En una exhaustiva comparecencia ante los medios de comunicación, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco presentó los avances científicos y procesales en torno al homicidio del joven estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Rodrigo Isidro Ricárdez, ocurrido en noviembre de 2025. Durante la rueda de prensa, las autoridades judiciales fijaron una postura contundente: el caso ya se encuentra en fase de juicio oral, con una petición de pena máxima para los implicados, mientras que las versiones que apuntan a una "ejecución a corta distancia" permanecen descartadas por la evidencia pericial.
El encuentro informativo estuvo encabezado por el Fiscal General del Estado, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, quien estuvo acompañado por el Dr. Ramsés Obed Rodríguez Corona, titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, y Jesús Soliz Justo, director general de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.
El desmontaje de la narrativa oficial de la SSPC
El Dr. Ramsés Obed Rodríguez Corona fue el encargado de detallar la cronología de los hechos. Expuso cómo las indagatorias ministeriales y científicas de la FGE lograron derrumbar la versión inicial emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 14 de noviembre de 2025. En aquel momento, la corporación policial intentó catalogar el trágico suceso como un simple "accidente de tránsito" contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la colonia José María Pino Suárez.
Sin embargo, la ruta legal de la carpeta principal demostró una realidad distinta:
- 23 de noviembre de 2025: Se ejecutaron órdenes de aprehensión contra cuatro policías en activo de la SSPC, adscritos a la patrulla 72505, tras comprobarse que persiguieron y abrieron fuego contra el Nissan Sentra blanco de la víctima.
- 28 de noviembre de 2025: Los cuatro uniformados fueron vinculados a proceso legal.
- 28 de marzo de 2026: Concluyó el periodo para la investigación complementaria.
- 23 de abril de 2026: El Ministerio Público presentó la acusación formal.
- 29 de mayo de 2026: Se celebró la audiencia intermedia, donde el juez dictó el auto de apertura a juicio oral.
Para este juicio, respaldado por más de 166 diligencias ministeriales (análisis de bitácoras, cámaras de videovigilancia y entrevistas), la Fiscalía solicita formalmente una pena de 50 años de prisión para cada uno de los imputados, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, y un pago inicial de 407 mil 048 pesos por concepto de reparación integral del daño, monto que podría incrementarse en la etapa de ejecución de sanciones.
Hallazgos científicos: ¿Por qué se descarta la ejecución a corta distancia?
El director general de Servicios Periciales, Jesús Soliz Justo, desglosó los dictámenes científicos que sostienen la hipótesis de la FGE y descartan un ajusticiamiento a quemarropa:
- Impactos en el vehículo: El Nissan Sentra presentaba cuatro impactos de bala. Peritos en tránsito terrestre tuvieron que desmontar molduras de la unidad para recuperar un fragmento de ojiva clave para la balística forense.
- Análisis de la necropsia: El cuerpo de Rodrigo Isidro presentaba únicamente tres lesiones. La primera, en la zona del cuello, fue la que le privó de la vida de manera inmediata. Las otras dos corresponden a un orificio de entrada y salida en la muñeca izquierda, donde se alojó otro fragmento metálico. Las heridas corresponden científicamente a disparos a larga distancia; el joven no presentaba impactos en el tórax.
- Escena limpia y hallazgo de un arma: El Laboratorio de Criminalística de Campo reportó la total ausencia de casquillos en la vía pública (calle Gerónimo Palacios). No obstante, en el asiento del piloto, junto al cuerpo de la víctima, se localizó un arma de fuego. Las pruebas científicas determinaron que dicha arma no fue disparada ni guarda relación con los hechos imputados a los policías. Asimismo, los exámenes toxicológicos aplicados al estudiante resultaron negativos a alcohol y drogas.
Red de encubrimiento y el deceso de un mando policial
La Fiscalía sostiene que las pruebas científicas descartan una ejecución a corta distancia y mantiene su solicitud de 50 años de prisión para cada uno de los policías imputados.
Paralelamente, la FGE reveló que el 10 de diciembre de 2025 se abrió una segunda carpeta de investigación para desmantelar una presunta red de encubrimiento por acción u omisión dentro de la SSPC, auditando armamento, cartuchos y registros de guardia.
Bajo esta línea de investigación, se vinculaba directamente al director de las Fuerzas Estatales de Apoyo de la SSPC, Eduardo de la Cruz Ovilla, quien fue hallado sin vida el pasado sábado dentro de las instalaciones corporativas tras presuntamente dispararse en la cabeza. El Fiscal General aclaró que De la Cruz Ovilla y otros dos mandos habían sido legalmente notificados el viernes previo para comparecer a declarar, desmintiendo categóricamente los rumores en redes sociales que afirmaban que el fallecido contaba con una orden de aprehensión en su contra al momento de morir.
Respuesta a los cuestionamientos de la familia y presión social
Durante la sesión de preguntas, Vázquez Landeros abordó las críticas de dilación vertidas por el padre de la víctima, el señor Lucio Isidro Álvarez, revelando que este último se desempeñó en el pasado como agente del Ministerio Público de la propia FGE.
"El señor, como practicante del derecho, fue fiscal en esta institución. Él sabe desde un principio de estos lamentables hechos que cuenta con el apoyo de esta Fiscalía", apuntó el Fiscal, justificando que ciertos retrasos —como la devolución del automóvil— se debieron a "blindajes legales obligatorios" para acreditar jurídicamente la personalidad del reclamante mediante un juicio sucesorio. Una vez que el juez de control lo instruyó, la unidad fue devuelta inmediatamente.
Finalmente, ante los planes de la familia de realizar el denominado "Éxodo por la Justicia" y trasladar las protestas a la Ciudad de México este jueves 11 de junio (buscando una audiencia con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el marco de la inauguración del Mundial de Fútbol), la FGE se mostró respetuosa pero inamovible.
"La Fiscalía General del Estado no actúa a base de presiones; actúa a base de metodologías e investigaciones que nos permiten procurar justicia y obtener resultados óptimos", sentenció Vázquez Landeros.
Las autoridades ministeriales concluyeron advirtiendo que la carpeta de encubrimiento sigue abierta y bajo estricto escrutinio, señalando que las investigaciones podrían alcanzar a altos mandos de la pasada administración de la SSPC, incluido el exsecretario Serafín Tadeo Lazcano, pues no habrá distinciones de rango ni grado para quienes resulten relacionados con las fases posteriores al homicidio.
TomaNota:
- El juicio oral ya fue autorizado por un juez tras la audiencia intermedia del 29 de mayo de 2026.
- La Fiscalía solicita 50 años de prisión para cada uno de los cuatro policías imputados.
- Se reclama una reparación inicial del daño por 407 mil 048 pesos.
- La investigación por presunto encubrimiento dentro de la SSPC permanece abierta.
- La FGE señaló que podrían investigarse responsabilidades de exmandos y exfuncionarios si surgen elementos de prueba.
