OAXACA, OAX.- La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO) emitió recomendaciones a cinco instancias de gobierno, entre ellas a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y al presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, para atender el conflicto en la comunidad indígena de San Juan Copala, en la región triqui, en la que de enero a la fecha se han registrado al menos 20 asesinatos por la disputa del poder interno.
En San Juan Copala existen tres organizaciones que se disputan el poder intermunicipal y que se acusan mutuamente de las diversas emboscadas registradas de manera constante en aquella población.
Las organizaciones son la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y una escisión de esta última organización, el Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI), estos últimos han denunciado un estado de sitio en aquella población.
En la recomendación que la CDDHO emitida este martes le solicita a las instancias que a partir de esta fecha “las autoridades a las que se dirige dicha Recomendación tienen 15 días a partir de la notificación para determinar si aceptan o no la resolución hecha por el Organismo defensor de los Derechos Humanos”.
La CDDHO, presidida por Heriberto Antonio García, emitió la recomendación a la PGJE, cuya titular es María de la Luz Candelaria Chiñas; a los secretarios General de Gobierno y de Seguridad Pública, Evencio Nicolás Martínez Ramírez y Javier Rueda Velásquez, respectivamente y a la Secretaría de Salud en Oaxaca, encabezada por Sofía León Silva.
Además, a Carlos Martínez Villavicencio, presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, municipio al que pertenece San Juan Coapala, y al director del Instituto de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Abel Trejo González.
A la Procuradora General de Justicia del Estado le recomiendan que gire instrucciones a los Fiscales del Ministerio Público que tienen a su cargo la investigación e integración de los legajos de investigación relacionados con los hechos que han ocurrido en la zona triqui, con el objetivo de que “se determinen los procedimientos en el plazo de 30 días hábiles, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, salvo que exista impedimento plenamente justificado”.
El organismo defensor de los Derechos Humanos se dirige a Candelaria Chiñas de la siguiente manera: “de no cumplirse con lo anterior, inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que propiciaron la dilación en su cumplimiento y, en su caso, se les impongan las sanciones correspondientes”.
En San Juan Copala existen tres organizaciones que se disputan el poder intermunicipal y que se acusan mutuamente de las diversas emboscadas registradas de manera constante en aquella población.
Las organizaciones son la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y una escisión de esta última organización, el Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI), estos últimos han denunciado un estado de sitio en aquella población.
En la recomendación que la CDDHO emitida este martes le solicita a las instancias que a partir de esta fecha “las autoridades a las que se dirige dicha Recomendación tienen 15 días a partir de la notificación para determinar si aceptan o no la resolución hecha por el Organismo defensor de los Derechos Humanos”.
La CDDHO, presidida por Heriberto Antonio García, emitió la recomendación a la PGJE, cuya titular es María de la Luz Candelaria Chiñas; a los secretarios General de Gobierno y de Seguridad Pública, Evencio Nicolás Martínez Ramírez y Javier Rueda Velásquez, respectivamente y a la Secretaría de Salud en Oaxaca, encabezada por Sofía León Silva.
Además, a Carlos Martínez Villavicencio, presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, municipio al que pertenece San Juan Coapala, y al director del Instituto de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Abel Trejo González.
A la Procuradora General de Justicia del Estado le recomiendan que gire instrucciones a los Fiscales del Ministerio Público que tienen a su cargo la investigación e integración de los legajos de investigación relacionados con los hechos que han ocurrido en la zona triqui, con el objetivo de que “se determinen los procedimientos en el plazo de 30 días hábiles, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, salvo que exista impedimento plenamente justificado”.
El organismo defensor de los Derechos Humanos se dirige a Candelaria Chiñas de la siguiente manera: “de no cumplirse con lo anterior, inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que propiciaron la dilación en su cumplimiento y, en su caso, se les impongan las sanciones correspondientes”.
