“Chicanada legaloide” controversia del Congreso

VILLAHERMOSA, TABASCO, 30 DE MARZO.- La controversia constitucional que el Congreso interpuso ante la Corte es una “chicanada legaloide” que busca dilatar la entrega de la información que le fue requerida a la Secretaría de Administración y Finanzas, para que no se conozca qué dependencias del Ejecutivo no han comprobado sus gastos en tiempo y forma, sostuvo el diputado del PRD, Juan José Peralta Fócil.
Dijo que solicitar información sobre la partida de deudores diversos es “un ejercicio de transparencia del gasto público”, por lo que reprobó que el Legislativo haya recurrido a esta maniobra para retardar su entrega a una ciudadana que, con base a la Ley de Transparencia, solicitó a Finanzas.
En ningún momento, expuso, se hizo una petición para fiscalizar o auditar esta partida, por lo que no hay razón para que el Congreso, a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) haya reservado esos datos e interpuesto una controversia para que no salgan a la luz pública.
Por consiguiente, y por sentido común, la ley que debe aplicarse es la de Transparencia y procederse en consecuencia, agregó Peralta Fócil y confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallará a favor del ITAIP.
En la lógica jurídica la ley especial es la que debe aplicarse en un caso como éste, y desde mi punto de vista jurídico el caso que nos ocupa es más de transparencia que un ejercicio de fiscalización, sostuvo el legislador perredista. 
Y agregó: “Lo que veo delicado en esta temática, es que se está llevando este asunto a estrategias legaloides para dilatar lo que realmente está pidiendo una ciudadana que se transparente el manejo de los recursos públicos.”
Explicó que la partida de deudores diversos no es que alguien le deba al estado, sino que son gastos que la Secretaría de Administración y Finanzas ha entregado a diversas dependencias del gobierno estatal y no han sido debidamente comprobados.
Por lo tanto, remarcó, nadie ha pedido auditorías ni ejercicios fiscalizadores, simplemente están preguntando que se quiere saber quiénes están contemplados en esta partida; soy de la idea que si la corte llegase al fondo del asunto va a dictaminar que la que debe prevalecer es la Ley de Transparencia, añadió.
Indicó que la controversia constitucional es una estrategia para no entregar la información, lo cual es muy lamentable, “porque lo que queremos en Tabasco es que se transparenten en una caja de cristal los recursos públicos, ya basta que se sigan manejando en una caja negra, donde nadie sabe qué es lo que está ingresando ni como está saliendo.”
Advirtió que en la partida de deudores diversos “andan volando 4 mil millones de pesos, que es una cantidad muy fuerte y lo que están haciendo es ocultar qué dependencias no han comprobado a tiempo sus gastos. Y lo más lamentable es que a estas alturas del ejercicio fiscalizador, el fiscal superior, Francisco Rullán Silva, ya debe tener en su poder los nombres de las dependencias que no han comprobado ese tipo de gastos de manera oportuna.”