CNDH pone orden en Tabasco: PRD
El partido del sol azteca exigió a la Conagua, a Granier y a los 8 ayuntamientos, acaten y den cumplimiento a la recomendación emitida por la CNDH. Arturo Núñez Jiménez sostuvo que sino acatan la resolución pueden ser citados a comparecer ante el Senado o en el Congreso local, y de no convencer sus argumentos, pueden ser objeto de “juicio político”
VILLAHERMOSA, TABASCO. 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al gobernador Andrés Granier Melo y a los ayuntamientos de Centro, Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo, Cunduacán, Centla, Nacajuca y Jalpa de Méndez, que acaten y den cumplimiento a la recomendación emitida el jueves por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mediante la cual se les hacen una serie de exigencias.
En rueda de prensa, dirigentes y legisladores del sol azteca cerraron filas en torno a este asunto, donde la recomendación de la CNDH exige a la Conagua, al gobierno del estado y a esos municipios indemnizar a las miles de personas que sufrieron afectaciones a causa de la apertura de canales de alivio y en general por las inundaciones.
Se dejaron retratar juntos el secretario general del PRD, Gerardo Gaudiano Rovirosa, integrantes del secretariado, el ex líder Javier May Rodríguez, el presidente del Consejo Político Estatal (CPE), Rafael Elías Sánchez Cabrales, diputados locales, el senador Arturo Núñez Jiménez, y otros.
Núñez Jiménez manifestó que la Conagua, el gobierno estatal y los ayuntamientos tendrán que acatar la resolución de la CNDH, pues funcionarios tomaron medidas en perjuicio de miles de tabasqueños, y en otros casos fueron omisos, al no concluir a tiempo las obras de protección contra anegaciones.
Destacó que la unidad del PRD en la defensa de los derechos de los tabasqueños fue fundamental para que prosperara la queja.
Explicó que las autoridades tienen quince días hábiles para responder si acatan o no la recomendación del organismo defensor de los derechos humanos.
Sostuvo que en base a una reforma legal reciente, si Conagua, el gobierno estatal y los ayuntamientos en este caso no aceptan la decisión de la CNDH tienen que hacer la fundamentación y motivación correspondiente, y de no ser éstas suficientes, pueden ser citados a comparecer ante el Senado o los congresos locales, dependiendo del nivel del funcionario de que se trate.
Manifestó que de no convencer sus argumentos, los ordenes de gobierno que no acaten las resoluciones de la CNDH pueden ser objeto de juicio político.
Expresó que muchos de los afectados sufrieron violaciones a sus derechos humanos por dos vías; perdieron sus bienes y patrimonio a causa de la apertura de canales de alivio que desvió el agua del río Grijalva hacía sus zonas, y aparte se vieron violentadas sus garantías por la forma violenta en que fueron desalojados de sus domicilios para ser traslados a las casas del fraccionamiento que les dieron. En los desalojos por la fuerza estuvieron involucrados elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, de acuerdo a la recomendación de la CNDH.
El senador comentó que la CNDH ha tenido que poner orden en Tabasco, pues hace unos días emitió otra recomendación por el asesinato de dos jóvenes en Jalpa de Méndez. El perredista retomó el informe de la organización Human Rigth Watch, donde se da cuenta de cómo las autoridades estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) detienen, torturan y en ocasiones matan a personas inocentes. Aclaró a que diferencia de Conagua y el gobierno del estado, cuyos funcionarios pueden ser objeto de responsabilidad penal, a los ayuntamientos sólo se les atribuyen faltas administrativas y tienen que establecer programas de capacitación en materia de contingencias para sus servidores públicos.
En rueda de prensa, dirigentes y legisladores del sol azteca cerraron filas en torno a este asunto, donde la recomendación de la CNDH exige a la Conagua, al gobierno del estado y a esos municipios indemnizar a las miles de personas que sufrieron afectaciones a causa de la apertura de canales de alivio y en general por las inundaciones.
Se dejaron retratar juntos el secretario general del PRD, Gerardo Gaudiano Rovirosa, integrantes del secretariado, el ex líder Javier May Rodríguez, el presidente del Consejo Político Estatal (CPE), Rafael Elías Sánchez Cabrales, diputados locales, el senador Arturo Núñez Jiménez, y otros.
Núñez Jiménez manifestó que la Conagua, el gobierno estatal y los ayuntamientos tendrán que acatar la resolución de la CNDH, pues funcionarios tomaron medidas en perjuicio de miles de tabasqueños, y en otros casos fueron omisos, al no concluir a tiempo las obras de protección contra anegaciones.
Destacó que la unidad del PRD en la defensa de los derechos de los tabasqueños fue fundamental para que prosperara la queja.
Explicó que las autoridades tienen quince días hábiles para responder si acatan o no la recomendación del organismo defensor de los derechos humanos.
Sostuvo que en base a una reforma legal reciente, si Conagua, el gobierno estatal y los ayuntamientos en este caso no aceptan la decisión de la CNDH tienen que hacer la fundamentación y motivación correspondiente, y de no ser éstas suficientes, pueden ser citados a comparecer ante el Senado o los congresos locales, dependiendo del nivel del funcionario de que se trate.
Manifestó que de no convencer sus argumentos, los ordenes de gobierno que no acaten las resoluciones de la CNDH pueden ser objeto de juicio político.
Expresó que muchos de los afectados sufrieron violaciones a sus derechos humanos por dos vías; perdieron sus bienes y patrimonio a causa de la apertura de canales de alivio que desvió el agua del río Grijalva hacía sus zonas, y aparte se vieron violentadas sus garantías por la forma violenta en que fueron desalojados de sus domicilios para ser traslados a las casas del fraccionamiento que les dieron. En los desalojos por la fuerza estuvieron involucrados elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, de acuerdo a la recomendación de la CNDH.
El senador comentó que la CNDH ha tenido que poner orden en Tabasco, pues hace unos días emitió otra recomendación por el asesinato de dos jóvenes en Jalpa de Méndez. El perredista retomó el informe de la organización Human Rigth Watch, donde se da cuenta de cómo las autoridades estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) detienen, torturan y en ocasiones matan a personas inocentes. Aclaró a que diferencia de Conagua y el gobierno del estado, cuyos funcionarios pueden ser objeto de responsabilidad penal, a los ayuntamientos sólo se les atribuyen faltas administrativas y tienen que establecer programas de capacitación en materia de contingencias para sus servidores públicos.
