Código 33 “Cuando la perra es brava…”
La aprensión fast track de Esther Gordillo, todavía presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), más que sorpresa y reconocimiento a la justicia, causa una severa indignación, la demanda que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante Procuraduría General de La República (PGR), al identificar operaciones ilegales con recursos del SNTE por más de 3 mil 268 millones de pesos entre 2008 y 2012, detallando la triangulación de recursos en cuentas bancarias de Estados Unidos y Suiza, mismas que fueron utilizadas para pagar tarjetas de crédito personales, compra de inmuebles y obras de arte, cirugías estéticas, y demás, nos deja claro el uso poderoso y discrecional del sistema para usos tácticos del gobierno, basta recordar que ya en el 2005, el profesor Gustavo Muñoz, integrante de Punto Crítico Magisterios Cd. de México, presentó una denuncia penal ante la PGR y la PGJDF, en contra de la “maestra” Elba Esther, por éstos y más motivos, solicitud y evidencias que terminaron archivadas, no así los 16,000 millones que Salinas de Gortari, 15,000 millones Ernesto Zedillo, 41,000 millones Vicente Fox, y 4,250 que Felipe Calderón, le otorgaron al SNTE en prebendas, independientes a la entrega directa que hace la Secretaria de Educación Pública (SEP) en cuotas sindicales al SNTE, lo que nos lleva la terrible certeza, “cuando la perra es brava… hasta los de la casa muerde”.
Bajo la oportunidad de bastos reflectores en que se convirtió el ajuste de cuentas promovido por el sistema contra Esther Gordillo, la expresión de César Camacho, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), “y los que faltan”, se contrapone a la respuesta que le hicieran los medios a Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, al preguntarle si seguía Romero Deschamps, a quien inmediatamente deslindó al declarar, “el que nada debe, nada teme”, él está tranquilo y trabajando, así las cosas, el autor del “Pemexgate”, que le costó al PRI una sanción por mil millones de pesos impuesta por el Instituto Federal Electoral (IFE), por el desvío de 500 millones de pesos en la campaña presidencial priista del 2000, encabezada por Labastida Ochoa, se apresta con tranquilidad a continuar su tercer periodo como líder sindical, hasta 2018 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), al igual que Ayala Almeida, dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) desde hace más de 14 años y reelecto hasta el 2019, “Napo” Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, quien a pesar del desvío de 55 millones de dólares del gremio minero a sus cuentas personales y una ficha roja en la Interpol, sigue activo, Flores Morales, dirigente del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana desde hace más de 17 años, reelecto hasta el 2018, la lista sigue y sigue, pero igual se sabe, aquí, las decisiones políticas son a modo, son, a la vieja usanza, del PRI.
Valenzuela Pernas, titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), tiene además de una vasta experiencia, dos ventajas, su juventud y un largo camino con amigos y enemigos que le hicieron conocer las rosas y las espinas, elementos que habrán de conjugarse para tener claro que su vida política está en ascenso, de sus resultados lejos de un futurismo político específico, hay una oportunidad que seguramente buscará trabajar de la mejor manera.
El anuncio de acciones a favor de la transparencia en la selección de agentes y secretarios de ministerios públicos a través de exámenes de oposición, así como la denuncia de ciertos delitos y seguimiento que guarda una averiguación previa a través de la Internet, lo suma junto a quienes han comprendido lo que se espera de esta administración a pesar de las vicisitudes y dificultades por todos conocidas.
La negativa de Francisco Rullán, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), para presentar su renuncia, después del desaseo con el que se entregaron las finanzas del estado, refrenda la importancia de compulsar las cifras de todos y cada uno de los presupuestos municipales, estatales y federales en la búsqueda de conocer los favoritismos y desvíos que amparen las denuncias respectivas, en espera que igualmente esta mala experiencia marque dos decisiones, el lanzamiento de una iniciativa que tipifique como delito grave suprimir archivos en los medios electrónicos de las dependencias a su cargo, y la creación de un Consejo Ciudadano que garantice la equidad y la transparencia que todo fondo público requiere.
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