no disminuye, sino que las denuncias y casos documentados van en aumento de una manera exponencial. Tal pareciera que las policías y las milicias regulares, las que originalmente deben brindarnos seguridad, se sienten cobijadas bajo el manto de la impunidad, o tal vez son receptoras inconscientes del mensaje que les llega desde el poder omnímodo de quien alguna vez “todo lo sabía y todo lo podía”. Pero esta vez no. Peña no sabe qué hacer en Ayotzinapa. Luego de la fallida reunión con los padres de los normalistas (¿o acaso creyó que los podía engañar o coptar?), a Peña Nieto se le acaba el tiempo para dar alguna respuesta sensata. Inmisericordes, los granos de arena de su reloj van cayendo a paso acelerado e incluso uno de sus principales aliados, la televisora que lo encumbró, pareció tomar distancia cuando decidió que a través de uno de sus canales se transmitiera en vivo el pronunciamiento de los familiares de los estudiantes víctimas de la desaparición forzada. Ni Osorio Chong, el “súper concertador” en el conflicto del Politécnico, ha sido un interlocutor eficaz, y mucho menos Jesús Murillo, a pesar de que tiene en sus manos a decenas de presuntos involucrados en la desaparición de los normalistas. Por cierto, ¿y qué hay del papel de la Gendarmería?
¿Qué va a seguir luego de estar prácticamente agotada la comunicación con Los Pinos? ¿Pedir que algún organismo internacional asuma el mando de la investigación en México? Sea cual sea el camino a seguir, lo único cierto es que ninguna de las opciones válidas podrá ser sometida a consulta popular pues necesariamente tendrá que pasar por el filtro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí va a topar con una pared más difícil de cruzar que la muralla que nuestros amigables vecinos del norte tienen colocada en la frontera. La Corte, que ha dibujado una cierta tendencia progresista en materia de derechos humanos, se descalificó en materia política al no haber entendido lo que significa la democracia participativa.
