Chantajea Ordóñez al gobierno estatal

Villahermosa, Tab., 25 de mayo.- Aunque no cumplió con los requisitos legales para obtener contratos de seguridad privada con el gobierno estatal, el empresario Manuel Ordóñez Buendía –hijo de Manuel Ordóñez Galán, secretario de Obras Públicas- se ha dedicado a descalificar y denostar a la administración actual, de la que su padre forma parte, quejándose de que no fue considerada su empresa para prestar servicios durante el 2014.
    Sin embargo, en la reciente licitación Número 56097001-008-14, con acta de presentación y apertura de propuestas del 31 de marzo de 2014, efectuada por el gobierno del estado de Tabasco en materia de seguridad privada, se identifican claramente las inconsistencias en las que incurrió el hijo de El Charro, pero ahora a manera de capricho acusa que se prefieren “empresas foráneas”.
    Con el pretexto de defender a la “mano de obra local” y a los inversionistas tabasqueños, en realidad el también vicepresidente de una asociación de empresas de seguridad lo que defiende es su propio negocio. Pero con mentiras.
    De la revisión de documentos obtenidos vía transparencia resulta evidente la intención de Manuel Ordóñez Jr. por omitir y distorsionar varios hechos oficiales. Algunos empresarios expresaron su preocupación de cómo una firma con más de 20 años de trabajo en el ramo de la proveeduría al sector público, desconoce los procedimientos y requisitos legales necesarios para ser contratado por cualquier institución u organismo. A menos que esté acostumbrado a no cumplir.
    Habrá que puntualizar que durante el año 2013, la partida presupuestal asignada para la seguridad privada no era centralizada. Lo anterior indica que la contratación de estos servicios fue responsabilidad exclusiva de cada sector, instituto o universidad y no de la Secretaría de Administración. Por lo que en su momento, cualquier inconformidad debió ser presentada en cada dependencia responsable.

NI SIQUIERA SE IDENTIFICAN
Respecto a la participación de la empresa Servicios Especializados de Protección SA, propiedad de Manuel Ordóñez Buendía, en el acta de apertura de propuestas de la licitación número 56097001-008-14 se identifican serias y absurdas omisiones legales: no presentó original del acta constituida de la empresa; no presentó original o copia certificada del poder notarial de la representante legal, Alondra Guadalupe Pérez Corzo; no presentó original de identificación vigente de la representante legal; no presentó declaración original del pago de impuestos sobre la renta 2012.
    Por si fuera poco, no presentó declaración del pago provisional del mes de enero del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2014 (en original); no presentó fotocopia del comprobante de inscripción en el Registro Federal de Contribuyente emitido por el SAT y la SHCP; no presentó original de cédula de registro del padrón de proveedores y no presentó fotocopia de la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales”, de acuerdo al artículo 32 del Código Fiscal de la Federación.
    Resulta obvio que al no cumplir ninguno de esos requisitos indispensables para poder participar en la licitación del contrato de seguridad privada, simplemente la empresa de Manuel Ordóñez (Jr) quedó impedida para continuar en el citado proceso.
    Se puede observar en la documentación oficial que las cuatro empresas que adquirieron las bases para la licitación número de seguridad privada (No. 56097001-008-14) incumplieron en la entrega de la documentación legal y administrativa requerida, por lo que no se llegó a la etapa de la revisión técnica y económica. Se declaró desierto el procedimiento.
    Ninguna de las cuatro empresas participantes fue descalificada por algún requisito de licencias de portación de armas de fuego, como denunciaron públicamente, porque ni siquiera se llegó a la etapa de la revisión de las propuestas técnicas.
    De hecho, sólo tres áreas de la Secretaría de Salud solicitaron la portación de armas por parte del personal de vigilancia para resguardo de almacén general, bodega de inventarios y departamento de inventarios de dicha dependencia.
    Esto quiere decir que si hubiese sido el caso de requerir un permiso de portación de armas, cualquier empresa participante que no cumpliera con  ese requisito podría ganar las otras áreas consideradas en la licitación.
    Conforme a la urgencia expresada por las instituciones usuarias, se procedió a la adjudicación directa, prevista en la ley.

FIRMA CONTRADICTORIA
La empresa contratada, Servicios Integrales Pesados SA de CV, cuenta con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco y con las licencias requeridas para otorgar el servicio como ya lo había hecho durante el 2013 en la Secretaría de Salud. Por tal motivo sus pagos de impuestos, salarios y gastos de operación ocurren en Tabasco, explicó una fuente consultada.
    Al igual que las otras tres empresas participantes en el proceso cancelado, la señora Alondra Guadalupe Pérez Corso, representante legal de la compañía de Manuel Ordóñez (Jr), firmó de conformidad el acta donde consta su descalificación por haber incurrido en varias omisiones de documentos legales en la citada licitación.
    Resulta por lo menos extraño que un empresario que presume ser muy serio y que en su momento arremetió contra otros empresarios y contra las propias autoridades, ahora tiene el descaro de reclamar contratos y beneficios al margen de la ley. Hace apenas un año, en abril de 2013, Manuel Ordóñez Buendía y su empresa Servicios Especializados de Protección SA, estuvieron impedidos por el SAT para ser contratados para obras y servicios en el sector público. Podría presumirse que empresarios como Manuel Ordóñez se quedaron acostumbrados a la asignación de contratos por la simple razón de ser amigos del gobernador en turno –como lo publicó La Verdad del Sureste respecto al empresario Juan Manuel Trujeque Russi- o mediante una serie de presiones, dejando de lado la ley y sus procedimientos.
Este tipo de “arreglos” que se tenían en el pasado sí resultaron en un verdadero desplazamiento de las empresas que se preocupan por cumplir las normas. Pero nada dijeron durante en régimen de Andrés Granier  cuando sí se violó la ley.